El de los deudores fue siempre el partido mayoritario de México. Mantenía, sin embargo, un carácter pasivo. En la década de los años 90 pasó a la militancia activa, hecho que ha irritado sobremanera a los banqueros y sus pares de la industria y el comercio.

Tan explicable es esa militancia como teatral y prepotente la respuesta de los ricos de México.

La banca, sobre todo después de ser reprivatizada, se convirtió en un implacable instrumento de despojo de buena parte de la planta productiva del país y del patrimonio familiar de la mayoría.

El desenfreno absorsivo de la banca no conoce límites, pero cuenta, además, con el apoyo de las autoridades surgidas del PRI y el PAN.

Las familias propietarias de las grandes fortunas ganaron con la indemnización que les fue pagada por haberles sido retirada la concesión para explotar la banca. Ganaron también con la depuración y aglutinamiento de las instituciones bancarias en favor de las más grandes. Con el mito de la bondad competitiva y el convite que sería para todos el libre mercado, el Estado dio pie para que esas familias, autonombradas ``legítimas dueñas'' de los bancos, los recompraran en barata, ahorrándose trámites elementales y con cargo al bolsillo de sus acreedores vía usura.

No pararía ahí la ganancia de los banqueros. Después de especular hasta la ebriedad y arrojar a la insolvencia a decenas de miles de pequeños y medianos empresarios y jefes de familia, recibieron un colosal subsidio para evitar --se decía-- la quiebra de los bancos y con ello provocar la ruina total del país.

En la naturaleza del Estado está la de ser un aparato subsidiador. No ha habido ni hay un Estado que no subsidie. La diferencia entre uno preocupado por la mayoría de la población y otro seducido por la élite reside en la orientación del subsidio.

En el curso de los últimos 15 años, el Estado mexicano ha estado subsidiando las utilidades de mayor monta, en detrimento de los ingresos menores. Esto lo ha hecho en colusión con los ricos. Colusión que ha llegado, como ocurrió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León --de origen panista-- al extremo de que las autoridades municipales echaran a cientos de habitantes de sus casas adquiridas mediante hipoteca, para luego rematarlas alegando ser madrigueras de pandilleros. Los bandos que las adquirieron fueron, coincidentemente, aquéllos con los cuales se habían contratado las hipotecas correspondientes. Las autoridades municipales acudieron a la argucia de la mora en que habían caído los propietarios de las casas en el pago del impuesto predial para desalojarlos.

La oportuna intervención de El Barzón impidió que se continuara con el despojo.

De ardid publicitario de los organismos de deudores tachó la Asociación de Banqueros de México, por voz de su presidente Antonio del Valle, la sentencia judicial de un jurado federal en Baja California que reveló la ausencia de bases jurídicas en la privatización de alrededor de diez bancos.

¿Ardid? Por supuesto que no. Los piratas de la banca se acostumbraron por muchos años a obrar impunemente. Y ahora que los deudores se oponen a seguir siendo despojados de su patrimonio y su esperanza, se muestran gritones e insolentes.

La de los deudores es una resistencia moralmente sólida y políticamente expansiva. Es la resistencia a lo que John Kenneth Galbraith, en su agudo artículo publicado por La Jornada, llamó ``la guerra contra los pobres''. En esta guerra sucia propiciada por el neoliberalismo, el gran ardid ha sido el de los ricos, que han sabido involucrar en ella al Estado. Dilema de éste es continuar coludido con ellos y arriesgar así su legitimidad y el timón, o replantear sus compromisos políticos.