Iván Restrepo
Siniestros: accidentes sin castigo

El 23 de abril de 1992, al día siguiente de la explosión que en Guadalajara ocasionó la muerte de decenas de personas y cientos más resultaran heridas; que diera lugar a cuantiosos daños materiales a miles de hogares, negocios y obras públicas, escribí aquí que esa vasta tragedia tenía responsables, además de quienes criminalmente habían convertido el sistema de drenaje de la perla tapatía en el tiradero de sustancias tóxicas y peligrosas. Referí brevemente entonces una serie de tragedias que han enlutado muchos hogares y costado al patrimonio de las familias y del país. Precisamente inicié la relación recordando la explosión en las terminales y depósitos de gas ubicados en San Juan Ixhuatepec hace ya casi 12 años, el 19 de noviembre de 1984. Murieron 500 personas, cientos más resultaron heridas y mutiladas. Los daños materiales fueron incalculables.

Allí, criminalmente, se permitió que una zona originalmente industrial y de alto riesgo fuera virtualmente estrangulada por asentamientos humanos habitados por cientos de miles de familias pobres, con los consiguientes problemas de salud y seguridad. La corrupción de funcionarios, líderes políticos y terratenientes urbanos, se combinaron para propiciar esa ocupación poblacional . Se ignoraron así los publicitados planes oficiales para garantizar un crecimiento urbano ordenado, acorde con el ambiente y que no represente peligro para la ciudadanía. Pero también los pedidos de los lugareños para reubicar las gaseras y Pemex. Nunca fueron escuchados y en cambio se recuerda la prepotencia y el desdén con que el entonces director de la empresa de todos los mexicanos trató a los que lloraban a sus muertos y perdieron sus haberes personales. Los responsables de la tragedia jamás fueron tocados ni con el pétalo de un citatorio. Pero se prometió que, entonces sí, se procedería a reubicar las gaseras y demás industrias peligrosas de la zona. Promesa incumplida, mientras las autoridades tendieron un velo de impunidad en torno a quienes desde el poder propiciaron la tragedia.

Años después, el 3 de mayo de 1991, en la zona urbana de la ciudad de Córdoba, se incendió la fábrica Agricultura Nacional de Veracruz, tristemente conocida ahora por sus siglas de Anaversa. Dedicada a elaborar y almacenar plaguicidas, algunos de ellos de enorme toxicidad para seres humanos y el ambiente, funcionó durante treinta años en medio de irregularidades sin cuento, fruto de la corrupción y la negligencia de funcionarios del sector salud y de la entonces Sedue. Miles de personas fueron desalojadas a altas horas de la noche mientras el incendio se combatió tan mal que se contaminaron los suelos, las aguas subterráneas y los lechos de arroyos y ríos. No se sabrá nunca cuántas personas han muerto por causa de Anaversa. Pero sí se conoce cómo por años, los vecinos, los maestros y alumnos de las escuelas ubicadas cerca de la citada negociación pidieron a las autoridades locales, estatales y federales que cerraran ese foco de contaminación, pues los niños se mareaban en ocasiones como fruto del aire contaminado con agroquímicos. Nunca les hicieron caso. La impunidad pudo más que el ofrecimiento de sancionar a los responsables. Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido cumplida en todas sus partes. Los funcionarios de entonces gozan de cabal salud y hasta imparten cátedra política y científica.

Con mejor suerte corrieron los trabajadores de la empresa Egloff ubicada en Nuevo León, que de milagro no murieron al derramarse una pipa que contenía ácido clorhídrico. La empresa no contaba con los equipos de seguridad requeridos. En cambio, en 1991 murieron 12 personas y más de 30 intoxicados al derramarse por el rumbo de Olivar de los Padres, delegación Alvaro Obregón, miles de litros de gas cloro que eran transportados en un camión carguero sin observar las mínimas medidas de seguridad. Un mes después, miles de personas fueron evacuadas (y algunas atendidas en hospitales) de una zona cercana, Magdalena Contreras, para evitarles daños a la salud: alguien que se dedicada al traslado de compuestos químicos echó al drenaje de su casa decenas de litros de acrilato de butilo, fruto del robo hormiga que hacía a las compañías donde prestaba sus servicios. En los tres casos citados, las autoridades anunciaron medidas para evitar que se repitieran hechos tan lamentables y para hacer cumplir la ley.

Algo que también dijeron cuando se registró una fuga de amoniaco en la empresa Catálisis Industrial, en la zona de Tizayuca, Hidalgo. Al derramarse en Mexicali 500 litros de ácido clorhídrico para elaborar plaguicidas en la empresa Química Orgánica. Medio millón de personas fueron desalojadas de las colonias cercanas a la citada planta para evitar lo peor. Al enfrentar varias fugas de gases y ácidos en industrias químicas de Monterrey y que causaron pánico y daños a la salud de decenas de trabajadores y vecinos. O al ocurrir accidentes y muertes que lamentar en los ductos de Pemex en el sureste y en otras instalaciones de la paraestatal. El de Cactus como muestra sobresaliente de tragedia anunciada.

Podría citar muchos otros acontecimientos relevantes. Baste ahora señalar que en los últimos cinco años he dado cuenta en La Jornada de 62 casos ocurridos lo mismo en el Valle de México, que en el resto del país. De distinta forma, en ellos se han combinado la corrupción y la decidia de funcionarios y empresarios, y la inexistencia de un sistema de protección civil y de prevención de desastres. Como dato curioso, las autoridades han prometido siempre la más exhaustiva investigación para sancionar a los responsables y proceder a realizar estrictas auditorías ambientales para comprobar el estado de las instalaciones de las empresas y garantizar la vigencia de la ley. También, extremar medidas para evitar nuevas tragedias.

Con lo ocurrido nuevamente en San Juan Ixhuatepec queda demostrado que no es válido llamar accidente lo que en realidad es el fruto del incumplimiento del deber estricto. Las investigaciones exhaustivas deben darse antes de que ocurran las catástrofes. Esas son las investigaciones exhaustivas que se requieren. Las investigaciones exhaustivas después tienden a ser disculpas, falsos arrepetimientos y deseos de apaciguar con palabras lo que no se logró con medidas técnicas.