Por falta de recursos se aplazó el plan de pensiones

Roberto González Amador La principal reforma promovida por el gobierno federal para elevar la captación de ahorro interno, y que debía comenzar a funcionar plenamente en enero, tendrá que esperar seis meses.

Con el apoyo del sindicalismo oficial y de los organismos patronales, el Ejecutivo decidió aplazar hasta julio de 1997 el arranque del nuevo sistema de pensiones, ante un hecho evidente: los recursos que el Estado pretende captar el próximo año no ofrecen --sin provocar un mayor déficit presupuestal-- margen de maniobra para aportar los recursos que había comprometido para echar a andar el nuevo esquema de pensiones administrado por particulares.

En diciembre de 1995 el Ejecutivo planteó la reforma de la seguridad social como ``una necesidad inaplazable''. Pero el pago de los pensionados actuales, así como el costo de sus servicios médicos y la aportación de un peso diario por cada afiliado a las administradoras de fondos para el retiro (Afores) hubiera significado para el gobierno una erogación de 35 mil millones de pesos en 1997, si el programa hubiera comenzado, como se había dicho, en enero próximo.

Por primera vez en cinco años, el gobierno federal presentó al Congreso un presupuesto en el que se prevé para el siguiente ejercicio, en este caso para 1997, un ejercicio presupuestario con déficit.

El Ejecutivo solicitó al Congreso autorización para ejercer el próximo año un presupuesto que al final del año arroje un saldo deficitario en 15 mil 481.5 millones de pesos, 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), estimado en 3.09 billones de pesos.

A juicio de algunos especialistas, la previsión de un déficit en el presupuesto no significa que el gobierno haya modificado la ortodoxia que ha prevalecido en la política económica durante los últimos años. Simplemente, opinan, las fuentes de financiamiento del gobierno federal, principalmente los impuestos, no son suficientes para atender todos los compromisos que se echó a cuestas para el próximo año.

En el programa económico para 1997, el gobierno estima captar, sin incluir el financiamiento externo e interno, 694 mil 900 millones de pesos. De esa cantidad, 282 mil 614 millones de pesos corresponderán a impuestos.

El aplazamiento de seis meses para echar a andar el nuevo esquema de pensiones obligará al gobierno a aportar a este rubro 18 mil 592.1 millones de pesos, una cantidad que representa 53 por ciento de los 35 mil millones de pesos que hubiera debido destinar si la reforma entrara en vigor en enero y no en julio.

Los recursos que el Ejecutivo no estará obligado a aportar por el aplazamiento de la reforma al sistema de pensiones, 16 mil 407.9 millones de pesos, equivalen a 0.52 por ciento del PIB estimado para 1997. Este porcentaje se hubiera tenido que sumar al déficit presupuestal de 0.5 por ciento ya estimado.

La decisión de posponer un semestre la entrada en vigor de la ``inaplazable'' reforma al sistema de pensiones se tomó primero en la Alianza para el Crecimiento, firmada en Los Pinos el 26 de octubre, y después fue aprobada en el Congreso por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 31 de octubre.

En la alianza, un documento firmado por el gobierno, el sindicalismo oficial y los organismos patronales, se estipula que la ampliación de la base de ahorro interno será resultado tanto de la disciplina en las finanzas públicas como de los estímulos al ahorro privado. ``En relación con estos últimos, la reforma al sistema de pensiones constituye un paso fundamental que, además, tiende a garantizar a los trabajadores una pensión digna al momento de su retiro''.

En el documento se esgrimen argumentos técnicos para posponer la reforma: ``La adopción de la clave única de registro de población asegurará que cada cuenta individual (del sistema de pensiones) tenga un número definitivo, que corresponda a un trabajador, y que cada trabajador sólo pueda tener una cuenta individual''.

Agrega: ``Los sectores obrero y empresarial coinciden en la conveniencia de que el entero del primer pago bajo el nuevo régimen --que en el plan original debía ser el 1¼ de enero-- corresponda al inicio del segundo semestre de 1997''.

Una vez que ``los sectores obrero y empresarial'' lo acordaron, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 1 transitorio de la Ley del Seguro Social, que aprobó el PRI, con lo que se pospuso un semestre el nuevo esquema de pensiones.

Para la oposición, este retraso constituye un incumplimiento de los compromisos del gobierno.

En una postura oficial, la diputación federal del Partido Acción Nacional (PAN) señala que a sólo dos meses de que entrara en vigor la nueva Ley del Seguro Social, el Ejecutivo solicitó con urgencia al Congreso de la Unión posponer su entrada en vigor de enero a julio de 1997, ``con la excusa de que la clave única de registro de población sea utilizada en el sistema de pensiones y seguridad social como denominación de la cuenta individual de los trabajadores''.

Los diputados panistas rechazan los argumentos oficialistas de que están aseguradas las condiciones para dar cumplimiento cabal a las obligaciones derivadas de la nueva Ley del Seguro Social. ``Los hechos y la nueva propuesta de posponer el inicio de su vigencia demuestran lo contrario'', señalan.

Según los diputados del PAN, ``el gobierno no cumplió el compromiso de aportar a partir de enero, a los cerca de 10 millones de trabajadores del IMSS, 5.5 por ciento del fondo individual del retiro, que asciende a mil 710 millones de pesos''.

Si están dadas las condiciones para que la reforma se aplique, los legisladores muestran extrañeza por el rechazo del PRI a que el gobierno abra una cuenta en la cual se depositaran los mil 710 millones de pesos y, una vez concluida la prórroga, se trasladen esos recursos a las cuentas individualizadas de los trabajadores.

Para los participantes en el nuevo mercado de pensiones, la situación no tiene tintes ``dramáticos'' ni de incumplimiento.

Juan Fernández Casas, director de la Afore constituida por Serfin, Citibank y el fondo chileno de pensiones AFP Hábitat, señala que no hay motivos de preocupación.

Fernández Casas comenta que aún hay detalles técnicos por afinar para que el nuevo sistema de pensiones comience a funcionar sobre bases sólidas.

El punto principal es el manejo de la información. Asegura que Procesar, la entidad encargada de manejar la información técnica de los bancos, patrones, el Seguro Social y las propias Afores, todavía no tiene soporte técnico para comenzar a manejar las bases de datos. Es un problema similar al que enfrentan los bancos, debido a que algunos trabajadores que han cambiado de empleo tienen varias cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que deben unificarse.

``No es tan descabellado pensar que mover la fecha seis meses puede dar un respiro a los participantes del nuevo sistema de pensiones para dar una base más sólida a esta nueva industria y evitar problemas de implementación, como cuando comenzó a funcionar el SAR''.

Fernández Casas apunta que el retraso sólo tiene que ver con la primera aportación que se haga al nuevo sistema de pensiones. Los demás pasos del calendario siguen en los plazos fijados: el proceso para constituir Afores debe culminar el 1¼ de diciembre y después la autoridad tendrá dos meses para hacer auditorías operativas a los solicitantes, con el fin de verificar los planes que ofrecen y la infraestructura de que disponen.

``El nuevo sistema de pensiones es un programa ambicioso de largo plazo, que reformará los mecanismos de ahorro en México y que será un soporte del sistema financiero, además de que permitirá financiar proyectos de larga maduración. Un retraso de seis meses es irrelevante'', afirma.

Para el director de la Afore de Serfin, Citibank y AFP Hábitat, el retraso no ha inquietado a los inversionistas extranjeros que desean participar en el mercado de pensiones, que crecerá cada año en 30 mil millones de pesos