Elevar 10% la recaudación, meta de Hacienda ese año

Roberto González Amador, Oscar Camacho Guzmán y Ciro Pérez Silva El gobierno federal anunció ayer medidas para fortalecer su capacidad fiscalizadora, como parte de una política de ingresos que haga posible enfrentar los costos de los programas de rescate bancario, de aportación del Estado a un nuevo programa de pensiones y de aumento del gasto social y de inversión pública.

El Ejecutivo, a través del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, entregó ayer al Congreso el proyecto de Ley de Ingresos para 1997, que plantea elevar diez por ciento en términos reales la recaudación fiscal, que ha caído en los últimos tres años.

En la iniciativa el Ejecutivo plantea que los ingresos del sector público para 1997, sin incluir financiamientos, alcancen 694 mil 900 millones de pesos, equivalentes a 22.4 por ciento del PIB, estimado para 1997 en 3.096 billones de pesos.

Según los cálculos del gobierno federal, del total de ingresos del sector público para el próximo año, 471 mil 800 millones de pesos, 15.2 por ciento del PIB, corresponderán a ingresos del gobierno federal y otros 223 mil 100 millones de pesos, 7.2 por ciento del PIB, a ingresos de organismos bajo control presupuestal directo.

El artículo 1 del proyecto de Ley de Ingresos para 1997 prevé que la Federación obtenga por cobro de impuestos 282 mil 619.4 millones de pesos.

De esa cantidad, 103 mil 686.7 millones de pesos corresponderán a impuesto sobre la renta; 3 mil 479.7 millones a impuesto al activo, 88 mil 203 millones al IVA, 53 mil 677 millones a impuesto especial sobre producción y servicios, 5 mil 296 millones a impuesto sobre uso o tenencia de vehículos y el resto a otros impuestos como el cobrado por rendimientos petroleros, importación, exportación y al comercio exterior.

Además, el gobierno federal espera obtener financiamientos por emisión de valores y contratación de deuda interna y externa por 30 mil 889 millones de pesos.

Para tener acceso a esos financiamientos, el Ejecutivo solicitó autorización al Congreso para que el sector público pueda contratar en 1997 endeudamiento externo neto por 5 mil millones de dólares. El gobierno federal, asienta la iniciativa, suscribirá esta deuda con el objetivo de refinanciar los pasivos ya existentes, por lo que estima que el saldo de la deuda externa pública ``no variará significativamente''.

Asimismo, solicitó autorización para contratar deuda interna neta --principalmente a través de la emisión de valores gubernamentales en el mercado de dinero-- por 34 mil millones de pesos.

El monto de contratación de deuda interna, señala la iniciativa, es necesario para evitar que pudiera elevarse el déficit financiero del sector público, estimado ahora en 15 mil 890 millones de pesos, 0.5 por ciento del PIB.

Mayores penas a defraudadores

En el paquete de manejo presupuestal entregado al Congreso, el Ejecutivo plantea que el reto para la política fiscal en 1997 será aún mayor, debido a la necesidad del gobierno federal de hacer frente a los costos derivados de la reforma a la seguridad social y de los programas de rescate bancario y saneamiento financiero de proyectos como el de las carreteras concesionadas.

Durante 1997, agrega, cobrará mayor importancia el fortalecimiento de las fuentes de ingresos públicos y la racionalización del gasto. La política fiscal, señala, debe ser capaz de impulsar el crecimiento económico a través del aumento de la inversión en infraestructura y del otorgamiento de estímulos a la inversión y el empleo.

Por ello, ``es fundamental aplicar una estrategia tendiente a la recuperación de las fuentes estables de ingresos'', por lo que se requiere ``fortalecer la recaudación sobre bases sanas''.

En 1997, como se estipula en la Alianza para el Crecimiento, no aumentarán las tasas impositivas para los contribuyentes. En cambio, el Ejecutivo propone diversas reformas que buscan apoyar las labores de fiscalización, cerrar áreas ``grises'' de la legislación fiscal que posibilitan la evasión y elusión fiscales y regular más adecuadamente el marco fiscal de las operaciones internacionales, principalmente de aquellas que se realizan en jurisdicciones de baja imposición fiscal, los llamados ``paraísos fiscales''.

Sobre este punto, la iniciativa propone adecuar el régimen fiscal aplicable a las operaciones internacionales, en congruencia con las nuevas prácticas y los tratados para evitar la doble tributación. Lo anterior, agrega, busca inhibir el uso de jurisdicciones de baja imposición fiscal, de acuerdo con las siguientes propuestas:

1. Incorporar en la ley la lista de las jurisdicciones que se consideran de baja imposición fiscal. La lista está compuesta por 85 países, entre ellos Albania, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chipre, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isla del Hombre, Isla Caimán, Jamaica, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Mónaco, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela y Zaire.

2. Hacer acumulables para los accionistas o beneficiarios que sean residentes en México las utilidades de empresas situadas en dichos países, aun antes de su distribución.

3. Estipular la obligación de reportar toda inversión en los países mencionados.

4. Tipificar como delito, con una penalidad de tres meses a tres años de prisión, el incumplimiento de la obligación de informar sobre las inversiones realizadas, directa o indirectamente, en los llamados ``paraísos fiscales''.

5. Hacer no deducibles los pagos realizados a países de baja jurisdicción fiscal, salvo que se compruebe que las operaciones se efectuaron a precios de mercado.

6. Estipular que las comisiones y demás pagos por mediaciones a residentes en los países antes mencionados están sujetos a una tasa de retención del 30 por ciento.

7. Gravar todas las actividades vinculadas a las presentaciones de artistas y deportistas extranjeros, aunque no se trate propiamente de la presentación del espectáculo, a fin de eliminar los esquemas de evasión vinculados con los ingresos que obtienen en México.

En la iniciativa también se plantean modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que aumenta las penas en contra de los evasores.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 500 mil pesos; con prisión de dos a cinco años, cuando oscile entre 500 mil pesos y 750 mil pesos; con prisión de tres a nueve años, cuando fuere mayor de 750 mil pesos.

La defraudación fiscal se calificará cuando se origine por usar documentos falsos, cuando se omita la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, cuando se manifiesten datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones, y cuando se asienten datos falsos en los sistemas o en los registros contables.

En el mismo orden, se considera por primera vez como figura delictiva la defraudación que tenga por objeto omitir total o parcialmente el pago provisional de alguna contribución