En las instalaciones petroleras y gaseras ubicadas en San Juan Ixhuatepec han ocurrido, con una asombrosa y macabra precisión sexenal, tres accidentes de diversa magnitud en los últimos doce años. El mayor, y el más trágico--un estallido que cobró centenares de vidas, destruyó innumerables viviendas y diversas plantas industriales--, tuvo lugar en la madrugada del 19 de noviembre de 1994; seis años y cuatro días más tarde, el estallido de un ducto de gasolina causó la muerte de dos personas.

Ayer la catástrofe volvió a ocurrir. Ciertamente, y por fortuna, los daños humanos y materiales son menos graves hoy que en 1984. Ello no hace menos escalofriantes las imágenes de lenguas de fuego de cientos de metros de altura y las densas humaredas que se desprenden de los contenedores incendiados ni las implicaciones que de ellas se desprenden: esta catástrofe, así como las anteriores, pudieron ser evitadas.

Conflagraciones como la ocurrida ayer son, en efecto, resultado de una suma de factores que han sido abundantemente señalados y denunciados y cuya corrección ha sido demandada por diversos sectores sociales: entre otros, la falta de una adecuada planificación urbana, en la que se delimiten con claridad las áreas residenciales y las industriales; la ineptitud y la corrupción de autoridades urbanas y municipales que han permitido la integración caótica de ambos usos del suelo; la ausencia de regulaciones para la operación industrial o la falta de rigor por parte de las autoridades encargadas de hacerlas cumplir, y la incapacidad y la falta de recursos, por parte de Pemex, para dar un mantenimiento adecuado a sus instalaciones.

En el caso particular de San Juan Ixhuatepec debe agregarse, además, una insólita y desmedida tozudez burocrática que, a lo largo de doce años, y a pesar de las trágicas evidencias de la peligrosidad de las instalaciones gaseras y petroleras en esa localidad del estado de México colindante con la capital, se ha empeñado en mantenerlas en el sitio.

En este contexto, resulta imperativo deslindar, de una vez por todas, las responsabilidades: de una parte, las de orden técnico por este último accidente de ayer, y por la otra las políticas que conciernen a las autoridades municipales y estatales de 1984 a la fecha, así como a las administraciones de Pemex, a la Secretaría del Trabajo y a las dependencias federales que en ese periodo han tenido a su cargo los asuntos ecológicos y de planeación urbana: la Sedue, la Sedeso y la Semarnap. Los titulares y ex titulares de esas dependencias deben explicar a la sociedad por qué las peligrosas instalaciones siguen estando en San Juanico, en lo que constituye, más allá de toda duda, una actitud de desprecio a la vida humana.