Deberá dar el IFE parte de su presupuesto a partidos

Antonio Castellanos El financiamiento público que se destinará a los partidos políticos y sus gastos asociados, aprobado por mayoriteo priísta en la Cámara de Diputados, muestra un desfase de 508.1 millones de pesos respecto del proyecto original presentado por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez.

La cifra de 2 mil 225 millones de pesos impuesta por el PRI para el proceso electoral de 1997, tendrá que ser complementada con la partida asignada al Instituto Federal Electoral, y es mayor que la otorgada a la Presidencia de la República y siete secretarías de Estado.

De los aproximadamente 48 millones de ciudadanos empadronados, el costo por cada uno es de 46.35 pesos, que contrasta con la partida destinada al combate de la pobreza, que canaliza 84 centavos diarios para cada mexicano --más de 40 millones-- que vive en esas condiciones. Este presupuesto es de 12 mil 650 millones y observa una disminución real de 4.6 por ciento respecto del ejercido este año.

Lo anterior no considera a los mexicanos en extrema pobreza, calculados en 14 millones según cifras oficiales. El gobierno federal admite que hay más de 41 millones de pobres, aunque la Comisión Económica para América Latina señala que son 45 millones, y el Banco Mundial sostiene que 85 por ciento de los 91 millones de mexicanos vive en esas condiciones.

La fuerte oposición que recibió el alto monto de financiamiento para los partidos políticos, obedeció también al descuido que recibe el sector educativo. Para becas de educación media básica --36 mil 566 y 56 mil para pasantes de educación superior-- se canalizarán solamente 165 millones.

Esto significa que, en términos generales, los becarios recibirán 1.53 pesos diarios, contra poco más de 46 pesos por ciudadano empadronado.

Los 508.1 millones restantes serán ``pellizcados'' del presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral, cuya partida crecerá en términos reales 35.4 por ciento con respecto a 1996, para ubicarse en 3 mil 65.3 millones de pesos. Esto será previa aprobación de los integrantes del Consejo General del organismo.

Los criterios sobre financiamiento propuestos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluye la elección de Presidente de la República, que no habrá en 1997 por ser elección intermedia, y se reduciría si no se considerara tampoco el alto nivel para el proceso de senadores y diputados, precisó el diputado Eduardo Guzmán, del Partido del Trabajo.

Dijo que si se adoptara el bajo nivel en el gasto de los partidos políticos para el próximo proceso electoral, que incluirá el del primer gobernador del Distrito Federal, podría reducirse a mil 800 millones de pesos los recursos para el financiamiento público.

De acuerdo con cifras del IFE, los recursos públicos destinados al financiamiento para el trienio 1992-1994, fue de 422 millones 657 mil 852.27 entonces nuevos pesos. En 1994, año en que se eligió presidente de la República, se renovó el Congreso de la Unión y la Asamblea de Representantes, con la participación de 9 partidos políticos: PAN, PRI, PPS, PRD, PFCRN, PARM, PDM, PT y PVEM, el financiamiento fue de 201'308,002.21 millones de nuevos pesos.

La partida de Provisiones Salariales y Económicas creció en términos reales 153.8 por ciento al pasar, al cierre de 1996, de 12 mil 649.6 millones a 38,393.3 millones para el próximo año.

El documento entregado a la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, señala que de esta partida se asignarán a los programas: salarial, 23 mil 229 millones de pesos; nacional de seguridad pública, mil 904.9 millones de pesos; financiamiento a los partidos políticos y gastos asociados, mil 716.9 millones de pesos, entre otros, que durante el ejercicio se transfieren a los ejecutores directos del gasto.

Las asignaciones menores respecto del gasto destinado a los partidos políticos, son las siguientes: Presidencia de la República, 921.5 millones de pesos; SRE, 2,190.7; Secofi, 1,204.9; STPS, 2,180; SRA, 1,631.5; Turismo, 922.1 y Contraloría, 470.2. La secretaría de Gobernación tiene 2,324.6 millones, sólo 4.48 por ciento más que lo destinado al proceso electoral de 1997.

A pesar de lo anterior, el gasto para la política interior se redujo en términos reales 43.6 por ciento con relación a lo ejercido en el año que concluye. También el ejercicio presupuestario de la Presidencia de la República disminuyó 6 por ciento.

La mayor reducción la tuvo la secretaría de la Reforma Agraria, al pasar de 2 mil 714.1 millones de pesos en el presente año, a mil 631.5 millones de pesos, con una caída en su gasto de 49.7 por ciento, en términos reales.

José Antonio Román En la construcción de un proceso electoral limpio, transparente y creíble para 1997, los ocho consejeros electorales del IFE --integrados en una comisión especial-- iniciaron ya, de entre una lista de mil cien personas, la evaluación y selección de quienes conformarán los 32 consejos locales, que tendrán la responsabilidad de constituir los 300 consejos distritales del país.

Otro de los eslabones que harán posible las elecciones del próximo mes de julio, proceso que inició formalmente el primero de noviembre, es el padrón electoral no sólo porque de él depende la posibilidad de participación de cada ciudadano, sino porque ha sido un instrumento vigilado extraordinariamente por los diferentes partidos.

De acuerdo con el último diagnóstico realizado en junio por los partidos que forman parte del Comité Nacional de Supervisión y Evaluación al padrón, se calculó que existe entre un 9.8 y un 12.8 por ciento de ciudadanos en edad de votar que no están inscritos en el padrón electoral. Se trata sobre todo de ciudadanos jóvenes, de entre 19 y 24 años.

De los ciudadanos que sí están inscritos en el padrón, un buen número requiere de algún tipo de actualización, sobre todo la que tiene que ver con el cambio de domicilio.

En este mismo sentido, el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg Karakowsky, afirmó recientemente que el objetivo del programa intensivo de actualización del padrón es registrar estos cambios demográficos y captar la llegada de nuevos ciudadanos, que se calcula anualmente en 2 millones de jóvenes.

El objetivo ideal es cubrir, según señaló, a los 54 millones de mexicanos que, calculados, tendrán edad de votar para el seis de julio de 1997. Destacó el elevadísimo nivel de rigor, seguridad y cuidado con que se elabora la credencial para votar, con lo cual se ha ganado el reconocimiento a nivel nacional para realizar cualquier trámite oficial o comercial.

La integración de los 32 consejos locales se realiza con base en una lista con más de mil cien personas confeccionada por la Junta General Ejecutiva, que es analizada por los ochos consejeros electoral del IFE integrada en una comisión especial, a propuesta de Woldenberg.

Sobre este punto, el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Felipe Solís Acero, informó que todas las personas que integran la lista de mil cien personas son nombres nuevos, lo que significa que ninguna de ellas ha estado ligada a la estructura electoral; además, la comisión especial de los ocho consejeros electorales tiene la facultad de incluir, excluir y hacer cualquier observación que considere pertinente para cada estado.

Los consejos locales son estructuras intermedias que organizarán, vigilarán y garantizarán la imparcialidad y legalidad de las elecciones en los 32 estados del país. Serán ellos los que mejor podrán monitorear el curso de la organización electoral, los que pueden detectar fallas, anomalías y aplicar la ley para corregir conductas en las campañas de los partidos políticos, según señaló Woldenberg.

Detalló también que la construcción de los órganos que gobiernan a las elecciones tiene lugar mediante un mecanismo de cascada: del Consejo General del IFE al Consejo Local, y de éste al Consejo Distrital. Los locales con los órganos intermedios, donde radicará la confiabilidad global del proceso.