Paulina Fernández
Financiamiento injusto

El monto del financiamiento público que van a recibir los partidos políticos registrados rompió el ``consenso'' alcanzado en materia electoral en ocasión de la reforma constitucional ya aprobada. El PAN y el PRD, aunque por distintas razones, se escandalizan de la cantidad de dinero que el PRI se dispone a gastar en una campaña electoral pero no les causa ningún asombro usar parte del producto del trabajo de los mexicanos para sus fines particulares.

El financiamiento público, tal y como está concebido en México, es una fuente de injusticia social no solamente por la creciente pobreza y la persistente crisis económica de la que individual, familiar y socialmente no se ha podido recuperar la mayoría de los mexicanos, sino porque se utilizan recursos que obligatoriamente han tenido que desembolsar los contribuyentes, y se dispone de esos recursos para los gastos de todos los partidos políticos, incluidos aquéllos a los que voluntaria y conscientemente los contribuyentes, en su papel de ciudadanos o electores, nunca apoyarían. Por estas razones el financiamiento público es, además de injusto, un mecanismo fundamentalmente antidemocrático.

Todo parece indicar que la utilización de los recursos públicos era condenable cuando de manera ilegal y exclusiva beneficiaba al PRI. Pero en lugar de erradicar la corrupción y el abuso de poder, las protestas de la oposición sirvieron para socializar aquella práctica. Desde que se legalizó explícitamente el financiamiento público directo e indirecto y se compartieron los beneficios con todos los partidos registrados, la utilización de fondos públicos para fines partidarios dejó de ser reprobable.

La primera vez que se introdujo el concepto financiamiento público, en el Código Federal Electoral (CFE) de 1986, se hizo con la intención expresa de que fuera secundario: ``Los partidos políticos --establecía el artículo 61 del CFE-- en complemento de los ingresos que perciban por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás perrogativas otorgadas en este Código.'' En el código de 1990, se manifiesta la intención de hacer de los partidos entidades cada vez más dependientes del erario público y el mejor ejemplo de ello se encuentra en el artículo 49 del Copfipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en el que, entre las diferentes modalidades, se introduce la del financiamiento público que tiene por objeto la ``subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos.'' De haber sido concebido, aunque fuera formalmente, como un complemento de sus ingresos, ahora, en 1996, se han llegado a invertir los términos y por mandato constitucional las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas, serán señaladas en la ley la cual deberá ``garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado''.

Los partidos han abandonado prácticas que en tiempos no muy lejanos eran buenas costumbres como la de velar por su independencia buscando sus propios medios de financiamiento a partir de las cuotas de sus militantes, de las aportaciones de los diputados, de la venta de libros, folletos y periódicos, de la organización de rifas y festivales, y de muchas otras formas que suponían un compromiso político y personal de los militantes con su partido. Sin estos recursos particulares, privados o propios, a los cuales parecen haber renunciado los partidos, la pregunta que se antoja es ¿cuál de los partidos registrados se podría sostener sin recibir el financiamiento público? Si los partidos no son capaces de proveer sus propios medios de subsistencia, entonces ¿no estarán ya convertidos en parásitos de una sociedad a la que cada vez menos representan?

Debería ser motivo de preocupación y de molestia de los partidos de oposición no sólo los millones de pesos que el PRI se dispone a gastar en la campaña electoral de 1997, sino que en la lucha contra la corrupción y el abuso del poder que significa disponer de recursos públicos para fines partidarios, acabaron sucumbiendo todos. Con el financiamiento público se ha consentido la intervención del gobierno en la vida interna de los partidos, se ha permitido crear lazos económicos de dependencia política, y se ha dejado al gobierno determinar la composición del sistema de partidos. El financiamiento público a los partidos políticos registrados debería suprimirse o, en su defecto, su vigencia debería consultarse a la población toda ya que es un impuesto obligatorio a los trabajadores de este país, es una contribución forzosa para una distribución injusta y que no respeta las preferencias políticas de los ciudadanos.