Jaime Martínez Veloz
Paternalismo selectivo

Todo acto de gobierno es un acto político. Cualquier decisión de gobierno, hasta las más técnicas, tienen repercusiones en la vida de la sociedad y es, por lo tanto, natural que ésta se pronuncie sobre la validez o no sobre la pertinencia de su aplicación.

La política económica no es una esfera alejada de la lucha electoral. No está por encima de la contienda política cotidiana. No es una cosa que sólo esté en manos de técnicos especializados que, alejados de las decisiones mundanas, deban aislarse para no contaminarse. No hay nada más político en el momento que vive el país que la política económica.

Sacar las decisiones de la política económica de los cubículos de la Secretaría de Hacienda; confrontarla con las aspiraciones, opiniones o incluso las medidas alternativas de la ciudadanía, de diferentes organizaciones sociales y de los partidos políticos no deben visualizarse como un ejercicio peligroso que cuestiona la autoridad del gobierno, sino como un ejercicio de legitimación democrática que aumenta los márgenes de gobernabilidad en este campo, tal vez el más vulnerable del gobierno.

Después de una crisis tan profunda y prolongada como la que se ha vivido en los últimos años, se han aplicado diversas medidas económica que han resultado una amarga medicina. Una sociedad puede afrontar periodos de crisis e incluso adaptarse a la reducción de sus niveles de vida. La historia universal, y la nuestra en particular, muestran los sacrificios de que son capaces los pueblos. A veces, las crisis pueden servir inclusive para afianzar la gobernabilidad y acentuar los liderazgos.

Sin embargo, la sociedad mexicana no puede encarar la crisis con el estoicismo y la credibilidad con la que los encargados de la economía solicitan. Y no lo pueden hacer así, porque a lo largo de 14 años ha escuchado una y otra vez que ya está cerca el fin de la misma y no ha sucedido así. Lo que sí ha pasado es que los niveles de vida de las grandes mayorías son menores que hace 20 años. Ante cada nueva trastada especulativa, la mejoría se piensa más lejana. Adicionalmente, los costos de la crisis no se han repartido equitativamente, lo que impide que la sociedad se identifique con las propuestas de los administradores del presupuesto. El paternalismo se acabó y la libre competencia llegó para quedarse, pero no para todos. Mientras que los consumidores, en especial los de más bajos ingresos, se enfrentan a un mercado de precios reales; mientras que la gran masa de empresarios y comerciantes trata de superar el peligro de quiebras, créditos caros y lentitud en los trámites, hay otros sectores que reciben tratos preferenciales y montos presupuestales sustanciales. Para ellos, el paternalismo no se ha ido, la libre competencia no ha llegado.

Dos casos de botón de muestra; los concesionarios de carreteras y los dueños de los bancos. Ambos grupos, que representan unas cuantas decenas de personas, han recibido montos de miles de millones de dólares para salvarlos de quiebras y garantizarles un cierto nivel de ganancias. El resultado es que tenemos carreteras caras y bancos que, a pesar de lo recibido, brindan malos servicios, han visto crecer sus carteras vencidas y necesitan ser rescatados sistemáticamente, a veces a causa de los ``errores'' de administración. Hay bancos con una situación económica delicada, pero los banqueros tienen una situación boyante. ¿Hay otra interpretación posible?

En este contexto, buena parte de los fracasos electorales que hemos sufrido como partido tienen su origen en una política económica que, por más que se argumente, no convence ni por sus resultados ni por sus métodos. La economía no es un asunto administrativo sino político, los efectos de la política económica no sólo ponen en riesgo la pérdida del poder de un partido sino la gobernabilidad de la Nación.