Resulta importante el aumento de 7.4 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 1996 ya que permitirá alcanzar un crecimiento anual de 4.2 por ciento, y con ello se revierte lo sucedido en 1995, cuando la economía cayó abruptamente con las consecuencias sociales y políticas que todos conocemos. Por supuesto que todavía no recuperamos totalmente el costo de la crisis de 1994 y 1995; sin embargo, la tendencia ha cambiado.

Un elemento central para la recuperación de la actividad económica es que se refleje sobre los ingresos fiscales, que son los que permiten financiar adecuadamente el gasto público. En el tercer trimestre los ingresos tributarios todavía cayeron 5.1 por ciento; sin embargo, en el segundo la tendencia era de 10 por ciento. Para quienes hemos tenido experiencia en la administración tributaria, esta disminución del ritmo de decrecimiento de la recaudación resulta de un esfuerzo sustantivo en la administración impositiva y un rebote positivo de la recuperación económica.

En los Criterios Generales de Política Económica para 1997 se calcula una evolución positiva de la recaudación tributaria, cercana a 10.3 por ciento, en sentido contrario a la caída en los ingresos tributarios de menos 5.8 por ciento para el cierre de 1996.

La caída más importante se ha dado en el impuesto sobre la renta con menos 8.4 por ciento y en los impuestos especiales sobre producción y servicios, que cayeron menos 10.2 por ciento. El IVA creció 1.8 por ciento, fundamentalmente por el incremento en la tasa de 10 a 15 en 1995. Debe destacarse que un rubro importante para el financiamiento del gasto público este año han sido los derechos de hidrocarburos, que con un monto de 76 mil millones de pesos superan a septiembre la recaudación del ISR, que es de 70 mil millones de pesos.

Para 1997 deberemos mantener el crecimiento. Los escenarios son positivos, aunque el esfuerzo es vasto. Quizás el gran dilema tenga que ver con las prioridades presupuestarias, porque el estímulo a la inversión productiva tendrá que ser prioritario, dada la debilidad del mercado interno y los elevados índices de desempleo y subempleo.

El gasto social y la inversión pública para crecer requieren una recaudación tributaria con bases sólidas. Ampliar la base de contribuyentes, redistribuir la carga fiscal privilegiando a quienes tienen ingresos fijos y estimular la inversión privada, son aspectos que no debemos descuidar cuando se discuta o plantee la reforma fiscal.

No es sano gastar más de lo que se recauda; por ello es que cualquier cambio en la política de ingresos tiene que ser siempre compensado y cualquier transferencia de recursos a los estados debe ser acompañada de la transferencia de responsabilidades.

El trabajo de recaudar impuestos no es grato, de hecho muchos estados y ayuntamientos de la oposición y del PRI se resisten a ejercer sus nuevas potestades fiscales, por el costo político natural que esa labor significa. Sin embargo, alguien tiene que realizarla, si es que queremos un gasto público mayor. Por supuesto que debe revisarse la estructura tributaria, pero no se olvide que casi todas las opiniones son interesadas.

Para 1997 entrará en operación el sistema de administración tributaria, un organismo descentralizado que permitirá separar la operación del diseño de la política; además de contribuir a simplificar procedimientos, permitirá una mejor discusión de los representantes de los sectores productivos y las autoridades fiscales, porque la política de ingresos seguirá subordinada orgánicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La experiencia con organismos descentralizados ha tenido éxito en países como España y en Estados Unidos. En este contexto, en México deberá forzosamente ser un impulso para recaudar más sin aumentar tasas ni impuestos.

Los estados y los municipios deberán hacer esfuerzos en sus competencias, como el impuesto predial, nóminas, hospedaje, anuncios, bebidas alcohólicas, etcétera, para no sólo recibir transferencias, sino también tener mayores recursos propios.