La semana pasada dejé de ser consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral (IFE). Creánme, la pérdida de la investidura es un trago amargo (les contaré a detalle en Reflexiones privadas, testimonios públicos, Oceáno, noviembre 1966). Después de 30 años de abogado privado he practicado la función pública apenas 29 meses. La política es como ejercicio profesional, embriagador, aun en las pequeñas dosis que me tocó probarla. Ya el doctor Salvador Nava me advirtió: ``Si esta víbora te pica, no hay remedio en la botica''. Hay que seguir ``montados sobre la transición a la democracia''.

Pero la transición aún no tiene vitalidad robusta. La Reforma Electoral que sería el primer síntoma de su consolidación, va por ahí dando tumbos. El primero ha sido su escandalosa lentitud. Doy testimonio público de que en diciembre de 1995 los dirigentes de los cuatro partidos estaban de acuerdo en todo lo sustancial en una reforma de elecciones que no es sino un modesto arranque de una transformación política a fondo. Los partidos tardaron siete meses para alcanzar en julio una reforma constitucional radical, profunda, pero tardía. Después los legisladores que se habían dado a sí mismos como plazo máximo el 31 de octubre para terminar la legislación electoral y para designar a los consejeros del neo-IFE, se dieron el lujo de esperar, ``a la mexicana'', hasta los últimos días. Cuando éstos se les vinieron encima, los cuatro partidos cometieron por unanimidad el desaguisado de designar a los nuevos consejeros antes de reformar la ley. Empañaron la alta calidad del elenco que lograron casi de milagro. (Yo creo que en lo fundamental y en secreto estaba consensado desde meses antes.)

La ciudadanía vio con indiferencia un proceso grotesco: en las horas de una tarde las dos Cámaras reforman cuatro artículos de la vieja y agonizante ley y designan por unanimidad a los consejeros. Luego éstos, por respeto humano al nuevo presidente del IFE, designaron como secretario ejecutivo a Felipe Solís Acero. Yo tuve el gusto de colaborar con este funcionario del IFE recto y eficaz, aunque cerca del gobierno. La oposición criticó su nombramiento a ``toro pasado'' y nos quieren hacer creer que no habían llegado a un acuerdo a pesar de ser clave.

Los plazos se agotan de nuevo con la cercanía del arranque del proceso electoral de 1997, los negociadores vuelven a disputar el tema: financiamiento a los partidos y los gastos de campaña. El PRI defendió la prevalencia del financiamiento público sobre el privado lo que puede impedir el peor defecto de las elecciones mexicanas: el clientelismo del dinero y la posible introducción del billete negro.

Pero el PRI, agobiado por una enorme burocracia y su costo, quiere mantener lo más alto posible las asignaciones a los partidos (él tiene la principal tajada). Incluso amenaza con imponer por mayoriteo normas que conducirían a establecer 2 mil millones de pesos como financiamiento a los partidos en 1997, que sumados a los 2 mil 500 que costará la administración del IFE llegarían a 4 mil 500. La democracia cuesta pero sería intolerable a este costo para un pueblo pobre y en crisis. Muchos críticos reclaman que la distribución de recursos excesivos a los partidos (incluso a los de oposición) provocará corrupción más que democracia. La reforma electoral pudiera volverse profundamente impopular. Sería muy grave. Alentaría a los retrógrados.

La oposición tiene razón: el criterio que esgrime el PRI es inconstitucional. El financiamiento y los topes de campaña deberán ser determinados por el Consejo en funciones y no se pueden tomar en cuenta los cálculos que se hicieron en 1995 basados en el costo sin techo de la campaña de 1994. La oposición tiene razón, pero ¿por qué la hace valer tardíamente? ¿Por qué no exigió aclarar el punto antes de votar la Reforma Constitucional o elegir consejeros?

Podría uno aventurar una hipótesis: la iniciativa de reformas va a revisarse hasta el martes de la próxima semana. Se abre así otro plazo para negociaciones entre la oposición y el PRI. Este breve diferimiento podría explicarlo todo. La reforma (quizás) es rehén de los resultados de las reñidas elecciones de este domingo en el estado de México y en otros estados. Si las cosas salen bien habrá consenso y finalmente los partidos de oposición, que no son enemigos de sus propios intereses, aceptarán un monto considerable aunque menor al que propone el PRI.

Una reforma sin consenso sería un fracaso total para el gobierno de Ernesto Zedillo, para la Secretaría de Gobernación, para los negociadores del PRI y los partidos. Sería un desastre nacional. Nos pondría en ridículo.

Me permito ser optimista por enésima vez. Las elecciones de hoy saldrán bien. La reforma irá y se alcanzará por consenso. Y finalmente, como en la comedia de Shakespeare, ``todo estará bién si bien acaba''.