Hace unos días, Roberto González Amador escribió en este diario (nov. 13, p. 49) acerca de un programa que se propone financiar el próximo año viviendas a trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos. ``El primero en su tipo'', dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se invertirán 600 millones de pesos de recursos públicos para financiar el enganche de 70 mil viviendas. Los créditos serán en unidades de inversión (Udi) con valor indizado a la inflación, y serán otorgados por medio del Fondo Bancario de Operación y Vivienda (Fovi), cuyo mercado es básicamente la clase media.

Recibirá el nombre de programa de subsidios al enganche para la compra de vivienda de interés social, y consiste en otorgar subsidios hasta de 20 por ciento del valor total de la vivienda, con el fin de complementar el esfuerzo que realizan las familias para integrar el enganche respectivo.

La vivienda será de tipo modular, susceptible de ampliarse posteriormente por cuenta del usuario con valor máximo de 40 Udi, es decir, unos 70 mil pesos a valor presente. El subsidio se asignará en función del monto ahorrado por el adquiriente, cuyo mínimo será 10 por ciento del valor total de la vivienda. De modo que el subsidio será mayor para quienes dispongan de mayor enganche en proporción al valor de la vivienda. Los pagos, de acuerdo con las normas de Fovi, serán indizados al salario mínimo más una tasa de interés de 5 por ciento real.

La justificación del programa, dice la dependencia, está en el tamaño creciente de trabajadores que no reciben atención de los institutos de vivienda y que por carecer de historial crediticio, no tienen acceso al financiamiento de Fovi, además de su imposibilidad para reunir un enganche que para la vivienda de interés social asciende a 10 por ciento del crédito, y sostener un programa de pagos que se prolonga por años.

A reserva de conocerlo con mayor detalle, el programa parece responder a una vieja demanda de los solicitantes de vivienda: librar el obstáculo del enganche, con lo que, en efecto, se eleva el acceso social de los créditos hipotecarios destinados a grupos de bajos ingresos. Sin embargo, fuera de esa disposición, el programa no agrega nada novedoso. En cambio, deja ver los principios mercantiles y no propiamente habitacionales que lo sustentan.

Destaca en primer término el hecho de que sea Fovi la institución elegida para canalizar recursos públicos a la vivienda de interés social, probablemente porque su origen sea internacional. Como no aclara que los destinatarios sean asalariados o no asalariados, es dable suponer que el programa está invadiendo segmentos de la demanda social que Infonavit y Fovissste, para el caso de asalariados, y Fonhapo, para los no asalariados, están desatendiendo o lo hacen inadecuadamente. En segundo lugar que se limite solamente al enganche y no al problema que representa la conversión de los créditos a Udi, como bien lo sabe El Barzón y nosotros los deudores. Y tercero, que no mencione la cartera vencida ni el deterioro del parque habitacional existente.

En relación con lo primero, el que Fovi haya sido elegido para aplicar recursos públicos indica que salen sobrando los otros organismos, en especial Fonhapo, cuyo población objetivo era precisamente la de más bajos ingresos, y que se desatiende la clase media a la que usualmente dirige Fovi sus acciones crediticias. Es probable que el programa abarque cierto financiamiento de Fovi vía Fonhapo, pero eso no cambia la sustitución de funciones que termina por reorientar la política.

Por otra parte, mientras persista el mercado hipotecario en Unidades de Inversión es prácticamente imposible no ya entrar en un crédito sino salir de él sin perder el resto del patrimonio. Lo cual, por cierto, redunda tanto en el crecimiento de la cartera vencida como en la subocupación, venta informal, abandono y envejecimiento del parque habitacional que son los nuevos ingredientes del problema habitacional en nuestro medio.

No está mal que incluso por la vía del mercado se destinen recursos nuevos a atender el problema de la vivienda en el país, pero es claro que si no están enmarcados por una política social sancionada públicamente, estos recursos servirán no para subsidiar a la clase media pauperizada y la popular, sino -una vez más- a los propietarios de las instituciones de crédito