Asume Zedillo el costo de la reforma

Elena Gallegos Por encima de las ópticas parciales de los partidos políticos, la decisión de los montos de financiamiento para éstos y sus campañas electorales --punto de disenso en la reforma política recién aprobada--, respondió a una visión de Estado, por lo que el desacuerdo en este tema no fue entre los partidos: ``el desacuerdo --aclaró anoche el presidente Ernesto Zedillo-- fue con el Ejecutivo federal''.

En lo que se interpretó como duras alusiones al PAN y al PRD, Zedillo calificó de ``deplorable'' que se desdeñen los consensos para sólo acentuar los disensos y dijo que la nueva cultura democrática no se alienta ni con ``la arrogancia de triunfalismos prematuros'' ni con actitudes que, por una parte, se benefician de cada avance y acuerdo, aunque por otra busquen descalificarlos.

Explicó que la decisión de Estado para garantizar el financiamiento preponderantemente público, la tomó para evitar que los recursos de las campañas y los partidos den pie ``a sujeciones indeseables y compromisos inconfesables'' o a que, como ocurre en otros países, institutos políticos y candidatos se conviertan en ``vasallos'' de organizaciones que pueden ser, incluso, delictivas.

Ante cientos de industriales reunidos en un salón del Hotel Nikko, insistió en que la cultura democrática no se alienta con posiciones autoritarias que pretenden identificar desarrollo político con el aniquilamiento del adversario y sostuvo que tampoco es legítimo desdeñar el consenso de todos, por los desacuerdos registrados en la legislación secundaria.

Manifestó que si bien la reforma electoral está sujeta al análisis libre, abierto y diverso, ``al debate e incluso a la polémica'', los avances en la materia son innegables y los cambios irreversibles.

Aquí refrendó su compromiso de proseguir la reforma del Estado por la vía del consenso cuando sea posible, pero sin olvidar su responsabilidad de gobernar con criterio de Estado.

Por si fuera poco, recordó que en una democracia la voluntad de la mayoría no es autoritarismo sino mandato de gobierno y advirtió que pretender imponer el parecer de la minoría sólo conduciría a una parálisis de gobierno y entrañaría una grave responsabilidad frente a la ciudadanía.

Sostuvo que a la democracia no le sirven las actitudes agresivas frente a la mayoría y el desacuerdo, como si éstos no fueran parte consustancial de la misma.

En una democracia --prosiguió-- la minoría debe cumplir con verdad, congruencia y civilidad, su papel de ser oposición, mientras que la mayoría debe cumplir su misión de gobernar con responsabilidad, ética y, también, con civilidad.

Al clausurar la Convención Nacional de Industriales 1996 --acompañado por su esposa, Nilda Patricia Velasco de Zedillo, y los gobernadores de Querétaro, Nuevo León, Hidalgo y Baja California Sur, así como todos los dirigentes de la cúpula empresarial--, el jefe del Ejecutivo hizo un largo recuento de los ``muchísimos'' avances plasmados en la legislación electoral, y que fueron producto del consenso entre las principales fuerzas políticas.

Pidió entonces a quienes cuestionan la reforma soslayando y desacreditando lo alcanzado, ``examinen con perspectiva y entera objetividad, la coherencia entre la reforma constitucional (signada por todos los partidos en julio pasado) y la magnitud y los alcances de las modificaciones a la ley secundaria en materia electoral''.

Se congratuló de que haya una nueva normalidad democrática en México, gracias a la cual la atención de ciudadanos, partidos, contendientes y medios de comunicación, no se centra más en la legalidad, tranquilidad y transparencia de los comicios, sino en sus resultados. ``La impugnación ha sido reemplazada por la legalidad; y la inconformidad por la competencia'', aseguró.

Convino en que la construcción de la nueva cultura democrática es obligación de todos y refrendó el compromiso de su gobierno de hacer todo su esfuerzo para avanzar en la reforma política del Estado procurando siempre el diálogo y el acuerdo incluyente; el consenso cuando sea posible con todas las fuerzas políticas, ``pero también reconociendo siempre la responsabilidad que se tiene de gobernar con criterio de Estado''.

Fue cuando estableció que la visión de Estado, precisamente, fue la que aconsejó que en materia de financiamiento se avanzara, como en todo el mundo, hacia un sistema suficiente y preponderantemente público para asegurar transparencia y certeza sobre las fuentes de recursos de quienes contienden por el poder.

Antes había hablado el líder de la Canacintra. Carlos Gutiérrez Ruiz, quien había expuesto al mandatario las inquietudes de los industriales en torno a la estabilidad política y le había reiterado las peticiones de los empresarios en materia tributaria y de desregulación.