En esta edición, discurso íntegro del presidente Ernesto Zedillo en la Convención Nacional de Industriales

A mi esposa y a mí nos es muy grato acompañarlos en esta cena de clausura de la Convención de los Industriales de Canacintra.

Felicito muy sinceramente a Carlos Gutiérrez por este año de arduo trabajo y de importantes logros y lo felicito también por las reflexiones que ha expresado esta noche.

También quiero felicitar muy especialmente a quienes hoy han recibido los Premios de los Círculos de Control de Calidad, a las mejores aportaciones en la productividad y las innovaciones tecnológicas de las empresas.

Es muy satisfactorio que estos premios también reconozcan la participación de los trabajadores en la toma de decisiones para elevar la calidad de la producción, y así elevar también los ingresos de los trabajadores.

Es muy satisfactorio, porque ha sido gracias al esfuerzo y a la perseverancia de todos los sectores productivos, que la economía mexicana está avanzando clara- mente hacia la recuperación. La recuperación se expresa en el aumento de la producción y en el incremento del empleo, así como en la disminución que respecto del año pasado ha tenido la inflación y las tasas de interés.

Es muy alentador que conforme a las cifras disponibles más recientes, que apenas recibimos esta tarde, en septiembre pasado el conjunto de actividades industriales registró un crecimiento real de 14 por ciento respecto al mismo mes de 1995.

Todas las grandes divisiones que integran el sector industrial mostraron aumentos en su producción. Así, en el periodo enero-septiembre la producción industrial acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento.

Impulsada por el dinamismo del sector exportador, la tasa de incremento anual de la actividad manufacturera ha sido de alrededor del 11 por ciento. La recuperación ya se extiende a otros sectores de la actividad económica.

Luego de una fuerte contracción, la industria de la construcción influye notablemente en cerca de 40 ramas de nuestra economía: creció en los meses de julio y agosto 26 y 19 por ciento, respectivamente, en relación con los mismos meses del año pasado. Aunque estos datos deben ser ponderados por el hecho de que su base de comparación es baja, demuestran, sin duda, el inicio de la reactivación económica nacional y demuestran que vamos en la dirección correcta.

Ello se refleja también en la evolución del empleo. Al cierre de los primeros diez meses del año, el número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó un máximo histórico, al ubicarse en 9 millones 78 mil empleos.

De igual modo, los datos preliminares también aparecidos apenas esta tarde, señalan que el pasado mes de octubre la tasa de desempleo abierto se situó en 5.2 por ciento de la población económicamente activa, frente al 5.5 por ciento que había registrado en septiembre. Ello significa que este indicador ha llegado a su nivel más bajo de los últimos 21 meses.

Este año, el producto interno bruto del país crecerá por encima del 3 por ciento esperado. Para 1997 calculamos un crecimiento del PIB de cuando menos el 4 por ciento.

El crecimiento que se ha proyectado para el año próximo será posible gracias al dinamismo del sector exportador, al crecimiento de la inversión nacional y extranjera, y a las perspectivas favorables de expansión económica de nuestros prin- cipales socios comerciales.

Otro factor que impulsará el crecimiento, será la inversión de infraestructura prevista para 1997. Tomando en cuenta inversiones privadas en infraestructura que impulsará el gobierno de la República, esa inversión en infraestructura, la total, será equivalente a 4 por ciento del producto interno bruto esperado para el próximo año.

El reto que ahora nos planteamos para los próximos años es consolidar la recuperación y transformarla en un crecimiento dinámico y sostenido, que genere los empleos suficientes y bien remunerados que demandan los mexicanos y que sean el sustento de mejores niveles de vida para toda la población.

En conjunto, la política económica del gobierno de la República se dirige a fortalecer una auténtica economía abierta, de mayor competencia y cada vez más eficiente.

Consolidar esa economía es un requisito indispensable para generar los recursos que necesitamos, a fin de impulsar la educación, la salud, la alimentación y la vivienda de los mexicanos, particularmente de los más necesitados.

Por eso, hemos profundizado el cambio estructural para abrir nuevos espacios para la inversión particular en áreas antes reservadas al Estado. Estamos promoviendo la inversión en ferrocarriles, aeropuertos, almacenamiento y distribución de gas natural y petroquímica.

Asimismo, continuaremos las licitaciones para la desincorporación de la infraestructura portuaria y seguiremos fomentando las inversiones en telecomunicaciones y en la generación de energía eléctrica.

Además, hemos iniciado una profunda revisión de nuestro sistema legal y regulatorio. El gobierno de la República está firmemente decidido a seguir trabajando con los sectores productivos, hasta contar con una estructura legal y regulatoria que facilite y estimule el desarrollo.

Seguiremos trabajando con ustedes para eliminar regulaciones que propicien el burocratismo y el incumplimiento de las leyes, y entorpezcan las actividades económicas.

Seguiremos trabajando con ustedes para avanzar hacia un marco regulatorio, sencillo, transparente y justo. En esa tarea, el año entrante contaremos ya con un listado simplificado que conformará el Registro Federal de Trámites Empresariales.

Una convicción profunda del gobierno federal, es que las reformas emprendidas en materia económica, deben estar acompañadas de una vigorosa transformación de nuestras instituciones políticas; de una reforma política del Estado que garantice la estabilidad, la participación plural y la competencia transparente en un marco plenamente democrático.

Hoy, reitero que nuestro país está avanzando franca y solidariamente en el perfeccionamiento de su vida democrática. Como todo avance político, éste se haya sujeto al examen libre, abierto y diverso de los analistas, a diferencias de opinión, al debate, e incluso a la polémica.

Este avance, que es producto de la participación y de la pluralidad, es innegable, y se expresa tanto en los hechos como en las leyes.

Recordemos que desde diciembre de 1994 se han celebrado elecciones en 24 de los 31 estados de la República. Esos procesos se han caracterizado por su legalidad y su orden, por una intensa competencia y por haber transcurrido sin mayores controversias.

Es muy revelador, de la nueva normalidad democrática, que en los más recientes procesos electorales, la atención de la ciudadanía, de los partidos contendientes y de los medios de comunicación, ya no se ha concentrado en la legalidad, tranquilidad y transparencia de la elección, sino en sus resultados, que corresponden a la voluntad de los votantes.

Si antes la atención de la opinión pública se centraba en las impugnaciones políticas y en la inconformidad ciudadana, que seguía a un proceso electoral, ahora esa atención se dirige, afortunadamente, a los resultados.

La impugnación ha sido reemplazada por la legalidad: y la inconformidad ha sido reemplazada por la competencia.

Esos componentes, esencialmente democráticos, de legalidad, competencia y verdadera pluralidad, deben impulsarnos a todos a extender, afianzar y profundizar una nueva cultura democrática.

He afirmado, y hoy lo reitero, que la construcción de esa cultura democrática es obligación y es tarea de todos. Esa cultura democrática no se alienta con posiciones autoritarias que pretenden identificar desarrollo político con el aniquilamiento de los adversarios.

Esa cultura democrática no se alienta con la arrogancia de los triunfalismos prematuros. Esa cultura democrática no se alienta con actitudes que, por una parte, se benefician de cada avance y cada acuerdo, mientras por otra parte buscan descalificar ese avance y ese acuerdo que son indispensables para perfeccionar nuestra democracia.

En este sentido, los consensos alcanzados, a fin de contar con un nuevo marco constitucional para nuestro sistema electoral, son irreversibles y han quedado plasmados clara y precisamente en nuestra ley fundamental. Por eso, no es legítimo desdeñar ese gran avance, que es mérito del esfuerzo, la responsabilidad y el consenso de todos, por los desacuerdos habidos en una parte de la legislación secundaria.

Muchos y muy importantes son los avances logrados, ellos comprenden la plena autonomía de los órganos electorales, la conformación de un tribunal de pleno derecho en el Poder Judicial de la Federación, que protegerá los derechos políticos de los ciudadanos y conocerá de las controversias electorales.

Dichos avances comprenden, también, bases constitucionales para las legislaciones electorales de todo el país, así como recursos legales para preservarlas.

Asimismo, se han establecido principios constitucionales objetivos, de equidad en la asignación y distribución de recursos económicos para los partidos políticos.

Los avances incluyen, también, el fortalecimiento de la integración plural de ambas cámaras del Congreso de la Unión y, por vez primera, la elección directa del jefe de gobierno del Distrito Federal.

De igual modo, quienes desde su análisis soslayan o desacreditan lo alcanzado, deben examinar con perspectiva y entera objetividad, la coherencia entre la reforma constitucional y la magnitud y los alcances de las modificaciones a la ley secundaria en materia electoral.

Esa coherencia y esos alcances se reflejan en que, además, de la reforma constitucional, prácticamente se llegó a un consenso en las modificaciones, a cinco de los seis ordenamientos de legislación secundaria; se llegó, prácticamente, al acuerdo en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; se llegó a un gran acuerdo en las reformas a la mayoría de los aspectos sustantivos del Código Penal, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Se llegó a un acuerdo para la expedición de una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además, también por unanimidad --y esto es muy importante--, se integró el Consejo General del IFE, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De hecho, incluso, en la gran mayoría de las 157 modificaciones a la normatividad sustantiva del IFE se logró el acuerdo.

El desacuerdo principal, en la legislación secundaria, ha sido sobre el tema del financiamiento para los partidos y las campañas electorales.

Quiero subrayar --porque en esto ha habido mucha confusión-- que éste no fue un desacuerdo entre partidos políticos; quiero decirlo claramente: el desacuerdo fue con el Ejecutivo Federal.

Desde un principio he considerado este punto como uno en el que debe prevalecer la visión de Estado por encima de la óptica necesariamente parcial de cada partido político. Y la visión de Estado aconseja que, en México, como en todo el mundo, avancemos a un sistema de financiamiento claramente suficiente y preponderantemente público, a fin de asegurar transparencia y certeza sobre las fuentes de recursos de quienes contienden por el poder. Este sistema es el que mejor garantiza que el financiamiento de una campaña o de un partido no dé pie a sujeciones indeseables frente a intereses particulares o, incluso, frente a compromisos inconfesables.

No queremos que en México pueda ocurrir, como desgraciadamente parece estar ocurriendo en otros países, que partidos o candidatos pudiesen ser vasallos de privilegios ni de organizaciones que, incluso, pueden llegar a ser delictivas.

Por todo lo anterior, es deplorable que algunos prefieran acentuar los pocos puntos de desacuerdo frente a los muchísimos y notables puntos de acuerdo y de consenso.

No se sirve a la democracia con actitudes agresivas frente a la mayoría y frente al desacuerdo, como si la mayoría y el desacuerdo no fueran parte substancial de toda vida democrática.

En una democracia la voluntad de la mayoría no es autoritaria, es mandato de gobierno; pretender imponer el parecer de la minoría conduce a la parálisis de gobierno y entraña una grave responsabilidad frente a la ciudadanía.

En una democracia la minoría debe cumplir con verdad, congruencia y civilidad su papel de ser oposición; así como la mayoría debe cumplir con responsabilidad, ética y también civilidad, su misión de gobernar.

El gobierno de la República seguirá haciendo todo su esfuerzo para avanzar en la reforma política del Estado, procurando, como lo hemos hecho, y de ello hay plena constancia, procurando siempre el diálogo y el acuerdo incluyente; procurando el consenso cuando sea posible con todas las fuerzas políticas, pero también reconociendo siempre la responsabilidad que tiene de gobernar con un criterio de Estado.

El gobierno federal está decidido a seguir adelante con dichas reformas, que comprende vigorizar los equilibrios entre los poderes de la Unión; impulsar la transformación de nuestro sistema de justicia y renovar nuestro federalismo.

Tiene mucha razón Carlos Gutiérrez, cuando concede una importancia central a los procesos de descentralización y fortalecimiento del federalismo. El nuevo federalismo favorece la participación política y económica de las comunidades, y es un instrumento invaluable para combatir la marginación.

Al distribuir las responsabilidades y recursos entre los órdenes de gobierno, el nuevo federalismo acerca a la autoridad a la comunidad; las respuestas a los problemas y las soluciones a las carencias.

Con instituciones renovadas en lo político y en lo económico se están ampliando los cauces para que todos los mexicanos participemos con responsabilidad en el desarrollo de México.

En la nueva etapa del desarrollo mexicano, los industriales del país tienen una misión fundamental; su confianza en el futuro de nuestra nación, su conocimiento de las condiciones, que como dijo nuestro amigo Carlos Gutiérrez, se ensanchan con un gran dinamismo, constituyen la base para aprovechar las nuevas y más amplias oportunidades que tiene la inversión en México.

El gobierno, por su parte, cumplirá con sus compromisos para trabajar, para que México sea una nación promisoria; para promover el ahorro y la inversión productiva y para generar condiciones de certidumbre jurídica y seguridad para las empresas, para las personas y para sus bienes.

Con la participación de los industriales de México, construiremos el país económicamente en expansión, socialmente incluyente y políticamente democrático que anhelamos todos para el siglo XXI.

Con esta confianza, me es muy grato, hoy lunes 18 de noviembre de 1996, declarar formalmente clausurados los trabajos anuales de la Convención Nacional de los Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Muchas gracias