El tianguis o ``tiangue'' es el mercado más antiguo de que tenemos noticia. Los filipinos le llaman ``tiánguez''. Ahí se reunieron desde épocas precortesianas en una especie de feria periódica los productores del campo y los artesanos, se instalaron los puestos de comida y las ventas de licores. Aún existen algunos tianguis en donde el trueque, la forma más antigua de tráfico de bienes de consumo, es el modo más común de intercambio.

La creación de grandes mercados y la adopción de las cadenas de tiendas de autoservicio, que representan una gran competencia, no han minado esa antiquísima expresión de nuestra cultura. Pese al avance de la ``modernidad'', los tianguistas han sobrevivido, debido en parte a que el partido gobernante los organizó como uno más de sus sectores populares. Para obtener el permiso de instalacion del puesto, el tianguista tenía que contar con la documentación que acreditara su pertenencia a la organización filial del PRI. Ni las ``dádivas'' que diaria y ``voluntariamente'' deben dar al representante de la organización, ni los ``impuestos'' que tienen que pagar a agentes de la autoridad, han sido suficientes para desanimarlos en su labor.

A pesar de esa imperturbable existencia secular, durante los últimos quince años de ``modernización'' económica, pero sobre todo en el presente sexenio, una grave amenaza pende sobre ellos: la exigencia que los representantes del comercio formal han formulado al gobierno para que incluya el asunto del comercio ambulante como uno de los puntos de la agenda de ¡seguridad nacional!

Los argumentos del empresariado básicamente se sustentan en la inexistencia de gravámenes fiscales para el sector informal, lo cual, dicen, genera una competencia desleal, y que una parte de la mercancía que se comercializa proviene del crimen organizado, es decir, de los asaltantes de camiones y bodegas, y del contrabando internacional.

Pero si bien es cierto que tales argumentos son atendibles, de ninguna manera son suficientes para que el tema se incluya entre las cuestiones de seguridad nacional.

Los problemas que actualmente aquejan al comercio formal no se derivan de la existencia del ambulantaje, sino del modelo económico neoliberal, cuyo principal beneficiario es el especulador financiero, el productor extranjero y el empresario que produce para el mercado externo. El crimen organizado, sobre todo en esta materia, es en efecto un problema de seguridad, pero de seguridad pública. Y la competencia desleal es mucho mayor en el marco del TLC, por la eliminación o disminución de los aranceles para mercancías importadas.

Tómese en cuenta por otro lado que, como resultado del terco mantenimiento del modelo, desde enero de 1995 a la fecha cada día se cierran 25 empresas; que la cifra de desempleados crece de manera indetenible, y que el salario mínimo cubre ya sólo la cuarta parte de las más indispensables necesidades familiares.

Eso sí es un problema de seguridad nacional: que el 70 por ciento de la población nacional se encuentre viviendo en la pobreza y la pobreza extrema. No sólo está en riesgo la vida y la salud de más de dos tercios de la población actual, sino que en esa situación vivirán los mexicanos que aún no han nacido. De acuerdo con la CEPAL, ya en estos días uno de cada cinco niños está obligado a trabajar para ayudar al gasto. Otras fuentes refieren que asciende a 10 millones el número de niños que trabajan.

Para millares de familias mexicanas el comercio informal es la única alternativa de sobrevivencia que les deja el devastador modelo neoliberal. Proponer su eliminación equivale a condenarlas al pillaje o la muerte.

La reducción del gasto en seguridad social; el incremento de los impuestos y su generalización; el aumento de los precios de los productos y servicios estatales; la destrucción de cadenas productivas; la fuga de grandes capitales; la migración por hambre; el despilfarro de la riqueza nacional; la cesión de la soberanía; la ausencia de presupuesto para el mantenimiento de gasoductos, oleoductos y contenedores de Pemex, son problemas urgentes que deben ser incluidos en una verdadera agenda de seguridad nacional.