En Coahuila, enfrentamientos verbales por el plan Ave azul 96 de los panistas Hay confusiones en el código electoral de ese estado, dice Alianza Cívica

Andrea Becerril, enviada, Saltillo, Coah., 8 de noviembre A unas horas de las elecciones para la renovación de 38 presidencias municipales y de la Legislatura local, salieron a relucir las confusiones y contradicciones del marco legal, toda vez que el Código Electoral estatal posibilita que el tope de financiamiento a las campañas pueda ir de más de 15 hasta cerca de 115 millones de pesos, y que la propaganda en la vía pública permanezca incluso una vez concluidos los comicios.

En ese contexto, Alianza Cívica de Coahuila dio a conocer un informe preliminar de observaciones sobre gastos de campaña y manifestó su inquietud por ``la elevada proporción'' de los recursos erogados por los candidatos del PRI y del PAN. Un estudio realizado en Saltillo estableció que en la propaganda de vía pública, en 10 por ciento de las colonias, los candidatos priísta y panista a la alcaldía invirtieron cuando menos 8.3 y 3 por ciento del gasto total autorizado.

En tanto, la dirigencia estatal del PRI y 69 diputados federales de ese partido que participarán como observadores en los comicios de este domingo, hicieron un llamado a la ``civilidad política'' y rechazaron las informaciones que vinculan al gobernador Rogelio Montemayor Seguy con el proceso de compra-venta de la ex paraestatal Fertimex.

El presidente del PRI en Coahuila, Noé Garza Flores, calificó como ``prácticas perversas'' las publicaciones en ese sentido, que, dijo, fueron filtradas por el diputado panista Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Cámara baja, como parte de su proyecto de estrategia Ave azul.

``Nosotros, en nuestro carácter de diputados del PRI y en nuestro carácter de testigos electorales, queremos ayudar, queremos contribuir con nuestra presencia para que estos actos no se den, para desanimar estas actitudes'', respondió el legislador Cándido Pérez, a la pregunta sobre posibles actos de violencia ligados con el supuesto programa Ave azul.

A su vez, la dirigencia del PAN, que encabeza Luis Ramírez Ríos, anunció que en la jornada de este domingo 10 contará, tan sólo en Saltillo, con 2 mil 500 observadores y defensores del voto. Sin embargo, formalmente el Consejo Electoral estatal informó que sólo acreditó a 700 ciudadanos que vigilarán los comicios para elegir presidentes municipales y diputados locales en Coahuila.

Neli Herrera, presidente de Alianza Cívica de Coahuila, acompañada por Oscar González, Oscar Ortiz Reyes y Efrén Rodríguez González, directivos nacionales de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, dieron a conocer un informe preliminar sobre gastos de campaña, que arroja, dijeron, resultados ``preocupantes''.

El estudio abarcó el análisis de la propaganda en bardas, pendones, pasacalles, carteles, mantas y láminas colocadas en 40 colonias de Saltillo, y que fueron seleccionadas al azar.

La muestra, explicaron, representa 9.5 por ciento del total de las colonias y fraccionamientos de Saltillo, ciudad cuya población se calcula en 550 mil habitantes, y dio como resultado que los partidos políticos habrían gastado, de acuerdo con una cotización promedio, lo siguiente:

El PRI, 181 mil pesos, que es 11.5 por ciento del tope de gastos; el PAN, 63 mil, 4 por ciento, y el PRD, 11 mil 600 pesos, equivalentes a 0.74 por ciento.

Los gastos evaluados no incluyen todas las variables, como son mano de obra para la instalación de pendones o pintas de bardas, precisa el estudio.

En el mismo se concluye que sin considerar tampoco el costo de la propaganda en radio, televisión y prensa, ``resulta preocupante'' que aun si se tomara en cuenta la cotización más baja para la publicidad en la vía pública, ``el PRI alcance 8.33 por ciento y el PAN llegue a 3 por ciento del tope de gastos de esa campaña''.

Sobre ese punto, el líder del Partido de la Revolución Democrática en Coahuila, Francisco Ibarra Ríos, hizo notar que la ley electoral de la entidad no garantiza equidad en los procesos, lo que queda de manifiesto en los gastos de campaña.

Neli Herrera, representante de Alianza Cívica, resaltó que en el código actual existen por lo menos dos criterios contradictorios para definir los topes de campaña. El primero de ellos, establecido en la fracción cuarta del artículo 43, señala que los gastos que un partido destine a sus campañas en ningún sentido podrán ser mayores a la cantidad que resulte después de realizadas una serie de operaciones.

En el caso de diputados locales y ayuntamientos, se realizan ``multiplicando el factor (6 o 12) por el total de personas inscritas en el padrón electoral del distrito o municipio de que se trate''. El segundo criterio, contenido en la misma fracción, señala también que ``cada partido podrá tener como financiamiento privado hasta un monto igual al financiamiento público que reciba el partido mayoritario''.

De esta forma, de acuerdo con el primer criterio, el tope máximo para cada partido varía desde un millón 652 mil pesos, en el caso del PRI, hasta 12 mil 636.69 para el PRT. En tanto, la suma del financiamiento público de los ocho partidos contendientes arroja la cantidad de 4 millones 224 mil 869.70 pesos.

Si a lo anterior, de acuerdo con el segundo criterio, se agrega el financiamiento privado, que para los ocho partidos podría ser de 11 millones 566 mil 592.31, daría una suma total de 15 millones 791 mil 462.09 pesos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los topes de gastos efectivamente acordados por el consejo estatal alcanzan la cantidad de 14 millones 328 mil 132 pesos por partido, al multiplicarse por los ocho partidos contendientes daría una suma total de 114 millones 625 mil pesos.

Es decir, hay por lo menos dos posibles topes de gastos de campaña: más de 15 y cerca de 115 millones, y tanto organismos ciudadanos como partidos políticos se preguntan cuál es el bueno.

Alianza Cívica resalta que las confusiones y contradicciones de la ley no sólo hacen incierta la determinación de topes, sino que impiden en la práctica fijarlos y de hecho vuelven a quedar sin límite.

Juanita Lara, candidata del PRD a la diputación local por el primer distrito, señaló que es notorio que en Saltillo los candidatos del PRI y del PAN a la alcaldía, Salomón Abedrop y Manuel López, rebasaron los topes financieros con ``campañas insultantes frente a la miseria en que viven grandes sectores de la población''.

El Código Electoral es tan ambiguo que establece que la propaganda debe retirarse de la vía pública, pero no precisa cuándo. Por ello, a unas horas de los comicios las calles y los cruceros siguen saturadas de carteles y mantas de los candidatos