Cambiarían consejos electorales en todo el país
Ciro Pérez y Oscar Camacho El Ejecutivo federal envió ayer a la Cámara de Diputados el paquete de reformas electorales que regirán los comicios de 1997, en el que se establece la obligación de realizar las próximas elecciones con nuevos consejeros electorales en todo el país; limitar a 353 mil pesos el tope de campaña para diputados y 677 mil para senadores (más la inflación de 95 y 96), además de canalizar alrededor de 3 mil 200 millones como financiamiento a los partidos.
De esta cifra mil 600 millones, aproximadamente, corresponderían al financiamiento ordinario de los partidos, y otra cantidad similar para sus campañas electorales de 1997.
Además, las nuevas reglas electorales propuestas por el Presidente de la República al Congreso otorgan a los partidos políticos 175 horas en radio y 100 en televisión para las campañas de diputados y senadores, los cuales podrán utilizar en mensajes de 20 segundos cada uno. En este rubro, los tiempos en radio y televisión se duplicarían en año de elección presidencial.
El paquete electoral está formado por las reformas a cinco leyes: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Códigos Penales del Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, así como una nueva Ley General de Impugnaciones Electorales.
Con el objetivo de lograr que los comicios se den en un marco de equidad y transparencia, la iniciativa presidencial obliga a todos los partidos políticos a dar cuenta de sus ingresos y gastos en reportes anuales, y crea una Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, dependiente del Consejo General del IFE.
Esta comisión tendrá facultades para ordenar que se le presenten informes detallados de los ingresos y gastos, así como comisionar la realización de auditorías a los partidos y visitas de verificación para garantizar la transparencia en el ingreso y uso de los recursos partidistas.
De acuerdo con las reformas al Cofipe, ningún partido político podrá a partir de 1997 tener más de 300 diputados federales, y se establece la preponderancia del financiamiento público sobre el privado, en una relación de 90-10.
En torno a las campañas políticas, la iniciativa sujeta a 78 días las de diputados y senadores y a 155 días la campaña presidencial.
Entre las modificaciones propuestas se establece también que para los comicios de 1997, habrá un padrón electoral que incluirá la fotografía de cada ciudadano, además de la credencial con foto.
Se pone fin a la figura del registro condicionado de los partidos políticos, pero se aumenta de 1.5 a 2 por ciento la votación nacional que deberán obtener para mantener su registro. El partido que no lo obtenga, no tendrá derecho a participar en la elección inmediata.
Asimismo, se crea la figura de ``Asociación Ciudadana'', con la cual los grupos ciudadanos que realicen actividades políticas con un mínimo de 7 mil afiliados y con presencia en diez estados, podrán recibir financiamiento público para trabajos editoriales, de educación, capacitación política e investigación socioeconómica.
Sobre coaliciones, se propone un sistema de ``coaliciones parciales'', mediante el cual para los comicios de diputados, una o varias organizaciones podrán coaligarse siempre y cuando presenten un número mínimo de candidaturas en 33 fórmulas de mayoría relativa, en tanto que para senadores, los partidos coaligados deberán postular por lo menos seis fórmulas comunes.
Pero también hay topes a las coaliciones, pues para diputados sólo podrán coaligarse para un máximo de 160 y para senadores un máximo de 34.
Sobre el acceso a radio y televisión, se establecen para la elección presidencial 250 horas en radio y 200 en televisión, y la mitad de esos tiempos en comicios para renovar el Congreso de la Unión.
De ese total, el 40 por ciento se repartirá de manera igualitaria entre todos los partidos registrados, y el 60 por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido.
Para ejercer sus tiempos en radio y televisión, el IFE adquirirá durante las campañas electorales hasta 10 mil promocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 segundos cada uno, para distribuirlos cada mes entre los partidos políticos.
Asimismo, en este rubro se establece un tope en dinero equivalente al 20 por ciento del financiamiento público que se destinaría a la adquisición de promocionales en elección presidencial y un 12 por ciento en elección para renovar el Congreso. Esto es, en 1997 este tope sería aproximadamente de 350 millones.
La reglamentación para radio y televisión prohíbe contratar por terceros propaganda en favor o en contra de un partido; ordena suspender 20 días antes de la jornada electoral toda emisión de propaganda del gobierno federal en acciones de desarrollo social, y establecer en toda la publicidad de medios impresos la leyenda ``inserción pagada''.
Adicionalmente, en el artículo 186 del Cofipe, se establece el derecho de aclaración que los partidos, las coaliciones y los candidatos podrán ejercer frente a la información que presenten los medios de comunicación cuando consideren que la misma deforma hechos o situaciones relacionadas con sus actividades o atributos personales.
A quien viole la obligación de abstenerse de formular expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o denigren a ciudadanos, partidos o candidatos, se le sancionará con multa y suspensión total o parcial de los promocionales en radio y televisión, si la infracción se comete durante las campañas, o sólo con multa si se comete en cualquier otro tiempo.
Sobre el financiamiento público a los partidos políticos, las reformas al Cofipe proponen que se distribuya de la siguiente manera: un 30 por ciento de manera igualitaria y un 70 por ciento proporcional a su número de votos.
De igual forma, se establece que en año de elecciones los partidos políticos recibirán por concepto de campañas un monto igual al que se les asigne para cubrir sus actividades partidistas ordinarias. De esta manera, para 1997 se canalizaría un financiamiento de mil 600 millones a las actividades partidistas y otro tanto a campañas.
Con relación al voto de los mexicanos en el extranjero, se creará una comisión de especialistas que estudiará las modalidades para que los ciudadanos mexicanos en el exterior puedan ejercer el sufragio en los comicios presidenciales, vinculando la reglamentación respectiva a la integración e inicio de operación del Registro Nacional Ciudadano y de las cédulas de identidad ciudadana.
De todas las aportaciones en dinero que reciban los partidos políticos, deberán entregar recibos foliados con los datos de identificación del aportante, pues estarán prohibidos los donativos anónimos, salvo el caso de colectas y las aportaciones privadas. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables.
La entrega de dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos será deducible del impuesto sobre la renta hasta un monto del 25 por ciento.
Por lo que toca al sistema de medios de impugnación, se incluyen documentales, videos y fotografías como elementos probatorios para un recurso de inconformidad.
En cuanto a las nuevas sanciones, se considerará como delito electoral el presionar a los electores para orientar su voto, la obstaculización e interferencia deliberada de las votaciones, así como para el traslado y entrega de los paquetes de documentación; se sancionarán también los votos por paga, las dádivas, las promesas de dinero u otras recompensas durante la jornada electoral.
Estará penado obstaculizar la emisión secreta del voto, el transporte de votantes el día de la elección (acarreos), el apoderarse de boletas o material electoral y la inducción del voto por parte de funcionarios. Asimismo, se sancionará con multas y prisión a los servidores públicos que de manera expresa obliguen a sus subordinados a orientar el sentido de su voto o que condicionen la prestación de un servicio público en el ámbito de su competencia al voto en favor de algún partido político.
Inconformidad del PAN y PRD
En las primeras reacciones entre diputados tras la llegada del paquete electoral al recinto de San Lázaro, panistas y perredistas cuestionaron el monto de los topes de campaña y del financiamiento a los partidos por considerarlos excesivos.
Asimismo se inconformaron con el décimo transitorio, en el que para calcular el costo mínimo de las campañas la ley obliga a considerar como punto de referencia el monto establecido en enero de 1995.
De acuerdo con PAN y PRD, los acuerdos en la Secretaría de Gobernación señalan que sería el Consejo General del Instituto Federal Electoral el que determinaría libremente el costo mínimo de campañas y no algún articulado de la legislación