Cada cuatro años, cuando se acerca la fecha del nombramiento de rector en la UNAM, sea confirmación del mismo por otros cuatro años más o cambio por uno nuevo, las mismas opiniones se repiten en los medios: 1) el rector debe ser (o no debe ser) político; 2) el rector debe ser (o no debe ser) gente ``de dentro'' o ``de fuera''; 3) los candidatos deben (o no deben) presentar sus programas de trabajo ante toda la comunidad universitaria; 4) el sistema de nombramiento por la Junta de Gobierno es (o no es) obsoleto y debería (o no) cambiarse por una elección democrática; 5) en la lista de candidatos no están todos los que son ni son todos los que están; 6) la lista de candidatos es demasiado larga, o es demasiado corta; 7) el Estado influye (o no influye) en el nombramiento que finalmente otorga la Junta de Gobierno; 8) los criterios con los que la Junta de Gobierno hace el nombramiento deberían (o no) darse a conocer públicamente.

Todo esto sugiere que la UNAM está viva y atenta a los acontecimientos que afectan su estructura y su trabajo. Seguramente el amable lector podrá agregar otros temas más a esta lista de los que se reiteran cada cuatrienio, aunque el ejercicio será tan inútil e irrelevante como las opiniones mencionadas.

Es necesario insistir en que la Ley Orgánica de la UNAM señala con claridad el procedimiento por el que se lleva a cabo el nombramiento de rector, y que para cambiarlo sería necesario cambiar la ley.

Además, transformarlo en una elección democrática sería someterlo a todas las circunstancias que operan en ese tipo de acciones sociales, con formación de partidos, campañas para conseguir votos, golpes bajos entre los candidatos, pintas en las paredes, y todo lo demás que vemos los universitarios cuando hay elecciones en el STUNAM, lo que está bien en las contiendas políticas pero estaría muy mal en un proceso académico en donde lo que se busca es el nombramiento de quien pueda ser el mejor rector, y no de quien logre conseguir más votos.

Los críticos del procedimiento establecido por la Ley Orgánica de la UNAM para nombrar rector no tienen en cuenta que el sistema ha funcionado desde 1945 y que ha resultado en la selección de rectores como Salvador Zubirán, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barros Sierra, Pablo González Casanova, Guillermo Soberón, Octavio Rivero, Jorge Carpizo y José Sarukhán, universitarios ilustres todos ellos, ciudadanos ejemplares que respondieron al llamado de la UNAM con gestiones dignas y equilibradas, que hicieron crecer y progresar a la institución, que supieron sortear con valor e inteligencia los problemas que se les presentaron, y en varios casos (Zubirán, Chávez, González Casanova) prefirieron retirarse con dignidad cuando la torpeza de la máxima autoridad política del país hizo peligrar la autonomía de nuestra casa de estudios.

A la sugestión de que el Presidente del país influye en el nombramiento de rector que hace la Junta de Gobierno sólo puedo señalar que en los diez años que tuve el honor de pertenecer a ella nunca recibí indicación o sugestión alguna ni de Los Pinos ni de ninguna otra fuente oficial, y que de haberla recibido desde luego no la hubiera atendido. Estoy seguro de que lo mismo habría ocurrido con el resto de los miembros de la Junta de Gobierno con quienes compartí esos diez años, porque todos eran y son antiguos universitarios cuyo único interés es nombrar a quien pueda ser el mejor rector para la UNAM. Dudar al respecto es una falta de respeto y una triste recompensa para quienes aportan sus muchos años en la institución y su sabiduría en una tarea que no es fácil y que encierra una enorme responsabilidad, no sólo con la UNAM sino con México. Los que demandan que la Junta de Gobierno explique los criterios que sigue para hacer el nombramiento de rector revelan que desconocen la dinámica de grupos pequeños que se reunen con un objetivo común de elevada responsabilidad, basado en una selección entre individuos de grandes merecimientos y cualidades, de los que finalmente debe nombrarse sólo a uno. Debería ser obvio que no hay (ni puede haber) criterios fijos para realizar una actividad que cada vez es totalmente distinta porque todos los elementos que participan en ella son diferentes: los miembros de la Junta, los candidatos, la UNAM (sus problemas, sus necesidades, sus retos) y el mismo México.

Individualmente, los miembros de la Junta de Gobierno son seres humanos, y por lo tanto no son perfectos, pero como cuerpo colegiado el organismo funciona con una sabiduría y con una visión que los rebasa a cada uno de ellos y tiende a cancelar sus deficiencias, que por otro lado no son gran cosa. Como prueba de lo mencionado ahí está la lista de los rectores que la Junta ha nombrado en los últimos 50 años. Creo que en México muy pocos cuerpos colegiados pueden mostrar resultados de excelencia comparables en calidad y en consistencia.

Como institución académica, la UNAM es una meritocracia, o sea que está y debe estar gobernada por sus mejores hombres académicos, nombrados por sus pares; la UNAM no es un organismo político, no es una democracia, o sea que no está ni debería estar gobernada por aquéllos que obtengan más votos en una elección popular. Conservemos a la Junta de Gobierno como una garantía de que nuestra UNAM seguirá siendo la máxima Casa de Estudios de México.