La Jornada 25 de noviembre de 1996

Demandarán a bancos en todo el país por conceder créditos ilegales

Antonio Castellanos ``Solapada por el gobierno'', la banca reprivatizada otorgó ``créditos ilegales porque sus contratos inducen a error y capitalizan intereses'', con lo que violan el reglamento sobre las instituciones y organismos nacionales de crédito, publicado en el Diario Oficial el 29 de junio de en 1959 por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, denunciaron dirigentes de organizaciones de deudores.

En una acción que se generalizará en los juzgados de todo el país, dichas organizaciones demandarán la nulidad de los convenios y la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su artículo 111 establece sanciones con prisión de dos a 10 años, y multa superior al millón de pesos, a quienes practiquen operaciones que contravengan la legislación.

Francisco Castro, de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes; Amalio Ocampo, del Frente para la Defensa del Patrimonio Familiar; Guillermo Garza, de la Asociación de Deudores de Instituciones de Crédito de Chiapas; Rodolfo Ramos, del frente para la Defensa del Patrimonio Familiar, y Luz Estela Castro, del Movimiento todos por Chiahuahua, anunciaron que apoyarán jurídicamente esas demandas.

El Movimiento Jurídico Nacional se encargará de presentar las demandas, las que incluirán a funcionarios públicos y bancarios privados que aprobaron empréstitos y falsearon información sobre el monto de sus activos o pasivos, por lo cual se solicitará también la investigación del movimiento de recursos depositados en cuentas de cheques, y que fueron utilizados para ``adelantos'' de créditos.

Informaron que hasta la fecha no se ha expedido un reglamento sustituto del firmado por el presidente López Mateos y el entonces secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, por lo que jurídicamente está vigente y las operaciones para financiar pasivos son ilícitas, lo cual sustenta la demanda de nulidad absoluta.

Explicaron que la simulación de un acto jurídico, como otorgar un préstamo para pagar un crédito con el mismo banco, hace que además de nulidad por simulación, la operación tampoco sea válida porque está legalmente prohibida.

Venta al Fobaproa

Hasta septiembre de 1996 el sistema bancario vendió 19.5 por ciento de su cartera total al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y restructuró 23.9 por ciento de sus créditos en Udi, según un informe de Banamex.

Destaca el análisis que las operaciones con el Fobaproa evitaron el deterioro de la cartera vencida, aun cuando estos mismos factores limitaron el potencial de la generación de utilidades, por estar sujetos a márgenes fijos que los hace inmunes a variaciones en las tasas de interés.

Sostiene, por último, que la cartera vencida de la banca reprivatizada ``mantiene su tendencia descendente'', como consecuencia de la baja de las tasas de interés. Ello ha traído como resultado que el índice de cartera vencida al tercer trimestre se ubique en 8.2 por ciento, contra 10.2 por ciento de igual periodo de 1995.