Con mis condolencias para Adolfo Sánchez Vázquez
La manifestación de varios cientos de trabajadores ferrocarrileros el pasado jueves 6 de noviembre, que infructuosamente intentó llegar a la residencia oficial de Los Pinos, así como el manifiesto en el cual se denuncian los graves problemas de las empresas ferroviarias y sus trabajadores, indican que la inconformidad de éstos está llegando a tales niveles que los obliga a buscar canales para expresarla y demandar soluciones.
Herederos de viejas y combativas tradiciones y experiencias, los trabajadores ferroviarios más conscientes, firmantes del manifiesto, apoyados por numerosos intelectuales, diputados y representantes de organizaciones sociales, no sólo denuncian la ofensiva de que son víctimas; entienden que su suerte va de la mano del destino de las empresas ferroviarias todavía propiedad estatal, pero condenadas a la privatización por el grupo tecnocrático en el poder.
La situación denunciada en el manifiesto no puede ser más grave: brutales reajustes de trabajadores de las empresas --de 83 mil 290 trabajadores en 1990 fueron reducidos a sólo 46 mil 283 en 1995--, mutilación del contrato colectivo de trabajo, pues de más de 3 mil cláusulas quedó reducido a 208, vulnerando de paso numerosos derechos y prestaciones generales y particulares de los trabajadores que lucharon durante decenios para conquistarlas.
El gobierno, a través de los gerentes y con la complicidad inocultable de la dirección sindical, encabezada por Víctor Flores Morales y su camarilla de hombres corrompidos, prepara a las empresas --una nómina reducida al mínimo y un contrato de trabajo hecho talco-- de manera que resulten atractivas a sus posibles compradores nacionales y extranjeros. Ni al grupo en el poder ni a la dirigencia de su partido, tampoco a la cúpula sindical, les importa sacrificar a decenas de miles de familias, o entregar a manos privadas un sistema de transporte vital para un desarrollo económico propio, de cara a los intereses nacionales.
Por el contrario, los ferrocarrileros firmantes del manifiesto y todos los hombres y mujeres patriotas en el país plantean que empresas estratégicas como las ferroviarias, necesarias para el desarrollo soberano de México, indispensable en esta etapa de transnacionalización de la economía, deben seguir en manos del Estado --un Estado democrático, debe subrayarse. Pues a los empresarios privados lo único que les interesa --así es su naturaleza-- es el máximo de ganancia; no tienen intereses nacionales ni preocupación social alguna, como se ha demostrado palpablemente en todas las empresas privatizadas, de las cuales la voracidad e irresponsabilidad de los bancos son ejemplos acabados.
El grupo en el poder que considera al mercado como la panacea milagrosa para todos los males del país, se propone privatizar los ferrocarriles --ya ha iniciado el proceso--, pero fueron todos los gobiernos anteriores los que deliberadamente o por incompetencia llevaron a situación ruinosa a las empresas ferroviarias nacionales. Imposición de tarifas preferenciales para las grandes empresas mineras y exportadoras, administración desastrosa y corrupción, con todas sus consecuencias, fueron los medios para llevar a la ruina a los ferrocarriles, lo que en la actualidad es pretexto --como si el neoliberalismo necesitara de alguno-- para justificar el remate de esas empresas.
Por su parte, han sido los sindicalistas de avanzada los que en el pasado y en el presente defienden esa parte del patrimonio nacional, junto con los derechos de los trabajadores. En la más grandiosa batalla de los ferroviarios, la de los años 1958-59, en el centro de las preocupaciones del movimiento insurgente estaba la defensa de los ferrocarriles, la exigencia de su modernización y el fin del saqueo por parte de sus gerentes y funcionarios gubernamentales. Esa lucha terminó con una represión generalizada y la cárcel a sus principales dirigentes. A Vallejo y Campa les costó once años en la desaparecida prisión de Lecumberri.
Hoy los ferrocarrileros signantes del manifiesto plantean su convicción de que los ferrocarriles ``pueden y deben modernizarse sin privatizarse, respetando nuestros derechos laborales''. Para ello proponen medidas concretas que aumenten la utilización de los ferrocarriles, el incremento razonable de tarifas para captar recursos para invertir en la renovación, así como un plan de modernización con el concurso de los técnicos y científicos mexicanos. Enfrentan así, con el apoyo de mexicanos defensores de los intereses nacionales, los propósitos del neoliberalismo en el poder y la traición de la dirigencia oficialista del sindicato ferrocarrilero. Es una causa que merece solidaridad.