Cualquier decisión respecto a la instalación de casinos en México, sólo podrá ser considerada en serio si para ello se efectuaron los estudios correspondientes en todos los ámbitos en los que tuviera algún impacto este tipo de actividad y si, por supuesto, estuvieron acompañados del análisis de experiencias internacionales semejantes.

Hasta ahora, la Secretaría de Turismo y las correspondientes comisiones legislativas de las cámaras de Diputados y Senadores han realizado foros y estudios que fundamentalmente se refieren al aspecto económico, y aunque han hecho observaciones sobre las desventajas y problemas sociales que podría generar esta actividad, han sido incompletas y hasta carecen de seriedad.

Las autoridades del ramo, dicen algunos especialistas, han gastado grandes cantidades de dinero --y así ha de ser-- en estudios contratados con despachos y universidades de todo el mundo, la mayoría de las cuales están vinculadas con la operación de casinos.

Pero, hoy por hoy, y a pesar de los señalamientos realizados incluso por algunos distinguidos priístas (Mario Moya Palencia, en el más reciente número de La República, órgano oficial del PRI), no se han realizado los estudios que se requieren respecto al carácter sociológico, de impacto cultural, e incluso aquellos que se refieren a los aspectos jurídicos que tienen que ver con los casinos.

En los estudios preparados y divulgados por la Sectur únicamente se manejan cifras sobre la creación de empleos y el ``favorable impacto económico'' que tendría esta actividad. Se ha señalado que con la instalación de 10 casinos en igual número de sitios turísticos, se podrían generar 43 mil empleos directos permanentes y 55 mil indirectos, también permanentes.

Ello es totalmente imposible, porque estas ``proyecciones'' no consideran el impacto negativo que ocasionaría la desaparición de muchos negocios ya instalados y dedicados a los servicios, como hoteles y restaurantes que operan con precios subsidiados, además de que el efecto inmediato repercutiría precisamente sobre los empleos que existen en cada una de las regiones turísticas del país, los cuales desaparecerían al instante, junto con los inversionistas y sus capitales que serían desplazados por los casinos.

En diversos documentos que han enviado a esta redacción algunas universidades estadunidenses, se menciona con insistencia que hay muchos estudios internacionales sobre el impacto negativo que ha ocasionado la instalación de casinos, y que el supuesto beneficio económico resulta verdaderamente irrelevante con respecto a los excesivos riesgos sociales que atrae la instalación de estos establecimientos, entre los cuales nombras a la corrupción gubernamental, lavado de dinero, drogas y narcotráfico.

Además, ni siquiera se han considerado aspectos jurídicos importantísimos sobre la regulación de esta actividad. Por sus características e impactos, tendrían que revisarse diversos ordenamientos legales y no sólo la Ley de Juegos y Sorteos y la Ley de Turismo.

¿Por qué tanta prisa de las autoridades de Sectur por autorizar la entrada de los casinos al país? ¿Será en realidad que ``se trata de tranquilizar y satisfacer a grupos de poder al interior del sistema político mexicano'', como lo señaló en un documento la Secretaría de Gobernación? En todo caso valdría la pena saber a qué grupo se refiere don Emilio.

De aquí, de allá y de todas partes

Esta semana llegará al Senado de la República el proyecto de reforma para modificar la Ley de Inversión Extranjera. La comisión legislativa que se hará cargo del análisis y estudio tendrá mucho trabajo, en razón de que la inversión foránea prácticamente tiene que ver en todos los ámbitos del quehacer nacional.

El nuevo ordenamiento abarca a la industria petroquímica, donde las autoridades de la Secretaría de Energía pretenden que los capitales privados participen con el 49 por ciento del capital accionario de los 61 complejos controlados por Petróleos Mexicanos.

Tiene que ver también con las instituciones de banca múltiple, las casas de bolsa, las instituciones de seguros y de fianzas, y las casas de cambio. También con los almacenes generales de depósito; arrendadoras financieras; empresas de factoraje financiero; sociedades financieras y de inversión, y las administradoras de fondo para el retiro, entre otras muchas.

Por supuesto que también se incluye a la llamada ``industria sin chimenea'', donde las autoridades de la Sectur tendrán mucho que explicar sobre las condiciones en que llegarían los inversionistas extranjeros para instalar sus casinos en el país, con el argumento de que urgen inversiones en el sector ¿a costa de lo que sea?.