Tan ilegal como un asalto bancario es la banca y el sistema bancario, sinónimos de crimen organizado, terrorismo, infractores y transgresores. Los 180 mil millones de pesos del erario público, otorgados por el gobierno para apoyar a los bancos entre 1995 y 1996, constituyen hoy la mayor operación ilegal y el mayor fraude que jamás imaginó nadie.

La histórica resolución de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali que otorgó el amparo definitivo a un particular aceptando la inexistencia jurídica de la banca, necesariamente abre la puerta a la reestructuración de sus funciones, al cese del pillaje y hasta podría llevar a juicio el proceso de privatización de los bancos. Por incumplimiento en el artículo 7 transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada en julio de 1990, Banamex, Bancomer, Serfin, Atlántico, Internacional (Bital), Inverlat, Bancrecer, Unión, Mexicano y Confia no son sociedades anónimas y tampoco existen como Sociedades Nacionales de Crédito.

En la resolución de los magistrados Humberto Trujillo, Sergio Coss y Adán Villarreal se juega la credibilidad del Estado de derecho y su justicia, así como la defensa de intereses y errores de la administración pública. Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz estarán pensando cómo enconder a la banca ``bajo la lámpara'' para defenderla, eludir la responsabilidad ``aunque se quemen'' y optando por ``los riesgos'', lo cual significa sepultar nuevamente la división de poderes y el sistema de justicia.

Ya con el caso de Aguas Blancas, la Suprema Corte, a petición del propio Ejecutivo, emitió opinión contra Figueroa y el gobierno. Esta resolución fue sepultada mediante la guerra sucia y la exoneración de los responsables por parte del Congreso del estado de Guerrero. ¿Con qué maniobras el Ejecutivo tratará de neutralizar la resolución de los magistrados sobre la inexistencia jurídica de los bancos? ¿Cuál será la opinión de la Suprema Corte? ¿Se plegara a los intereses o actuará en defensa de la resolución de los magistrados Trujillo, Coss y Villarreal?

La sentencia de los magistrados dignifica al Poder Judicial y sin tantos discursos, como los que predominan en el Legislativo (que no ha realizado un solo acto de independencia frente al Ejecutivo), ha hecho valer la división de poderes. Esta resolución tiene importancia histórica, ya que si predominara el Estado de derecho sobre los intereses de la banca y la irresponsabilidad gubernamental, el Poder Judicial adquiriría la credibilidad necesaria para reivindicar las instituciones de la República, mismas que no tienen ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo. Lo contrario significará que el Poder Judicial no ha dejado de ser el burdel en que ha sido convertido dada la injerencia del mejor postor y los intereses políticos.

En su respuesta informativa durante el juicio de amparo, el Presidente de la República y el secretario de Hacienda reconocieron la inconstitucionalidad de los decretos y la ilegalidad de las sociedades anónimas, pero las calificaron como situaciones ``de poca importancia''. La resolución es histórica porque hace prevalecer las garantías individuales de un ciudadano en contra de todo el sistema financiero y la sentencia es contra él, por una razón: porque no la tiene.

Hoy, esta sentencia es trascendental no sólo en lo jurídico, sino en lo político ya que busca el equilibrio del país y desmonta la falsa moral legalista del gobierno y del poder económico, cuyas resoluciones son tan ilegales como un asalto bancario. ¿Qué situación guardan los 180 mil millones de pesos otorgados por el gobierno ``en apoyo'' a la banca? ¿Cuál es la justificación para otorgárselos? ¿Los pagarán? ¿Los cobrará el Estado?

Más bien se percibe un aumento en la cuota de fugitivos y su ingreso al paraíso, inaugurado por Cabal Peniche y Salinas de Gortari. ¿Podrá aplicarse ``toda la fuerza del Estado'' en contra de la ilegalidad bancaria? Mil a uno que la moral del gobierno defenderá a los socios y amigos en contra de los intereses de los mexicanos y la justicia.