ABM: banqueros impugnarán la declaración de inexistencia

Roberto González Amador La Asociación de Banqueros de México (ABM) calificó ayer de ``incomprensible'' la decisión de un tribunal colegiado federal que puso a debate la existencia jurídica de una decena de instituciones de crédito, entre ellas las tres principales del sistema bancario.

El presidente de la ABM, José Madariaga Lomelín, anunció que los banqueros interpondrán ante los tribunales un réplica al fundamento jurídico que sirvió de base a tres jueces federales para conceder un amparo definitivo a dos deudores que esgrimieron fallas en el proceso de privatización de Banco del Atlántico para no pagar intereses excesivos sobre un crédito hipotecario.

En una conferencia de prensa, limitada a sólo cinco preguntas, Madariaga Lomelín desestimó la importancia del debate sobre la presunta ``inexistencia jurídica'' de la banca y criticó que los medios de comunicación hayan dado importancia a este asunto.

``Me parece que estamos en un proceso en el que a hechos y sucesos reales se les quiere dar interpretaciones de tipo espectacular y doloso de manera que puedan desvirtuar la opinión pública'', dijo Madariaga.

Luego de tres semanas de que se conoció que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari emitió el decreto de privatización de diez bancos cuando ya no estaba facultado legalmente para ello, la ABM emitió ayer su primera opinión oficial sobre el tema.

Madariaga aseguró que los organismos de deudores que promueven la idea de la inexistencia jurídica de la banca están formados por gente ``que cuando pierde terreno en relación con los problemas de la banca lleva el tema a otros foros, pretendiendo ser salvadores de las causas perdidas, o bien generar ruido''.

El presidente de los banqueros estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Luis Robles Miaja, coordinador del comité jurídico de la ABM, quien aseguró: ``No se puede afirmar seriamente la inexistencia jurídica de la banca'', aun si el decreto de privatización fue extemporáneo.

Los organismos de deudores fundamentan su acusación en que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito concedía al Ejecutivo 360 días naturales para expedir los decretos de privatización. En el caso de diez bancos, el decreto se firmó después del vencimiento del plazo previsto por la ley.

Robles Miaja aseguró que el plazo se estipuló en la ley ``a efecto de instar al Ejecutivo a expedir los decretos de privatización''. Pero, añadió, la facultad legal para firmar los decretos no deriva del artículo séptimo transitorio, sino del artículo 89, fracción 1 de la Constitución, ``por lo que el artículo transitorio no podía limitar el ejercicio de esa facultad al propio Ejecutivo''.

Según el experto jurídico de la ABM, ``es absurdo afirmar la inexistencia jurídica de la banca, como también lo es afirmar que la transformación de la banca nacional en sociedades anónimas no surtió plenamente sus efectos''.

Por ello, Madariaga Lomelín consideró que la decisión del tribunal que cuestionó la existencia jurídica de la banca carece de fundamento legal.

``Este tema sólo nos preocupa desde el punto de vista de la mala información que se está dando al público, no sólo a los deudores sino al público en general''.

La conferencia de prensa estuvo precedida por la comida mensual de la ABM, a la que asistieron el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera; el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y los subsecretarios de Hacienda. Los funcionarios ofrecieron a los banqueros información sobre los lineamientos de política económica para 1997, que el viernes explicará Guillermo Ortiz ante el pleno de la Cámara de Diputados