José Agustín Pinchetti
La reforma atraca y se hunde
La reforma electoral parece haber terminado en naufragio. El fiasco de las expectativas acumuladas por 23 meses de tortuosa y torturada negociación se expresa en tres puntos fundamentales: 1) La incapacidad de lograr el consenso. Sin consenso no puede haber reforma política creíble. La ruptura por parte del PRI de los acuerdos con la oposición y el voto ``mayoriteado'' son signos no de habilidad sino de ineptitud y de ceguera. 2) El PRI votó a favor de sí mismo para mantener la inequidad en las elecciones mexicanas y además debilitó las disposiciones sobre sanciones a la violación de topes de financiamiento para que ésta pueda quedar impune. 3) También es un fracaso que los otros grandes avances, que sí contiene el proyecto, en lugar de lucir queden eclipsados.
El PRI logró atrapar a la oposición con una práctica dilatoria. Dejó hasta el último momento el desarrollo de la reforma constitucional en cinco leyes secundarias. También logró obligar a la oposición a votar al nuevo Consejo General antes de la reforma a la ley secundaria que hubiera reglamentado su naturaleza y atribuciones. A pesar de todo este desaseo, muchos nos mostramos esperanzados de que el PRI respetara los acuerdos con sus opositores y que culminara el proceso con un gran éxito. Las elecciones limpias de los estados de México, Hidalgo y Coahuila expresaron una sana pluralidad política y confirmaron nuestros buenos augurios.
Sin embargo, a punto de arribar a puerto la reforma se hundió. Valdría la pena repasar las principales consecuencias:
1) Las elecciones mexicanas seguirán siendo vistas con incredulidad y desprecio por la mayoría del pueblo. Resultarán ridículamente costosas y por lo tanto impopulares.
2) La certeza de que el PRI es incapaz de cambiar y competir realmente, se volverá un elemento inmodificable en la imaginación colectiva. Lejos de impedir las coaliciones servirá para estimular las alianzas de los opositores. De hecho la primera coalición se produjo ya cuando la oposición votó en un solo bloque en contra de la ``reforma''.
3) Una ``reforma'' dudosa obligaría a otra ronda de negociaciones después de 1997. Pero la gente y los políticos están hartos de negociar. Lo que quieren es certidumbres. Y el PRI no las tendrá salvo cuando pierda. Cualquiera de sus victorias, aunque sea legítima será puesta en tela de juicio.
4) Los dirigentes y negociadores de la oposición tendrán que explicar por qué no aprovecharon la oportunidad para exigir garantías de que los acuerdos de una reforma decisiva iban en serio. ¿Por qué dieron su firma en la reforma constitucional? ¿Por qué desbloquearon la designación de los Consejos Electorales?
5) La falta de certidumbre en los procesos electorales va a afectar gravemente las inversiones. ¿Quién podría sentirse alentado a invertir a largo plazo en empresas y empleos sin la certeza de estabilidad política?
6) En efecto, es muy probable que suba de tono la tensión política y que los violentos se sientan más alentados. El fracaso del consenso y la reforma puede convencer a muchos de que el camino de salida no pasa necesariamente por elecciones pacíficas y legales.
7) El proyecto de gobierno de Zedillo perderá su eje atractivo. La promesa de una reforma política definitiva era la única al alcance de un gobierno incapacitado para promover el crecimiento y el bienestar.
¿Por qué pagar estos costos? Todo parece apuntar a que grupos muy poderosos se están imponiendo al presidente Zedillo y a su equipo. ¿Quiénes son? Sospechamos que entre ellos están algunos gobernadores y una buena parte de los dirigentes obreros.
Queda una pequeña esperanza: el proyecto de ley pasará al Senado en los próximos días. El Presidente podría lograr que ahí se reabriera la negociación. Si no se logra, quedaría el medio extremo e improbable del veto del Presidente y con ello una crisis institucional. También la Suprema Corte de Justicia podría revisar las disposiciones de la nueva Ley Electoral. Muchos de sus contenidos son abiertamente inconstitucionales.