En los cuatro años que restan del actual siglo, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) tendrán que asegurar su propiedad a más familias que las que han recibido sus escrituras en un cuarto de siglo.

Tal vez ningún otro dato ni otra tarea pendiente del gobierno reflejan lo que fue la Revolución mexicana y los problemas derivados del rápido crecimiento del país después del movimiento armado.

En su origen la legislación nacional prohibía la venta de los terrenos ejidales y comunales. Sin embargo, la relativa mejoría económica del país, sobre todo de los sistemas asistenciales que aumentaron radicalmente las expectativas de vida, propiciaron un explosivo crecimiento de población que obviamente reclamaba viviendas, pero no había tierras libres.

La situación se remedió relativamente con el nacimiento de la Corett y con un mecanismo legal que permitía al gobierno expropiar los terrenos ejidales y comunales para ponerlos en venta.

Siempre retrasados

El paliativo llegó demasiado tarde. El proceso de regularización de la tenencia de la tierra siempre ha ido rezagado respecto de la realidad, según lo reconocen el actual director de la Corett, Carlos Flores Rico, y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, René García Quiñones, responsables de conducir las tareas de entregar a los jefes de familia la documentación que acredita su propiedad.

A partir de las reformas al artículo 27 constitucional durante el sexenio anterior, promovidas por el ahora tan censurado ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ya es posible la venta de los terrenos comunales y ejidales y con ello se facilita al proceso de regularización de la tenencia de la tierra, pero el rezago es muy grande.

No obstante las mejoras en la legislación, el retraso sigue porque el rezago es enorme y cada día surgen nuevos asentamientos populares que demandan entrar al programa de regularización. Por lo general, durante sus giras por el interior del país, el presidente Ernesto Zedillo incluye actos con vecinos de colonias populares para la entrega de escrituras y lo mismo hacen los secretarios de la Reforma Agraria, Arturo Warman, y de Desarrollo Social, Carlos Rojas, pero la demanda crece a mayor velocidad y esto se puede apreciar en los suburbios de prácticamente todas las ciudades.

Además, los responsables del proceso tienen que cuidar los intereses de los campesinos para que no sean despojados. Ahí está el caso reciente, denunciado por el gobierno de Quintana de Roo, de funcionarios locales y hasta un delegado de la Procuraduría Agraria que se confabularon con empresarios para beneficiarse de la venta de terrenos ejidales en los cuales se creará un ``desarrollo ecoturístico''.

La cosecha

El secretario general de la FSTSE, Héctor Valdés Romo, reconoció que este año ya no será posible modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ni el Apartado ``B'' del artículo 123 constitucional, pero aseguró que ello no significa que se abandonen antiguas aspiraciones, como la de recuperar el derecho de huelga. Dijo que los cambios se desean porque hasta ahora los sindicalizados han sido la parte débil en las relaciones laborales, mientras los beneficios son para los funcionarios.