Hace ya varios años que el cultivo del maíz en México ha dejado de ser, en estricto cálculo costo-beneficio, una actividad económica rentable: sembrar ese cereal ancestral en las condiciones geográficas y humanas de nuestro país es más caro que importarlo del extranjero, particularmente de Estados Unidos, donde los cultivos mecanizados en grandes planicies permiten una rentabilidad mucho mayor.

En este contexto, los productores nacionales de maíz enfrentan dificultades severas, en tanto que el cultivo mismo del grano ha ido reduciéndose y refugiándose en las siembras de autoconsumo, para las cuales poca relevancia tienen los precios internacionales.

En tanto el Estado mantuvo una política de subsidios a la producción maicera nacional, esta diferencia pudo ser amortiguada mediante el otorgamiento a los productores de precios de garantía. Pero, conforme se han ido imponiendo las tendencias de adelgazamiento del Estado, de apertura indiscriminada de las fronteras y de consagración de las leyes de la oferta y la demanda como únicas reguladoras de la actividad económica, los subsidios a la producción nacional maicera han disminuido significativamente --hay una reducción neta entre lo que se otorgaba a los productores vía precios de garantía y lo que se les entrega hoy en día por medio de precios de referencia, Procampo y apoyo a la comercialización.

En estas condiciones, la producción nacional de maíz es cada vez menos viable.

Si lo que está en juego fuese un mero problema de costos y beneficios, el asunto sería de obvia resolución: habría que remplazar lo que queda de la producción maicera por cultivos más rentables y competitivos en los mercados internacionales e importar la totalidad del consumo nacional de ese grano.

Pero, por fortuna o por desgracia, las cosas no son tan simples: el país no es capaz de ofrecer otras alternativas laborales a la mayor parte de los campesinos que cultivan maíz, por lo que el abandono de esta actividad está contribuyendo a gestar un problema social de graves magnitudes. Por otra parte, el confiar el abasto cerealero del país a las importaciones nos coloca en una situación de dependencia con el exterior y, en consecuencia, conlleva riesgos de consideración para la soberanía nacional. En tercer lugar, nada garantiza que los precios internacionales del grano vayan a mantenerse en sus niveles actuales por tiempo indefinido.

Consideraciones como las anteriores impulsan a las naciones de la Unión Europea a subsidiar a sus agricultores, independientemente de los vaivenes y las modas en políticas y modelos económicos. Otro ejemplo de esta actitud es la determinación japonesa de subvencionar su producción arrocera contra viento y marea, y mantener una estricta prohibición a las importaciones de arroz extranjero, el cual resulta ciertamente más barato.

Pero acaso la razón principal para abogar por la subvención oficial a la producción maicera es la importancia cultural que ésta tiene en nuestra alimentación, en nuestra historia y en nuestra conformación como país. Sería inadmisible abandonar el cultivo del cereal mesoamericano por excelencia, al alimento que ha nutrido a los habitantes de esta porción del mundo desde hace milenios, y que todavía en el presente constituye parte fundamental e irrenunciable de nuestra dieta