Lo más importante del dinero que se gasta en la política no es su cantidad sino su calidad. En México, el problema más grave ha sido el uso ilegal de los fondos públicos para financiar la política. Nadie puedo competir con el partido-Estado en cuanto a poder económico, por lo que los grandes capitalistas hicieron sólo aportaciones modestas a las campañas electorales; la otra manera de dar dinero privado a los políticos ha sido el soborno con el cual también se ha financiado una parte del gasto electoral.

La reforma electoral reciente no avanza en la lucha contra el uso indebido del dinero público en las contiendas electorales, pues no tocó en nada la fiscalización del gasto público y tampoco convirtió a los partidos en sujetos permanentes de investigación sobre sus ingresos y gastos no declarados.

Ernesto Zedillo está muy preocupado de que el narcotráfico y la gran empresa entren a los partidos con mucho dinero. Es correcta esta preocupación, aunque en su denuncia preventiva no incluye el uso de dineros públicos en el PRI, el cual ha sido el fenómeno predominante. Es correcto limitar y fiscalizar la cooperación privada a los partidos, pero entonces tampoco se justifica un tope demasiado elevado de gasto electoral por encima del financiamiento legal de carácter público.

Si Zedillo estuviera en verdad demasiado preocupado por el ingreso del narcotráfico --lo que al parecer ya se inició-- en la lucha electoral, entonces debió haber aumentado muchísimo más el predominio del financiamiento público sobre el privado y la fiscalización sobre los partidos.

El problema de las reformas electorales de México es que el partido-Estado no asume sus propios defectos en forma clara. Esto se debe a que se trata de la corrupción de un Estado corrupto, el cual puede admitir su propia reforma, pero con los límites y las modalidades que dicta su propia naturaleza.

Puede no ser demasiado el financiamiento público que se aprobó en la Cámara, pero es muy alto el privado. Mas el problema mayor sigue siendo la utilización ilegal de recursos públicos, pues con todo lo generoso que es el nuevo financiamiento del PRI, este partido seguirá requiriendo dinero sucio para su actividad política, pues está acostumbrado al derroche y a la compra de conciencias, lo cual es muy costoso por el número de personas a quienes van dirigidos esos programas tan peculiares y característicos de la política oficialista mexicana.

La cuestión del gasto político tiene que seguirse debatiendo, pues la democracia tendrá que seguir luchando contra el dinero, el cual pervierte la política y la libre participación de los ciudadanos.

Ya se trate del narcotráfico o de corporaciones empresariales de otro tipo, ya sean fondos ilegales de procedencia pública o sobornos, el dinero es un obstáculo para el sistema democrático, para la libertad política de los ciudadanos y para el Estado de derecho.