La decisión ``mayoriteada'' del PRI, que amputa la iniciativa de ley electoral, es un agravio a la nación, y se llevó entre los cascos declaraciones, compromisos, palabras empeñadas del Presidente de la República, del secretario de Gobernación, del presidente del PRI.

El hecho no puede vanalizarse ahora diciendo que lo aprobado contiene de todos modos elementos más avanzados que las reformas anteriores. Y menos puede aceptarse ese dislate político y jurídico de que en el sexenio no habrá otra reforma electoral. La decisión --como bien señaló Calderón Hinojosa-- no depende del Poder Ejecutivo sino del Legislativo.

Tampoco son convincentes los argumentos que señalan ``maximalismos'' en los partidos de oposición. De manera excepcional la iniciativa presidencial recogía un acuerdo y largas negociaciones entre los partidos políticos y el Ejecutivo. La iniciativa reflejaba un alto grado de consenso --parte esencial de su valor-- entre las fuerzas políticas organizadas, y recogía planteamientos de las organizaciones civiles y de otras corrientes políticas no partidarias. El ``mayoriteo'' del PRI deja en vilo --con ofensa y burla a la Nación-- esa necesidad esencial del proceso político mexicano que es una transición democrática realmente profunda.

No, no es un problema de ``proporciones'' entre lo que quedó y lo que se fue. Es que la operación del PRI --esa pantomima en la Cámara de Diputados, ratificada ya por la de Senadores-- echa por tierra uno de los sustentos de toda vida democrática: la posibilidad de acuerdos, el cumplimiento de compromisos políticos, la negociación como hipótesis de gobierno, el valor de la palabra empeñada. Y más cuando la transición democrática es el eje de la agenda política nacional.

Entre tantas vacilaciones, entre tanta política contradictoria de aficionados, parecía que la luz verde del presidente Zedillo a la reforma electoral abría un camino prometedor. Esa luz verde no sólo fue apagada por el bunker del PRI sino que hizo añicos la confianza en que los avances democráticos de México puedan producirse por vía de la concertación, del consenso, del acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales. ¿Puede ahora pensarse en que son factibles las tareas más complejas de una reforma democrática de los poderes del Estado? Tales esperanzas están por lo pronto liquidadas.

Hoy, el PRI es apenas una imagen distorsionada de sí mismo: despojos en disgregación. No porque no pueda aún ganar en tal o cual distrito electoral --la inercia de las estructuras y de los hábitos es grande-- sino porque se ha negado históricamente (o tal vez sólo es fiel a sí mismo, al PRI de hace ya años, como aparato separado de las necesidades sociales). Al negarse con esa traición a compromisos pactados (16 puntos acordados previamente por los partidos que contenía la iniciativa presidencial) niega lo que restaba de confiabilidad en sus dirigentes efectivos. Son históricos para la nación los costos políticos del lance, pero son también concretos para el PRI y sus líderes reales.

Las principales transiciones políticas de los últimos años --por ejemplo la española (¿vio el Presidente la extraordinaria serie proyectada por el Canal 22?)-- se han hecho a través de pactos, acuerdos, convergencias comprometidas. Con una característica: la plena solvencia de los dirigentes, el aval honorable de su palabra, su capacidad y visión de futuro. El tema de las transiciones es cuestión de firmes voluntades políticas y de capacidad de hombres de Estado, no de balbuceos erráticos y de negaciones que cancelan.

Y menos de retractaciones ofensivas que propician nuevas desconfianzas, nuevas confrontaciones e inestabilidades, impidiendo el desarrollo político civilizado. La confianza, en política (como en economía, para que se me entienda), es su más alto valor, el requisito sine qua non de su desarrollo coherente y pacífico.

Como era previsible el Senado aprobó también (el PRI otra vez aislado) la iniciativa de ley en idénticos términos que la Cámara de Diputados. ¿Será todavía posible, escribió Enrique Krauze, que con fundamento en el artículo 72 constitucional el Presidente regrese a las Cámaras --inclusive con observaciones parciales-- el proyecto de ley para nueva revisión, que requerirá de una mayoría de dos tercios de los cuerpos legislativos para que surta efectos de ley? Probablemente es pedirle peras al olmo. La posibilidad jurídico constitucional debe registrarse aunque haya estado desterrada, en los hechos, de nuestro sistema jurídico y político.