Más allá de los discursos del presidente Zedillo en la Convención Nacional de Industriales, del secretario de Gobernación en el acto ritual conmemorativo de la Revolución Mexicana, o de las numerosos declaraciones de Santiago Oñate Laborde y de otros dirigentes priístas a propósito de la reforma electoral reciente, lo que puede encontrarse en la conducta oficial es su inocultable nerviosismo y temor por el futuro del PRI como partido dominante. Pero además del nerviosismo, está presente la firme determinación de hacer cualquier cosa para mantener las mayores ventajas posibles frente a los partidos adversarios. El PRI --y el gobierno, se entiende-- no está dispuesto a confrontarse en plano de igualdad, sin ventajas, con el PRD y el PAN. Esas son las razones concretas, de partido, de gobierno, para dar marcha atrás en cuando menos 16 acuerdos alcanzados con la oposición, independientemente del financiamiento; de haberse respetado dichos acuerdos de consenso, la reforma hubiera sido un paso muy importante en el camino a la plena democratización electoral.

La determinación del gobierno de hacer la reforma electoral menospreciando el consenso con los partidos de oposición en cuestiones esenciales como el financiamiento, uso de los medios y coaliciones, lleva a éstos si no a congelar sus relaciones con el gobierno sí a redefinir sus posiciones frente a él. El punto de partida es la desconfianza total que provoca el manejo de mala fe en los últimos días de la reforma electoral y sus justificaciones posteriores; el ensamblaje indestructible gobierno-PRI, y la fuerza considerable de los sectores más inmovilistas y jurásicos, empeñados en frenar las tendencias democratizadoras que poco a poco, pero de manera indetenible, se abren paso en la sociedad.

Tomar en cuenta lo anterior es particularmente importante para el PRD en una visión de largo plazo como de cara al proceso electoral de 1997 prácticamente iniciado. Es evidente --en el largo plazo-- que la conducta gubernamental frente a la reforma electoral, indicadora indiscutible de su renuencia a avanzar en la transición democrática, si no cancela sí aleja y golpea fuertemente la posibilidad de la transición democrática pactada que en el pasado reciente se cultivó como posibilidad en ámbitos dirigentes del PRD. Es evidente la validez de algunas enseñanzas: el gobierno mexicano y su partido pueden hablar de ir a lo que el Presidente llama normalidad democrática y hacer cantos a la pluralidad como los del secretario de Gobernación el 20 de noviembre, pero sus palabras difícilmente se traducirán en actos concretos; el gobierno puede, bajo presión, nunca voluntariamente, hacer reformas de sentido democrático, pero no llegará más allá del punto en el cual se pone o suponga que se pone en riesgo el papel dominante del partido oficial y el control del poder en manos del bloque dominante hoy. La democracia imaginada por la cúpula gubernamental no incluye la alternancia; en los últimos días eso lo han expresado los dirigentes priístas en todos los tonos y formas.

De cara a las elecciones próximas, en los medios dirigentes del PRD parece entenderse cada vez de manera más clara que el discurso democrático por sí mismo, separado de su componente imprescindible, la justicia social, es por completo insuficiente. La democracia la pregona también el PAN e incluso el gobierno y su partido, pero ambos separan la política de la economía y por ello pueden tener disputas en materia política pero entenderse en sus planteamientos económicos, como ha sido evidente en los lustros recientes, en los que el gobierno priísta ha llevado a la práctica partes sustanciales del programa blanquiazul.

Una de las claves de los avances del PRD en las elecciones recientes está en las definiciones perredistas cada véz más claras en materia económica y social, su compromiso cada día mayor con los movimientos sociales reivindicativos, compromiso especialmente estimulado en los meses recientes. Ejemplo de lo anterior es el discurso del presidente del PRD Andrés Manuel López Obrador en ciudad Nezahualcóyotl el 20 de noviembre.

En un virtual arranque de campaña del 97, el dirigente perredista planteó como cuestión central del momento levantar nuevamente la bandera de la justicia social si se quiere interpretar correctamente el estado de ánimo, necesidades y aspiraciones de millones de mexicanos golpeados por las sucesivas crisis económicas y los remedios neoliberales que, en quince años --tiempo suficiente para probar la validez de un modelo económico--, han extendido la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

Las definiciones del PRD y sus propuestas de fondo serán definitivas en la suerte de este partido y la convergencia de centroizquierda que puede encabezar en las elecciones federales del 97.