Una vez más crece la tensión en Chiapas. La violenta represión lanzada el sábado pasado por el gobierno estatal en contra de productores de maíz que habían bloqueado una carretera en Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, y que dejó tres muertos entre los manifestantes, ha generado, como saldo adicional, un severo malestar en diversos sectores sociales y políticos de la entidad: tanto entre numerosas organizaciones campesinas --simpatizantes o no del Ejército Zapatista de Liberación Nacional--, como entre las fracciones panista y perredista en el Congreso local, las cuales demandan que el gobernador interino se retire del cargo, a fin de que puedan celebrarse nuevas elecciones.

La dirigencia rebelde, por su parte, ha interpretado las acciones violentas del gobierno estatal como maniobras orientadas a socavar las conversaciones de paz de San Andrés Larráinzar, y ha pedido el traslado de ese foro a otro sitio de México o del extranjero.

Considerando que el diálogo de San Andrés busca poner fin a la insurrección armada iniciada por los zapatistas el primero de enero de 1994, y tomando en cuenta la seriedad y la profundidad del compromiso que la dirigencia rebelde ha asumido con el proceso de pacificación, no es difícil entender la exasperación del comandante Tacho cuando pide, a nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el traslado de las pláticas.

Porque, en efecto, actos represivos como el perpetrado en Laja Tendida constituyen un mentís a las posibilidades de la participación política y social pacífica de los campesinos chiapanecos y dificultan, en esa medida, la consecución de la paz y generan condiciones propicias para nuevos alzamientos armados.

En esta perspectiva, aunque resulte paradójico, acciones gubernamentales como la del sábado pasado, en el municipio de Venustiano Carranza, que recuerdan las peores épocas de los gobiernos de Absalón Castellanos y de Patrocinio González Garrido, no contribuyen a preservar la paz y, además, subvierten el frágil y precario equilibrio en que vive Chiapas desde hace 35 meses.

Puede suponerse que los efectivos policiales que atacaron a los campesinos de Laja Tendida actuaron fuera del control y del conocimiento del gobernador Julio César Ruiz Ferro; del secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, y de su ayudante Uriel Jarquín. De ser así, estos funcionarios habrán de deslindarse inequívocamente de esos hechos y promoverán una investigación puntual y profunda que permita llevar a los tribunales a los responsables de las tres muertes ocurridas durante el violento desalojo. Si ello no ocurriera, habría que concluir que la comandancia zapatista está en lo cierto y que existe, en las más altas autoridades estatales, el designio de torpedear la paz y de provocar nuevas situaciones de violencia en la entidad