La Secretaría de Hacienda presentó los documentos del presupuesto público para 1997. Con este presupuesto el gobierno intenta afianzar la recuperación después de la profunda crisis a la que se llevó al país a fines de 1994 y sobre todo lograr que el crecimiento sea sostenido. Esto último se ha mostrado a todas luces imposible durante los últimos quince años en los que no se ha logrado aumentar el PIB ni en 1 por ciento en promedio anual.

Los documentos oficiales entregados al Congreso ponen de manifiesto uno de los problemas que aparecen --de modo cada vez más claro-- como más graves de la actual administración gubernamental, y que es el de sus propias finanzas. El problema se deriva, por supuesto, del lado de los ingresos. En 1995, cuando el PIB se desplomó casi 7 por ciento, los ingresos públicos por concepto de impuestos representaron 9.5 por ciento del producto, en 1996 se estima que pueden ser del orden de 7.5 por ciento y el nuevo presupuesto espera elevarlos hasta 9.1 por ciento el año entrante. Esto muestra los severos efectos de la crisis económica en la capacidad de pago de impuestos de los mexicanos. En cuanto a los otros ingresos, ellos tuvieron una recuperación debido al aumento del precio del petroleo y las mayores entradas de Pemex.

Con menores ingresos, el gobierno ha tenido que optar por la manera de asignar su gasto, y en este terreno la crisis bancaria ha demandado significativas porciones del dinero público. El costo fiscal de los programas aplicados a los bancos es de 184 mil 210 millones de pesos, que se calculan a su valor presente a partir de una duración de 30 años. Esto significa que no se tienen que hacer desembolsos inmediatos para cubrir dicho costo, sino que se crean esquemas de financiamiento para conseguir los recursos durante el periodo considerado. Pero si las deudas pendientes, o sea, la cartera vencida que el gobierno ha adquirido de los bancos privados no se cobran, esas deudas tendrán que ser cubiertas con dinero del fisco. Esto quiere decir que de alguna manera se ha impuesto una hipoteca sobre toda la sociedad y en este caso ello representa una deuda de todos y con poca certidumbre de que se crearán efectivamente los recursos para pagarla.

No toda la deuda concentrada en los bancos y tomada por el gobierno ha sido diferida a un plazo de 30 años. Los recientes documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que ya se hace un esfuerzo por asumir parte de esos costos. El gobierno asignó 15 mil millones de pesos de su superávit fiscal para cubrir el costo del Acuerdo de Apoyo a Deudores de la Banca (ADE) y otros programas, y también destinará 20 mil millones de pesos del remanente de operación de Banco de México a cancelar deudas adquiridas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Sin embargo, estos recursos aplicados a salvar al sistema bancario no han logrado reducir de manera significativa el elevado nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas. A pesar de la renegociación de sus créditos ellas mantienen cargas que ponen en peligro su situación financiera y su mismo patrimonio.

Estas grandes cifras de dinero público empleado para sanear la posición de los bancos pueden ponerse en perspectiva comparándolas con otras asignaciones del presupuesto. El costo de dichos programas equivale a 7.35 por ciento del PIB esperado para 1996 y si se agrega el programa aplicado al saneamiento de las carreteras concesionadas se llega a 8.4 por ciento del PIB. Este monto es prácticamente igual a la partida presupuestaria asignada al desarrollo social (212 mil 540 millones de pesos) y que incluye la educación, salud, seguridad social, laboral, abasto y asistencia social y el desarrollo regional y urbano).

Las finanzas públicas son motivo de contienda puesto que representan opciones políticas en la administración de los asuntos de la sociedad. En los dos últimos años, la política fiscal ha actuado como parte integral de una política monetaria cuyo objetivo ha sido, y sigue siendo, el control de la inflación. Esta gestión de la crisis económica ha llevado a un debilitamiento de las finanzas públicas que podrá convertirse en uno de los problemas más graves de este gobierno. La recuperación efectiva de la economía, no sólo en términos agregados, y con ella el aumento de la inversión y del consumo privados es esencial para evitar que la crisis fiscal lleve a una nueva necesidad de restricción a la actividad económica que echará abajo cualquier perspectiva de recuperación en este sexenio.