De nuevo en Tecamacharco y en la mesa habitual de El Imperio de los Sentidos, el tonto del pueblo me recibe con cinco noticias: dos malas, dos buenas y una, dice, de ``pronóstico reservado''. La primera mala es que Ana Colchero se fue de Nada personal y ahora Epigmenio Ibarra tendrá que acordarse de Luis Buñuel en El oscuro objeto del deseo. Pero la primera buena es que la telenovela de la PGR ha vuelto a ponerse interesantísima ahora que Fernando Antonio (Lozano Gracia, se entiende) ha descubierto catorce nuevas líneas de investigación que tampoco involucran a Carlos Salinas.

La segunda mala noticia es que 1997 no será el año que inicie la verdadera transición democrática, pero la segunda buena noticia es que la fracasada reforma electoral ya no es únicamente la ``definitiva'', sino ``la más trascendente y profunda'' de la historia patria, y por ello Emilio Chuayffet se convierte en un prócer diez veces más grande que Benito Juárez. ¿Y cuál es -pregunto- la que llamas de ``pronóstico reservado''?

Escucha, me responde el tonto: desde el punto de vista de las leyes vigentes en México, quince de las dieciséis principales instituciones bancarias de este país carecen de personalidad jurídica para guardar ahorros, prestar dinero, cobrar intereses sobre intereses o promover despojos de bienes muebles e inmuebles, como han venido haciendo en el santísimo nombre de la usura desde que el neoliberalismo las privatizó.

El 14 de julio de 1990, en su carácter de presidente, según él, ``constitucional'', Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley de Instituciones de Crédito, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación cuatro días más tarde y que entró en vigor a la mañana siguiente, 19 de julio de 1990, con varios artículos transitorios de los cuales destaca el séptimo, que a la letra dice:

``El Ejecutivo federal, en un plazo de trescientos sesenta días contados a partir de la vigencia de esta ley, expedirá los decretos mediante los cuales se transformen las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas''.

El plazo, en las cuentas del tonto del pueblo, expiraba el 14 de julio de 1991. Sin embargo, no fue sino hasta finales de junio de ese año cuando Salinas y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, comenzaron a emitir los decretos necesarios para convertir a los bancos de la nación en bancos privados. Fueron, en total, 16 decretos.

El primero salió el 28 de junio a favor de Banca Cremi y es éste, por ello, el único que puede alegar que existe de acuerdo con la ley. No los restantes: el segundo decreto, del 25 de julio de 1991, fue para Banca Confía; el tercero, 9 de agosto, para el Banco de Crédito y Servicios; el cuarto, 16 de agosto, para Banamex; el quinto, del mismo 16 de agosto, para el Banco de Oriente; el sexto, 16 de octubre, para Bancomer; el séptimo, 30 de octubre, para el Banco de Crédito Hipotecario, que luego cayó en manos de Carlos Cabal Peniche y mudó en Banco Unión.

El octavo decreto fue expedido el 15 de enero de 1992 y fue para Banca Serfín; el noveno, del 29 de enero, para Multibanca Comermex; el décimo, 20 de febrero, para Banca Somex; el undécimo, 18 de marzo, para el Banco del Atlántico; el duodécimo, 13 de abril, para Banca Promex; el décimo tercero, 18 de abril, para Banoro; el décimo cuarto, 18 de junio, para Banco Internacional; el décimo quinto, 27 de junio, para Banco Mercantil del Norte, y por último, el 13 de julio de 1992, para el Banco del Centro.

Hasta ahora, los fieles vasallos de Salinas incrustados en la administración de Ernesto Zedillo han disculpado a su jefe, diciendo que se trató de un simple olvido, cuando salta a la vista que el gabinete económico del sexenio anterior, con Pedro Aspe Armella a la cabeza, incurrió en una sistemática y deliberada violación de la Ley de Instituciones de Crédito, abusando de su ``autoridad'' y mostrando un profundo desprecio por las normas republicanas.

El 12 de noviembre pasado, con todos estos elementos en su poder, los dirigentes nacionales de El Barzón --Juan José Quirino Salas, Alfonso Ramírez Cuéllar, José María Imaz Gispert, Manuel Ortega González, Liliana Flores Benavides y Juan Figueroa-- presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos contra Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe Armella y quien o quienes resulten responsables por los delitos de ``coalición de funcionarios contra la ley, daño al patrimonio nacional, otorgamiento indebido de concesiones, ejercicio indebido de funciones públicas, desobediencia a la ley, desacato al orden establecido y los que resulten a propósito de los decretos de transformación de los bancos...''.

La oficina de Lozano Gracia, para variar, recibió la denuncia AP 11555/DO/96 con disgusto y con desgano, en lugar de abrazar a los acusadores barzonistas y felicitarlos por su valor civil (acciones, diría Nikito Nipongo, que difícilmente podría ejecutar una oficina, aunque sí quienes en ella trabajan, como se supone, para proteger a la sociedad). Así que ante la displicencia y la frialdad de los funcionarios, los demandantes iniciaron la presión política y lograron un compromiso: el subprocurador Manuel Galán les ofreció que, el próximo jueves, día número 28 de noviembre, les entregará un dictamen de la Dirección de Averiguaciones Previas que, en pocas palabras, es de esperarse, resolverá si procede la querella y si, por lo tanto, serán citados a declarar, como presuntos responsables de los delitos que se investigan, los señores Salinas y Aspe.

Con todo y lo espectacular que esta noticia pudiese parecer, no es, con mucho, lo más importante del asunto. Lo que a todos los mexicanos interesa, o debiera, es que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma que los quince bancos mencionados, en efecto, carecen de personalidad jurídica para desempeñar las funciones que realizan, de inmediato perderían validez legal los contratos que pactaron con sus endeudados clientes. Es decir, dejarían de tener vigencia en el marco del Código de Comercio y se transformarían en simples acuerdos entre particulares, serían regidos por el Código Civil, que prohíbe la cobranza de intereses por los intereses vencidos.

Gracias al desaliño de Salinas y sus compinches, los mexicanos estamos ante la posibilidad, real y cierta, de modificar la política usurera de los bancos, lograr una justa reestructuración de las carteras vencidas y superar los obstáculos que impiden, a millones de ciudadanos emprendedores, regresar a la economía productiva sin el peso de una supuesta banca de crédito y de fomento obstinada en estrangularlos por todos los medios.

Los actuales propietarios de los bancos privados pagaron por ellos, en cómodos plazos, un total cercano a los 13 mil 20 millones de dólares (mdd). En cuatro años, han recuperado 90.24 por ciento de la inversión por la vía de las utilidades. Según reportes de la Comisión Nacional Bancaria, los banqueros han obtenido 35 mil mdd de ingreso por margen financiero; 11 mil 749 mdd de utilidades; sus activos crecieron 115 por ciento; el capital contable avanzó 109.35 por ciento, mientras la cartera vencida aumentó 714 por ciento.

Sólo en 1994, los bancos embargaron a sus deudores bienes muebles e inmuebles valuados en 5 mil millones de nuevos pesos. El monto de los intereses y comisiones cobrados se aproxima a los 280 mil millones de nuevos pesos, lo que significa un incremento de 98.45 por ciento. Pero, al mismo tiempo, el número de cuentas de cheques, de ahorro y de inversión a plazo se redujo de 21.15 millones a 13.03 y, en consecuencia, 11 mil trabajadores bancarios fueron despedidos.

Para promover la esplendorosa bonanza de unos cuantos usureros, y la ruina y la desdicha del resto del país, la administración de Zedillo ha otorgado a la banca más de 18 mil millones de dólares en poco menos de dos años. En el mismo lapso, la Comisión Nacional Bancaria ha intervenido tres instituciones: Banco Unión, Banca Cremi y Banpaís, cuyos accionistas mayoritarios están, o bien prófugos o bien presos, acusados de desfalcar 8 mil millones de nuevos pesos a sus clientes que, por su parte, han presentado casi 4 mil demandas por cobros ilegales.

Seis bancos más (Serfín, Inverlat, Internacional, Bancen, Confía y Banorie) han recibido apoyos económicos por 6 mil 488 millones de nuevos pesos, que equivalen a 70.78 por ciento del monto que pagaron sus propietarios. Serfín, considerado el tercer banco después de Banamex y Bancomer, obtuvo, como ayuda del régimen, 3 mil 200 millones de nuevos pesos, léase 153.64 por ciento del precio que pagó el grupo Operadora de Bolsa por su adquisición, en tanto que a Inverlat, antes Multibanco Comermex, la administración de Zedillo le ha metido mil 400 millones de nuevos pesos, léase 51.74 por ciento de la erogación que efectuaron por su compra las familias Autrey y Legorreta-Chauvet, mientras que Internacional, Bancen y Confía han obtenido apoyos cercanos a 50 por ciento respecto de su precio de subasta.

Este es, pues --dicen los barzonistas en la denuncia de la que el tonto del pueblo extrajo los datos anteriores--, el deplorable estado que presenta el único sector de la economía que el régimen ha protegido con fervorosa decisión.

¿Está el ``gobierno'' dispuesto a reconocer la inexistencia jurídica de los bancos ilegalmente privatizados por Salinas? ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público planea interponer sus buenos oficios para crear una situación que resulte favorable a los deudores? Claro que no y de ningún modo, según se desprende de una nota que publicó ayer El Financiero en la página 5 y que, en apretada síntesis, dice:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá ``sin demasiadas complicaciones'' la controversia suscitada por la ``presunta falta de personalidad jurídica'' de las principales instituciones bancarias de México. Según esto, la Secretaría de Hacienda solicitará que la Corte anule la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, que el 2 de febrero del año en curso concedió el derecho de amparo a dos ciudadanos que se habían inconformado contra el Banco del Atlántico.

El argumento, simplificado, reconoció que el del Atlántico es un banco sin personalidad jurídica y que, por ello, cabía atender la petición de los quejosos. Pero el proyecto de resolución del magistrado Carlos Humberto Trujillo Altamirano, dice el tonto del pueblo, merece un tonto del pueblo aparte.