No obstante la firme oposición con que ha tropezado el proyecto para legalizar el establecimiento y operación de casinos en nuestro país, sus promotores no cejan en su campaña publicitaria y su labor de cabildeo. Frente a los razonables vaticinios que anuncian consecuencias ominosas, por la comprobada vinculación de la entronización de los juegos de azar con el agravimiento de otros fenómenos de patología social, los voceros de la Secretaría de Turismo (Sectur) persisten en deslumbrarnos con las cifras multimillonarias que supuestamente ingresarían al país y piden que el debate se desenvuelva en términos económicos y no con el vetusto lenguaje de prejuicios anacrónicos.

Tengo en mis manos un ejemplar del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y reviso cuidadosamente el capítulo dedicado a los objetivos y líneas estratégicas para el crecimiento económico. No encuentro referencia alguna a la promoción de inversiones del tipo y características que se requerirían para el establecimiento de casinos integrados a complejos turísticos. En cambio, aparece constantemente el rubro del ahorro interno como eje central de la estrategia general que se propone llevar a cabo el actual gobierno.

Me pregunto si la legalización de las apuestas sobre el tapete verde de los dados, la baraja y la ruleta o el dispendio cotidiano en las máquinas tragamonedas, están planeadas pra favorecer el ahorro interno o si nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Serían los casinos un instrumento sucedáneo para captar recursos externos y activar la recuperación económica?

Copio estas convicentes afirmaciones: ``Ante la caída del ahorro privado en los últimos años, el desafío principal de la política económica es promover su recuperación y fortalecimiento para convertirlo en la fuente primordial del financiamiento del desarrollo. México deberá continuar recurriendo a los recursos del exterior para fortalecer la inversión. Para que el ahorro externo desempeñe su función complementaria es necesario orientarlo a financiar una mayor inversión global en el país, no a desplazar la inversión financiada con recursos internos''.

Ignoro si los patrocinadores de la casinomanía poseen datos fidedignos acerca del grado de desplazamiento que sufriría ``la inversión financiada con recursos internos'' en la industria hotelera y las consecuentes distorsiones en los planes de reinversión y expansión gradual que los empresarios mexicanos hubiesen previsto en el corto y mediano plazos. En todo caso, es presumible que la hotelería tradicional sería bruscamente desestabilizada y que una fuente de significativa importancia, no sólo de captación de divisas sino de ahorro, se vería sujeta a desventajosas condiciones de competencia.

Aquí otro párrafo interesante del Plan Nacional de Desarrollo: ``Se promoverá que el sector financiero genere oportunidades atractivas para inducir un mayor ahorro tanto de las familias como de las empresas. Asimismo, el sector financiero deberá abocarse a generar nuevas fuentes de ahorro, sobre todo en sectores que no han sido incorporados adecuadamente al sistema financiero formal. La captación del ahorro popular es un proyecto al que se le dedicarán esfuerzos y atención especiales''.

Obviamente, fomentar el ahorro popular es una labor compleja y cuyos resultados dependen de la estabilidad de factores macroeconómicos, como la inflación y la paridad cambiaria. No puede haber ahorro si no hay excedentes en el ingreso personal y familiar, por pequeños que fueren. Supongamos optimistamente que tales condiciones se dan y que el sector financiero promueve instrumentos de captación atractivos para esos segmentos del ahorro interno. ¿Qué pesaría más en el ánimo del potencial ahorrador: la sensatez de una inversión estable en el sistema financiero formal o la tentación de las apuestas en los casinos aureolados por la fantasía del enriquecimiento súbito? La idiosincrasia de nuestros compatriotas no puede ser ignorada.

La señora Silvia Hernández no ha corrido con suerte en sus afanes innovadores. Se le encomendó el Instituto Nacional de la Juventud y, después de convertirlo en un organismo amorfo denominado Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), terminó por extinguirse. Después se hizo cargo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), a la que cambió de nombre y estructura, y ahora nadie sabe si todavía existe el sector popular del PRI. Cuidado. Si se le dejan manos libres, podrían quedar reducidos a polvo algunos postulados del Plan Nacional de Desarrollo.