Rompe el PRI en la Cámara con varios acuerdos de la reforma
Oscar Camacho Guzmán y Ciro Pérez Silva Ante la negativa de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) a aceptar los 2 mil 225 millones de pesos como financiamiento de las agrupaciones políticas para 1997, la fracción del Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados rompió ayer parcialmente con los acuerdos alcanzados en 16 puntos de la reforma electoral, y con su sola mayoría de votos aprobó en comisiones el dictamen al paquete de reformas.
``Esto es la guerra'', reaccionó de inmediato el coordinador perredista, Pedro Etienne, quien responsabilizó directamente de los cambios al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Santiago Oñate. El líder de la bancada panista, Ricardo García Cervantes, aseveró por su parte que la decisión priísta ``alienta a los más duros y retrógradas'' y supone un serio obstáculo a la transición democrática pacífica.
Los cambios realizados por el Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa de reformas electorales fueron considerados, por panistas y perredistas, no sólo como un ``ajuste de cuentas para no ceder tanto ante la oposición'', sino también como una ``rebelión del Revolucionario Institucional en contra del presidente Ernesto Zedillo, pues aunque los acuerdos fueron alcanzados entre los partidos, fue el mandatario quien envió finalmente la iniciativa de reformas'', apuntó el perredista Jesús Zambrano.
El diputado priísta Jorge Moreno Collado explicó que quienes ``pusieron las bases para esta retractación son los que se salieron del consenso (Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática)'', pues sostuvo que si ellos no iban a votar a favor del financiamiento propuesto, entonces ``obviamente nosotros no teníamos por qué reconocer los otros acuerdos''.
Y agregó: ``Los reconocemos como acuerdos que hubo, pero no tenemos por qué sostenerlos, si ellos no sostuvieron los acuerdos de votar a favor en todo lo que no había pugna, y el único tema en el que había pugna era el de financiamiento''.
Sin embargo, por la noche, priístas muy cercanos al coordinador de la bancada tricolor, Humberto Roque Villanueva, aseguraban que aún no estaba ``todo dicho'', y que las negociaciones continuaban, especialmente fuera de la Cámara de Diputados, por lo que decían que este jueves, cuando el dictamen se discuta y vote, tendrá ``varios cambios''.
Diputados priístas, empero, señalaban en corto que los cambios ``pueden ser vistos desde distintas ópticas''.
Decían, por ejemplo, que por un lado los cambios introducidos pueden servir para calmar el descontento de los priístas que piensan que se le han hecho muchas concesiones a la oposición, así como el temor de aquellos que, tras de las elecciones del domingo, ven con temor el asunto de las coaliciones.
Pero también apuntaban que dos de los cambios realizados ``benefician directamente'' al Partido Acción Nacional, pues por un lado se aumentó el tope de financiamiento privado y, por el otro, se le da la posibilidad de sobrerrepresentarse si es que en 1997 resulta la segunda fuerza con presencia en la Cámara de Diputados.
Desde la semana pasada, el Revolucionario Institucional advirtió que si Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática no aceptaban el monto del financiamiento, y se mantenían en la intención de votar en contra de la iniciativa presidencial, el Partido Revolucionario Institucional se retractaría de todos los acuerdos, según dijo entonces Jorge Moreno Collado.
Ayer lo cumplió parcialmente, cuando los diputados priístas se presentaron a la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con un proyecto de dictamen en el que daban marcha atrás de manera parcial en 16 acuerdos previos.
Al conocer el contenido del proyecto de dictamen, los diputados de Acción Nacional y los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo protestaron de inmediato, recriminaron el rompimiento de los acuerdos y, al no obtener respuesta conciliatoria del Partido Revolucionario Institucional, abandonaron la reunión.
Ya solos, los priístas -con su mayoría legislativa en la comisión- aprobaron el dictamen y, por la noche, lo presentaron en primera lectura ante el pleno de la Cámara.
Entre los ``ajustes'' realizados por el Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa presidencial de reformas electorales destacan los siguientes:
1) Se disminuye el número de candidatos que podrán presentar los partidos en coalición. 2) Se abre la posibilidad de que en la Cámara de Diputados pueda sobrerrepresentarse más de una fuerza política, a costa de las diputaciones plurinominales que les correspondan al resto de los partidos. 3) Se incrementa en cien millones el monto del tope al financiamiento privado de los partidos.
4) Se cambia la distribución de los tiempos en radio y televisión, al establecerse que en lugar de 60 por ciento de manera proporcional al número de votos y 40 en forma igualitaria entre todos los partidos, el tiempo en medios electrónicos sea distribuido igual que el financiamiento, es decir, 70 por ciento proporcional a la fuerza electoral y 30 en forma igualitaria. 5) Se elimina la obligación del Instituto Federal Electoral (IFE) de producir los programas de radio y televisión, y se deja esta tarea en manos de los propios recursos con que cuenten los partidos. 6) Se modifican los tiempos y segmentos de acceso a los medios electrónicos en tiempos de campaña electoral.
El panista Ricardo García Cervantes consideró probable que la reacción priísta tenga su origen en los resultados electorales del pasado domingo, y señaló que ``el país requiere en su conducción y en su transición que más que dejar aflorar sentimientos y decisiones producto de un estado de ánimo, tengan lucidez e inteligencia y el razonamiento claro''.
A su vez, el coordinador perredista, Pedro Etienne, consideró que el proyecto de dictamen es totalmente inaceptable, ``porque lo que está de por medio es el respeto a un proceso de negociación donde han participado todos los partidos y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación'', dijo.
Sostuvo que antes de cualquier consideración debe prevalecer el respeto a los acuerdos que se tuvieron hasta el 30 de octubre, y los cuales sirvieron de base para resolver un problema constitucional serio, que era la fecha ``fatal'' para nombrar al Consejo General del Instituto Federal Electoral.
``En palabras mexicanas --dijo--, se está gestando una rajada de todo lo acordado; lo más lamentable es que se están rajando a partir de un resultado electoral, eso es lo que hay y uso esta palabra porque es la más gráfica para describir la actitud de los priístas'', subrayó Etienne.
En tanto, el priísta Ignacio González Rebolledo consideró: ``Ellos (Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática) debieron haber entendido que con los triunfos que obtuvieron el pasado domingo ya no era tan importante el aspecto del financiamiento, pero se mantuvieron cerrados y nos obligan a que nosotros nos desliguemos de cualquier compromiso''.
Además de los cambios arriba señalados, el dictamen priísta elimina la posibilidad de que una misma persona pueda ser registrada como candidato de representación proporcional y uninominal al mismo tiempo para el Senado.
Los partidos más chicos
Se reforma todo lo concerniente a la materia de coaliciones. En tal virtud, el techo de las mismas se disminuye, pues estaba fijado para diputados en 160, y se baja a 100; para senadores en 34 fórmulas, o sea 17 estados, y se baja a 20 fórmulas.
También se disminuye considerablemente el tope de coaliciones para el Distrito Federal, pues de hasta 20 candidaturas en coalición para la Asamblea, se disminuyó a 12. Las agrupaciones políticas, en tanto, sólo podrán coaligarse con partidos y no con otras coaliciones.
Se obliga a los partidos políticos a destinar 50 por ciento de sus prerrogativas de financiamiento público para producir programas en los que se difunda la actividad partidista.
Asimismo, se obliga a los partidos a utilizar su financiamiento sólo para fines electorales y partidistas, y bajo ninguna circunstancia para fines sociales, como lo pensaba hacer el Partido de la Revolución Democrática en el caso de las viudas de los perredistas asesinados.
Se disminuye de cinco a tres años el tiempo en que un dirigente de partido debe apartarse de su militancia para poder acceder a ser funcionario electoral.
Se hacen algunas precisiones en materia de la elección de los delegados en el Distrito Federal, quienes deberán ser ratificados por las dos terceras partes de los asambleístas ``presentes''.
Además, se adelanta una reforma en el artículo 403 del Código Penal, pues se propone en la iniciativa que se tipifique como delito electoral el que una persona dé más dinero del que debe o pueda dar a un partido político, y considera excesivo castigar a quien se está desprendiendo de su dinero para un partido político y se le deba perseguir porque se le pasó un poquito la mano.
Por último, si fuera un problema de lavado de dinero, el delito ya está establecido y no es necesario ponerlo en el capítulo de los delitos electorales