Luis Javier Garrido
La cereza (en el pastel del IFE)

Los desacuerdos

La negociación más larga en la historia de la compleja relación entre el gobierno y los partidos no terminó en un acuerdo sino en un desacuerdo en lo fundamental y no llevó, como era previsible, a la transición democrática sino a una recomposición del ``sistema'', y esto parece desconcertar a quienes se olvidan de muchas cosas.

1. La llamada ``reforma política definitiva'' de Zedillo nunca tuvo el propósito de hacer transitar a México hacia un régimen democrático, es decir de desmantelar al ``sistema'', sino de reciclarlo, y eso es lo que los partidos de oposición no quisieron entender. Desde las expectativas del ``Pacto de los Pinos'' (17 de enero de 1995) hasta la aprobación que hicieran sólo los priístas del ``nuevo'' Cofipe y su publicación en Diario Oficial (21 de noviembre de 1996), el gobierno no tuvo otra pretensión que legitimarse ofreciéndo mayores espacios políticos al PAN y al PRD.

2. La reforma no fue por lo mismo más que un manoseo de la legislación que entrañó más retrocesos que avances, y para ello los partidos tuvieron que aceptar las prácticas del ``sistema'' y el costo de lo acontecido, que se sintetiza en el mayor cambio de los años recientes a nuestra legislación electoral: la aprobación en la ley del principio de un financiamiento multimillonario a sus partidos y de la corrupción institucional de la vida pública.

3. El ``consenso'' entre un régimen autoritario y los partidos independientes no puede dar más que componendas, y ello ya se había visto al designarse a las autoridades electorales. Cuando una campaña de prensa trataba de hacer creer que la designación ``por consenso'' de académicos afines a Bucareli como integrantes del Consejo General del IFE (la autoridad formal) garantizaba la imparcialidad del proceso, éstos se evidenciaron aceptando como secretario ejecutivo (la autoridad real) a Felipe Solís Acero, un ``hombre de Chuayffet'' reputado como experto ``ingeniero electoral''.

4. La práctica que impuso el gobierno a los dirigentes de los partidos de negociar las leyes a través de acuerdos oscuros impidiendo a las Cámaras realizar su tarea, no podía dar más que lo que dio: una nueva contrarreforma y un desprestigio muy grande de Córdoba y Zedillo (y de su operador Chuayffet), pero también, y sobre todo, de los partidos y de las instituciones. El propio Porfirio Muñoz Ledo, partidario de las negociaciones, tuvo que reconocer que no puede haber acuerdos con un gobierno ``tramposo'' que se retracta todo el tiempo de su palabra (Proceso núm. 1045).

5. El desastroso final de la negociación mostró además la falacia de la tesis sostenida por varios dirigentes de PAN (y también por algunos del PRD) sobre un PRI que se mueve de manera autónoma frente al Ejecutivo. La campaña desarrollada por Diego y Castillo Peraza sobre la maldad del PRI y la inocencia presidencial, que permitió a los panistas eximir a Salinas de las perversiones de su sexenio, y aun cogobernar con él, se derrumbó de nuevo con la toma de posición de Zedillo. Cuando algunos líderes de oposición argumentaban que el PRI se había aprovechado del viaje de Zedillo a Chile para dar ``un madruguete'', éste aclaró: ``el desacuerdo'' del PAN y del PRD, subrayó, ``fue con el Ejecutivo'' (18 de noviembre).

6. El caso de Ernesto Zedillo sólo es comparable en este siglo al de Pascual Ortiz Rubio, quien como él recibió el encargo de ejercer el poder en nombre de otros. Zedillo también disfruta las giras pero le molesta afrontar problemas, de ahí su lapsus al declarar que la reforma es ``definitiva'' olvidando que en 1997 el Congreso podría decidir lo contrario y que él sólo tendría un veto limitado.

7. El fracaso (anunciado) de la ``transición pactada'' trajo, como era de esperarse, una mayor confusión, y la afirmación que se hace ahora de que la transición la están haciendo los ciudadanos en las urnas encierra una nueva dosis de engaño por dos razones: a) los electores no tienen un escenario democrático de opciones, pues no hay un subsistema de partidos abierto ni se permiten las candidaturas ciudadanas, y b) ni el PRD ni el PAN han sabido definir propuestas para desmantelar al viejo régimen de tal manera que al llegar sus candidatos a los cargos públicos actúen de manera funcional a éste.

8. La paradoja de la ``transición'' es por lo mismo que el principal obstáculo para ésta no reside sólo en el viejo ``sistema'' y en la debilidad de la sociedad, sino también en muchos dirigentes de oposición. El gobierno de Salinas logró cooptar a parte de la dirigencia del PAN y de cuadros medios del PRD, y en este sexenio las cosas no sólo no han cambiado sino que se han agravado pues ahora aparece un nuevo y enorme riesgo: el del ``dinero''.

9. La pregunta más sencilla sigue vigente: ¿puede haber transición democrática manteniendo al PRI como organismo de Estado y al grupo salinista en el poder?

10. La sociedad ha opinado lo contrario, y esta vez en contra del parecer de los dirigentes de los partidos políticos. De ahí las dimensiones del desafío que enfrenta México.