Los resultados electorales del domingo 10 en tres estados, pero sobre todo en el de México, prefiguran lo que será este país, en materia de poder público, el próximo siglo: un tripartidismo en el cual el PRI no necesariamente será el mayoritario y sí, cada vez con más frecuencia, actuará en la oposición.

Ello sin duda será útil para la democracia que, contra lo que suelen sostener los priístas, no será plena en México mientras el PRI continúe en la Presidencia de la República y siga dominando el Congreso de la Unión. Esa perspectiva, acentuada por los mencionados resultados comiciales, seguramente influyó en la decisión de los diputados priístas de lanzar al bote de basura dos años de negociaciones sobre la reforma política, en una larga jornada para cuya mejor comprensión es necesario leer la valiosa nota de Ciro Pérez y Oscar Camacho (La Jornada, 15 de noviembre, p. 3.)

Uno de los 17 acuerdos previos desconocidos por el PRI fue el relativo a las coaliciones, y resulta explicable su oposición a éstas, pues un candidato que fuera postulado en 1977 por el PAN-PRD para la gubernatura del Distrito Federal tendría la victoria asegurada, si bien esa postulación era de suyo sumamente lejana. Lo que los priístas no parecen haber medido es el tremendo costo político que su conducta tendrá para su partido, sobre todo si se toma en cuenta la asignación de muy cuantiosos fondos públicos, impuesta por ellos, para el PRI y los otros partidos. Juren que, a la hora de las urnas, la mayoría de los electores tendrá presente la imposición de una reforma sin consenso y el dispendioso subsidio partidario.

Así, a menos que los senadores enmienden las cosas, la reforma electoral que iba a darle al gobierno de Ernesto Zedillo un prestigio que buena falta le hace, se frustró y esta frustración será, a no dudarlo, un clavo más para el ataúd que espera impaciente al PRI.

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El fuego en San Juan Ixhuatepec sugiere muchas reflexiones, desde la irresponsabilidad de Pemex hasta el asesinato de un hombre por militares. En medio de tales importantes asuntos, empero, no debe olvidarse a los bomberos, y no tanto para loar su heroísmo cuanto para satisfacer la necesidad de mejorarles sus condiciones de vida, comenzando por el salario. De poco sirve cantarles admirativos encomios cuando mueren, si en vida se les condena a las carencias y a dos o tres minisalarios.

Y nadie se llame a engaño: la prima de 100 mil pesos a los tragahumos por muerte heroica, anunciada por el jefe del Departamento del Distrito Federal, es insatisfactoria, no sólo porque debería estar acompañada de mejorías disfrutables en vida, sino también por la suma mencionada, que es equivalente, por ejemplo, al aguinaldo de un subdelegado del DDF (108 mil pesos, según denuncia del PRD en diciembre de 1995) y mucho menor al del propio Oscar Espinosa Villarreal (700 mil pesos en 1995), quien, obviamente, no tiene que esperar a morirse para percibir tal cantidad. Adicionalmente, la suma asignada para mejorar el equipo de los bomberos también es menor a este último aguinaldo: 650 mil pesos.

Desde otro punto de vista, el de la comunicación, TV Azteca (apabullada en la cobertura de las elecciones de Estados Unidos) apabulló a Televisa el pasado lunes 11 con la amplísima información de varias horas sobre el siniestro de San Juanico, mientras Televisa seguía con sus telenovelas, y 24 Horas -- con Ricardo Rocha al frente, pues Jacobo Zabludovsky fue enviado a cubrir la visita presidencial a Sudamérica-- se quedaba notoriamente corto.

Ese punto, cuidar la competitividad de Azteca, debiera consumir todas las energías de Ricardo Salinas Pliego, en vez de desperdiciarlas en la ofensiva contra periodistas. Debe entender, como se lo ha indicado su amigo Federico Arreola al reprocharle su actitud, ``que el periodismo honesto no podía dejar pasar la oportunidad de señalar que un empresario de tu tamaño recibió dinero del hermano del ex presidente Salinas.'' (Diario de Monterrey, 4 de noviembre, p. 6-A).

Como tampoco es posible dejar de señalar los estropicios que causa Manuel Cavazos Lerma, gobernador de Tamaulipas, donde acaba de ser detenida por unas horas la propietaria de El Mañana de Nuevo Laredo, Ninfa Deándar, su hijo y su jefe de Redacción, por una denuncia de la alcaldesa laredense. La arbitrariedad debe imputársele a Cavazos, cuyo gobierno ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico --es de esperarse que la PGR ya esté investigando el asunto-- y es quien concentra suficiente poder como para influir en la decisión del juez que ordenó las aprehensiones y provocó de ese modo la solidaridad nacional con los periodistas laredenses.