Chuayffet: válida, la reforma electoral

Roberto Garduño y José Antonio Román La auténtica revolución que debe imperar en México es la de la conciliación y la unidad nacional, que se hace cargo de responder a los reclamos de justicia social y mantiene su capacidad de crear instituciones y leyes que ofrezcan seguridad, certidumbre y progreso, afirmó el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.

En el acto para conmemorar el 86 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el funcionario llamó a los partidos a no desacreditar la política. ``No la reduzcamos o desaparezcamos su valor social; no hagamos de ella sinónimo de barbarie o de cinismo''.

El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante
su intervención en la ceremonia conmemorativa del 86
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Foto: José Antonio López

Ante el presidente Ernesto Zedillo y el gabinete legal y ampliado, el responsable de la política interior sostuvo que ``se ha consumado la más trascendente y profunda reforma electoral de la historia de México'', que su validez ``no está en duda'' y que el país ha transitado ya de ``manera definitiva'' a un régimen plural.

Una parte importante de su intervención en el Monumento a la Revolución la dedicó precisamente a la reforma electoral y al financiamiento público a los partidos políticos. Dijo que la legislación secundaria en materia electoral surgió de muchos acuerdos entre los diversos partidos políticos, aunque al final, por diferencias en ``dos o tres temas'' específicos, se debió aprobar con el voto de la mayoría, tal como ocurre en cualquier democracia del mundo.

El titular de Gobernación dijo que la nuestra, es una época crucial, atestiguamos una gran transformación mundial, una revolución científica y tecnológica impacta la convivencia entre sociedades y personas, los ritmos de vida cotidiana, las expectativas de millones de seres humanos.

Las sociedades más visionarias y más sólidas, precisamente por su grado de integración nacional, saben cómo incorporarse al cambio, como protagonizarlo y cómo orientarlo en su provecho.

Dos son los signos distintivos de esta gran transformación. En el ámbito político predomina el gran consenso universal por la democracia. En el ámbito económico, la producción y el intercambio se ramifican, traspasan fronteras y se entrelazan, originando un orden global.

Aun dentro de esta tendencia mundial, no podemos nunca, hablar de uniformidad. Lo universal, es por naturaleza, contrario a lo uniforme.

Hoy más que nunca, existe en el mundo un pluralismo creciente; conviven culturas diferenciadas y modelos democráticos, que muestran especificidades propias de su historia y de sus exigencias.

Sostuvo también que cada democracia, por naturaleza, expresa el rostro particular de su pueblo.

Frente a una agenda global, México establece y modula, con autonomía, su agenda propia. Concurre al esfuerzo internacional, pero rechaza cualquier tipo de injerencia.

Ningún país puede sobrevivir en el aislamiento; pero nadie está dispuesto a nuevos colonialismos. Nos es necesaria la cooperación, y nos seguirá siendo inaceptable el intervencionismo.

Los mexicanos sabemos que en la independencia política de la nación, descansa nuestra viabilidad en todos los órdenes, debemos, pues, enfrentar estratégicamente, con unidad, entereza y capacidad, el mayor desafío de la historia contemporánea, integrarnos a la transformación mundial, permaneciendo como nación.

La soberanía es, ante todo, autodeterminación, capacidad plena para decidir, por nosotros mismos, nuestro destino; pero no puede ser pretexto para la opresión y la marginación interna.

Afirmó que por habernos devuelto nuestra soberanía, la Revolución es riqueza cultural y política, común a todos. Su legado, entonces, no es exclusivo de un grupo, de un proyecto o de una sola interpretación.

La Revolución Mexicana no fue un movimiento uniforme, sino una amalgama de distintas visiones, reclamos, desagravios, aspiraciones y liderazgos.

Hoy, esta diversidad de aspiraciones y luchas, se despliega y expresa en la pluralidad de nuestra sociedad contemporánea. Coexisten y compiten diversas opciones políticas. Es multíforme la opinión pública. Las comunidades y sus regiones reivindican las prioridades de vida de sus habitantes. Se ha avivado intensamente la participación popular.

El pluralismo es el nuevo modo de ser de la nación. Sin embargo, para aprovechar íntegramente su riqueza, requiere cauces institucionales.

Asimismo manifestó: la reforma política del Estado, en la que la sociedad y el gobierno estamos comprometidos, es la respuesta al pluralismo para reconocerlo y potenciarlo.

La reforma electoral incorpora y garantiza la competencia equitativa por el poder entre las distintas fuerzas políticas.

La renovación del Federalismo otorga una dimensión mayor a nuestra diversidad.

La reforma judicial hace posible que nuestras discrepancias se resuelvan con justicia, bajo la ley.

La inminente iniciativa de reforma a nuestro artículo IV constitucional, permitirá el amplio desarrollo de los derechos y la cultura de las comunidades indígenas.

El ejercicio del poder presidencial no riñe con el pleno respeto a los otros poderes públicos en la República.

El pluralismo no ha impedido el consenso, pero, tampoco puede expresarse permanentemente en la unanimidad; gracias al consenso contamos hoy con normas constitucionales que consolidan nuestra democracia electoral. El consenso generó la plena ciudadanización de los órganos electorales; por consenso se reconoció el predominio del financiamiento público sobre el privado para el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos; el consenso hizo posible una representación más equitativa en el Congreso; el consenso propició una mayor protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos a través de un tribunal electoral integrado ahora al Poder Judicial de la Federación y mediante la aplicación de la competencia de la Suprema Corte de Justicia para revisar la constitucionalidad de los ordenamientos federales y locales sobre los comicios.

El consenso emana del nuevo régimen jurídico y político del Distrito Federal que reconoce a sus habitantes el derecho de elegir autoridades propias; por consenso la Constitución General de la República contiene las bases mínimas que las legislaciones locales deben observar en la materia.

El titular de Gobernación agregó que se ha consumado, pues, sin duda, la más trascendente y profunda reforma electoral de la historia de México, los principios constitucionales y la integración de los principales órganos destinados a aplicar las normas que rigen nuestros procesos comiciales se aprobaron e integraron prácticamente por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión.

El desarrollo de la legislación secundaria ofrece un gran número de acuerdos, asumidos, igualmente, por todas las formaciones partidarias, al final, por diferencias en dos o tres temas específicos, operó, como opera en cualquier democracia del mundo, el voto de la mayoría; sin embargo, no hay nada en las leyes secundarias que no se desprenda del consenso vertido en la Constitución. La validez de la reforma no está en duda, el máximo nivel de consenso alcanzado no puede soslayarse, las elecciones de 1997 acreditarán la eficacia de la reforma frente a las exigencias democráticas de los mexicanos.

Entre tanto: el pluralismo es ya un hecho electoral y una cultura política, como lo testimonian los 24 procesos electorales que, durante estos dos años, se han distinguido por su carácter pacífico, la aceptación objetiva de sus resultados, el respeto a la alternancia, la composición plural de las autoridades electas y la solución de las controversias, por la vía de la ley. Hemos transitado, pues, a un régimen plural, de manera definitiva. Este se ensancha y diversifica para dar espacio y vía franca a las múltiples posiciones propuestas, visiones y expectativas que, sobre la vida en común, se formulan desde los distintos sectores de la sociedad.

El reclamo democrático del origen revolucionario se manifiesta, ahora, como un sistema que ofrece respeto y tolerancia, frente a las divergencias, mayor entendimiento, entera disposición al diálogo, voluntad efectiva de consenso y capacidad para acatar los resultados y equilibrios que emanan del voto.

La legalidad y la tolerancia son condiciones indispensables para mantenernos unidos dentro de nuestro pluralismo. Este hace que el bien de México esté en las manos de todos y que sea responsabilidad de todos.

La Revolución -señaló Chuayffet- no separó, jamás, su voluntad de democracia de su afán de justicia social, conjuntó ambos valores, sin caer en la trampa populista que defiende al paternalismo a condición de que promueva la justicia ni en la trampa del formalismo democrático que se desentiende de los derechos y condiciones sociales del pueblo.

La armonización intrínseca, entre democracia y justicia social, fue la obra maestra del programa de la Revolución que articuló, así, las banderas que de la gesta colectiva con el proyecto normativo de nación.

No es entonces válido afirmar que los recursos públicos, que se invierten para impulsar la democracia se sustraen de la causa de la justicia social, invertir en la democracia es invertir en la justicia; destinar recursos públicos a la democracia, transparentar y fiscalizar su utilización, apoyar la acción de los partidos, fomentar la equidad en la competencia, promueve a fin de cuentas la participación del pueblo para hacer absolutamente efectivo su derecho de optar por los candidatos y los programas que reflejen sus demandas y esperanzas.

Puntualizó que invertir en la democracia es también invertir en la soberanía nacional; porque un financiamiento público, suficiente y claro en sus fuentes cancela la posibilidad de intervenciones extranjeras y embozadas, de flujos de dinero ilegales y corruptores, de posible supeditación de la acción política de los partidos a intereses oligárquicos; la inversión pública en la democracia, por provenir, precisamente, de los recursos de los ciudadanos, de manera legítima, garantiza nuestra autodeterminación y la certeza de que los gobernantes responderán al mandato popular y no a quienes desde el poder del dinero o de las maquinaciones del crimen buscan hacer al Estado rehén y manipular el voto ciudadano.

El rasgo distintivo y determinante de la Revolución Mexicana es su vigor pacificador; la permanencia de la Revolución no descansó en la guerra entre compatriotas y hermanos, en el enfrentamiento, en el miedo, en la aniquilación del adversario, no estuvo ni podrá estar jamás, la potencia creativa de la Revolución; quizá el mayor fruto del movimiento de 1910 fue y sigue siendo la revolución de las conciencias y la de los códigos de conducta, que resaltan los valores de la paz, de la solidaridad y de la fraternidad entre los mexicanos.

Hoy, la auténtica Revolución es la de la conciliación y la unidad nacional, la que se hace cargo de responder a los reclamos de justicia social, la que sigue siendo capaz de crear instituciones y leyes republicanas que ofrezcan seguridad, certidumbre y progreso a los mexicanos.

Lo imperecedero de la Revolución consiste en su capacidad, que aun tiene para superar nuestras pugnas, para conservar y revitalizar los valores compartidos, para fortalecer nuestra casa común, para hacer que en ella coexistan las diferencias, las discrepancias y la competencia, pero, también, el sentido de pertenencia y colaboración, la generosidad, el respeto a los derechos y la disposición a cumplir obligaciones.

Una casa para todos, una patria donde prive la ley como norma de convivencia, y la solidaridad como hábito ciudadano.

``La Revolución ha sido civilizadora, porque construyó un Estado de Derecho con la fuerza de la política. Por eso es preciso que en nuestra circunstancia no desacreditemos a la política, no la reduzcamos o desaparezcamos su valor social; no hagamos de ella sinónimo de barbarie o de cinismo'', dijo el secretario de Gobernación.