El PRI no regatea cantidades; simplemente busca transparencia: Oñate

José Ureña e Ismael Romero El PRI no regatea cantidades o montos para campañas políticas; simplemente busca transparencia y fiscalización, y no está dispuesto a negociar la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

Santiago Oñate Laborde hizo estos planteamientos ayer y aseguró que los senadores y diputados priístas tienen libertad para buscar el consenso en este tema, con el fin de alcanzar una legislación enteramente compartida por todos los actores de la reforma electoral.

Mientras, en el Senado el líder de la mayoría priísta, Fernando Ortiz Arana, dijo esperar que en el Congreso de la Unión se pueda llegar a puntos de coincidencia que permitan alcanzar un acuerdo definitivo y por consenso en torno de la legislación secundaria en materia electoral.

Por su parte, los coordinadores de las bancadas del PAN y el PRD, Gabriel Jiménez Remus y Héctor Sánchez López, lamentaron que el gobierno y el PRI hayan sido los responsables únicos y exclusivos de que se rompiera el esfuerzo de un diálogo que se venía generando desde la reforma constitucional.

Ambos legisladores de oposición sostuvieron que serán también el gobierno y el PRI los que pierdan por esta ruptura.

``Lo vamos a ver en las próximas elecciones (estado de México, Coahuila e Hidalgo) y en las de 1997. Ese será el mejor termómetro. El pueblo de México no acepta que en un estado de miseria, añejo, tradicional, de tantas generaciones de mexicanos, ahora se esté peleando por dinero'', indicó Jiménez Remus.

Aseguró no perder la fe y que ojalá el gobierno rectifique a través de su mayoría en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo envió la iniciativa correspondiente.

Sánchez López adelantó que el voto de los senadores perredistas será en contra del tema específico del financiamiento, en el que no hubo consenso en las negociaciones de Gobernación. Por lo demás, añadió, se podría votar en favor.

No descartó una posible alianza con el PAN, si con ello se puede evitar que prospere la iniciativa priísta para que su partido reciba el ``multimillonario'' presupuesto electoral que pretende.

Ortiz Arana, a su vez, dijo que la falta de consenso en el tema de financiamiento no resta confiabilidad al contenido general de la reforma electoral.

``Todos los puntos que tienen que ver con el proceso electoral fueron consensuados por todos los partidos y la reforma constitucional previa también así lo determinó. Hubo un gran esfuerzo de todas las fuerzas. Hay una gran voluntad para llegar a puntos de coincidencia'', afirmó.

Rrechazó que el punto dañe a la democracia, y manifestó que las convergencias fueron muchas en los acuerdos.

Por la tarde, el presidente nacional del PRI ofreció una conferencia de prensa hacia las 15 horas, tres después de lo programado, y señaló que se ha llegado a acuerdos en la mayoría de los asuntos entre las cuatro fuerzas políticas, excepto en el del financiamiento.

Pese a ello, insistió, el PRI ``habrá de continuar con la acción de sus legisladores en el proceso de definición y de aprobación de las leyes que nos regirán; lo habremos de hacer dentro de las normas y prácticas parlamentarias usuales. Habremos de seguir buscando con otras fuerzas políticas puntos de acuerdo para solucionar este tema aún pendiente''.

De él, advirtió el dirigente priísta, ``depende la construcción de un sistema de partido competitivo y fuerte, y también habrá de depender, en muy buena medida, el que las organizaciones políticas partidarias den a la ciudadanía garantía plena de compromiso superior con ella, no quedando sujetas a las fuerzas o influjos de otros agentes encargados del financiamiento de los partidos''.

Esos agentes son, definió, ``el ser utilizados como instrumentos (los partidos) para lograr la protección, por grupos vinculados con la delincuencia o el narcotráfico, o el estar a disposición de los grandes intereses de carácter económico''.

A lo largo de las preguntas Oñate Laborde rechazó que se vaya a una reforma por la fuerza. ``A la fuerza sería por chantaje'', refutó, inistió en que haya claridad y transparencia --evitando los dineros negros o por debajo del agua--, y reiteró que su partido no negociará la prevalencia del monto del financiamiento público sobre el privado.

Destacó que el PRI se ceñirá a la ley y que comparte con las demás fuerzas que los montos prestablecidos en las fórmulas aprobadas dan cifras muy elevadas, como el hecho de que en 1997, año de elecciones, el financiamiento alcance los tres mil 198 millones de pesos.

``Todos los partidos consideramos que era una cantidad inmanejable, muy alta, y parecía inoportuno pensar en la misma para financiarlos'', subrayó