En su carrera para producir leyes sin consultar a la ciudadanía, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal discute ahora la Ley de fomento para el desarrollo económico del Distrito Federal. No cabe duda sobre la imperiosa necesidad de encontrar un camino eficaz, socialmente justo y ambientalmente sustentable, para superar la crisis de más de 15 años de duración que, sumada a la política neoliberal salvaje aplicada para superarla, ha producido la grave situación de pobreza extrema que vive la población de la capital, mil veces descrita y analizada por los investigadores y periodistas (por ejemplo, La Jornada, 4, 5 y 6-XI-1996). Este proyecto de ``ley'' nos parece otro acto fallido.

Como otra muestra de la confusión de papeles en el régimen político presidencialista y de partido de Estado, la ``ley'' se acerca más a un discurso general e incompleto de política económica, lleno de declaraciones de intención, que a una ley que regule derechos y obligaciones de los actores económicos y establezca instrumentos y procedimientos institucionales en el largo plazo. La subordinación del derecho a la política gubernamental es claro en el condicionamiento de la ``ley'' a los planes y programas de desarrollo, lo cual la define como un instrumento legal de corto plazo: la duración de un gobierno y una mayoría.

La ausencia de mecanismos y procesos de concertación y coordinación integral del desarrollo económico entre el DF, la Zona Metropolitana de la ciudad de México y la megalópolis del centro del país, muestra la incomprensión de la mayoría legislativa sobre la naturaleza del DF como fragmento de una gran ciudad, que impone la definición de políticas unitarias para lograr el desarrollo armónico del todo.

En su afán de responder unilateralmente a la política neoliberal, aunque se refiere reiteradamente a la creación de empleo no menciona el derecho de los trabajadores a recuperar, y la obligación de los empleadores de restituir, la capacidad de compra del salario aniquilada por la crisis y la austeridad forzosa de los ``topes salariales'' y los pactos. Por la misma razón, multiplica las referencias a la promoción de la maquila y la exportación, el cambio tecnológico, la productividad, pero evita cualquier mención a la recuperación y consolidación del destruido mercado interno y la producción a él destinada, esencial para cualquier economía urbana integrada. No hay ``economía de mercado'' viable sin mercado interno.

Hay múltiples referencias a aspectos parciales de la ecología, pero no se establece ninguna relación o condicionamiento directo y explícito entre fomento de la economía (estímulos) y sustentabilidad ambiental. Igualmente superficiales y poco concretas son las medidas para el fomento del sector agropecuario y forestal, esencial para el abasto urbano y la conservación de la naturaleza. La economía ``informal'', en la que subsiste la mayoría de la población, no es mencionada ni una sola vez, ni para su ``formalización'' ni para su reestructuración y apoyo.

Los estímulos fiscales, financieros, administrativos e infraestructurales a las empresas, incluidos en la ``ley'', son subsidios otorgados por el Estado a los empresarios, que chocan con el discurso neoliberal libremercadista de la mayoría gubernamental que se aplica severamente a los sectores populares, a los cuales se les niega cualquiera de sus formas. La ``ley'' no establece alcances, límites, procedimientos ni condiciones para el otorgamiento de los estímulos y deja su manejo al Ejecutivo distrital, sin contrapeso legislativo alguno, reforzando así el poder discrecional, patrimonialista y corporativo del Ejecutivo, uno de los rasgos antidemocráticos del régimen político imperante.

Finalmente, deja en manos del Ejecutivo distrital la designación de los miembros de los Consejos de Fomento Económico, en los que dominan los funcionarios y gremios empresariales designados, lo que les quita representatividad social y aun gremial. En cambio, no se garantiza la representación democrática de los trabajadores y los ciudadanos, que forman esa masa gigantesca de explotados, oprimidos y empobrecidos habitantes de nuestra ciudad. Si esta ``ley'' es aprobada, la transición a la democracia tendrá otra tarea: reemplazarla por otra o modificarla.