Cada vez es más dura y resonante la respuesta colectiva al naufragio de la reforma electoral. Los dirigentes del grupo en el poder (incluido el presidente Zedillo) están ``evaluando los daños''. La oposición y todos los interesados en la vida pública de México, deberíamos de hacer lo mismo y rescatar lo que es salvable que no es poco. Comparto con ustedes las siguientes reflexiones:

1. El PRI es responsable pero no es el único. El PAN prefirió suspender la negociación y votar en contra para reforzar una imagen de independencia que perdió durante el salinismo. Este partido parece obsesionado con una idea de triunfo abrumador para 1997 en el Congreso y en el Distrito Federal. Y por supuesto, prefiere su éxito al de la reforma. El PRD también tiene su cuenta. Según el testimonio unánime de observadores, jaló demasiado la cuerda de la negociación hasta romperla. Preocupado por no asumir el papel de aliado del PRI.

Los partidos de oposición se dejaron atrapar por las argucias de los negociadores del gobierno. Estos con picardía lograron el voto clave de los partidos de oposición para la reforma constitucional y para la reorganización del consejo del IFE. Y luego pudieron mayoritear con toda comodidad la legislación secundaria.

Por supuesto que el gobierno, el PRI y el Presidente tienen la más alta responsabilidad. Resalta la revocación de los 14 acuerdos que ya habían sido concedidos al PRD, la resistencia a abrir un periodo de negociación que les pedía éste partido y la sensación abrumadora de regresión política que generaron. La declaración del Presidente en el sentido de que en ``su sexenio ya no habrá más reformas'' tiene un desagradable retintín absolutista.

Es certera la paráfrasis que Jesús Silva Herzog Márquez hace de conocida frase de Cosío Villegas: ``Todos los hombres de la transición (como antes de la Revolución Mexicana), sin exceptuar a ninguno, han sido inferiores a las exigencias de ella''.

La reforma contiene avances radicales y éstos deben de ser publicitados y reconocidos por la opinión pública. Lo más grave es que no se ha resuelto a fondo el tema de la equidad en la competencia electoral. Pero el PRI tiene razón cuando reivindica la protección de los derechos ciudadanos; una mucho mayor y más amplia autonomía e independencia del órgano electoral; una auténtica protección constitucional ejercida por la Suprema Corte de Justicia y por nuevos tribunales electorales en favor de los derechos de los partidos y de los ciudadanos: la libre afiliación a los partidos y agrupaciones; las nuevas normas que dan certeza a los registros de electores; la introducción de los derechos de aclaración; el establecimiento de topes de gastos de campaña; las asignaciones de tiempos mucho más justos para los medios electrónicos de comunicación; la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

Es cierto además que no se han prohibido las coaliciones (aunque se restringieron en alguna medida). También hay que destacar que muchas de las mejores iniciativas vinieron del PRI, en particular de su presidente. Me consta.

La reforma no es simplemente un ensayo para reciclar el sistema. Creer esto alienta el derrotismo y la inercia de la ciudadanía de por sí confundida con una negociación tan tortuosa.

La reforma podría ser rescatada utilizando los recursos de la ley y el nuevo escenario político La propuesta del PAN de reabrir las negociaciones es correcta, pero inoperante. Si los negociadores de los partidos no pudieron alcanzar el consenso en dos años es imposible que lo alcancen en la víspera de las elecciones. Las ``fórmulas de reconciliación'' podrán operar si es que tiene éxito el proceso electoral de 1997.

La Suprema Corte de Justicia puede revisar algunas de las disposiciones clave de la nueva ley. Este alto tribunal está ganando independencia y presencia. Podría ejercer una crítica judicial a disposiciones abusivas que hacen inoperante los principios de equidad y certeza sólidamente establecidos en la Constitución. Es probable que fuera procedente la demanda de declaración de inconstitucionalidad de los opositores, por la eliminación por el PRI de las normas que hicieran eficaz el control de gastos ordinarios y de campaña.

Otra posibilidad de rectificación está en las resoluciones que pudiera emitir el Consejo General del IFE. Se han reforzado de manera notable las atribuciones y la jerarquía de este órgano. El elenco de consejeros es notable por su calidad e independencia. En muchos temas podrían tener la última palabra. Por supuesto en el proceso de fijar los topes de gastos de campaña. También en la interpretación de los requisitos para establecer coaliciones y en la asignación de los tiempos en los medios electrónicos de comunicación y por supuesto, en la forma en que se vigilará el origen y el destino de los recursos públicos y privados.

Es probable que esta capacidad política potencial del consejo esté poniendo nerviosos a los más duros dentro del PRI. Hace dos días, una declaración del presidente del consejo, José Woldenberg, quien deploró con toda razón la reforma sin consenso, provocó un ataque rabioso de un vocero oficialista. La ciudadanía debe de estar alerta para apoyar al consejo en la tarea decisiva de rescatar lo rescatable en la gran reforma que naufragó cuando estaba a punto de arribar a un buen puerto.