Daniel Rodríguez Velázquez
Ixhuatepec: desastre social
Por tercera ocasión en 12 años los habitantes de San Juan Ixhuatepec y de la zona norte de la ciudad de México viven un desastre. Desde el ocurrido el 19 de noviembre de 1984, el 23 de noviembre de 1990 y ahora, 11 de noviembre de este año, en instalaciones de la Planta Satélite Norte de Pemex varias explosiones encadenadas amenazan la seguridad de la población.
Después del litigio de 1984 (el entonces director de Pemex afirmaba que la empresa no era responsable del desastre), cuando surge la Unión Popular Ixhuatepec (UPI), se publica un decreto (noviembre de 1986) para la reubicación de plantas de gas L.P. localizadas cerca de centros de población, misma que no se ejecutó. En diciembre de 1990 es firmado el convenio que crea el Programa de Protección Civil para San Juan Ixhuatepec, por parte del Gobierno del Estado de México, Pemex, Sedue, Gobernación, el Ayuntamiento de Tlalnepantla y el Consejo de Colaboración Municipal, excluyendo a la UPI, que se oponía a un programa que omitía la demanda planteada desde 1984: reubicación de las gaseras privadas (entre otras Unigás, Vela Gas, etc.) y de Pemex).
El contenido de este programa consistía en obras de urbanización (sobre todo vialidades), construcción de una estación de bomberos y medidas de seguridad industrial. Sin embargo, la demanda de la UPI no fue considerada, razón por la cual se decidió crear un ilegítimo Consejo de Colaboración Ciudadana, mismo que fue repudiado por los colonos, no así por las autoridades, que preferían negociar con una dócil representación ``legal''. De esta manera se cumplen seis años de este programa y diez años de un decreto que no operó.
La columna de humo alcanzaba hoy (11 de noviembre) cerca de 4 kilómetros de altura, visible desde cualquier parte de la metrópoli. La reacción inmediata de las autoridades incluirá, en el marco de las declaraciones de diversos sectores sociales: acordonamiento, acción de grupos de rescate y atención de emergencias, desalojo temporal de habitantes de algunas colonias, instalación de refugios temporales, intervención de facto de las fuerzas armadas, declaraciones solemnes ``se está investigando'', ``se procederá hasta las últimas consecuencias'', ocultamiento de las causas y del saldo del desastre, etc.
Hace dos meses se firmaba otro convenio --a nivel cupular-- relativo al polígono de seguridad en la zona de San Juan Ixhuatepec.
A lo largo de esta historia ha quedado claro que la movilización ciudadana ha sido importante, pero no escuchada; en 1990 los colonos se dirigieron al Zócalo, a Los Pinos (donde les fue impedido el acceso), sin respuesta seria. Ojalá que en esta ocasión no se repita la consigna burocrática de reducir a la población a la categoría de ``agente afectable'' o damnificado, sin peso en materia de decisiones urbanas y de seguridad.
Los vecinos de Ixhuatepec con razón expresan su rechazo a estas prácticas institucionales, y hasta ahora han sido excluidos, salvo cuando hay campañas electorales.
Una solución de fondo pasa por la participación social, sin simulaciones ni retórica, para darle largas. Del desastre puede resurgir la falta de credibilidad; se trata de un problema social que está sucediendo en todo el país.