No hay plazo que no se cumpla, dijo Natividad González Parás y renunció a la subsecretaría de Gobernación para ``aceptar'' su inminente candidatura a la gubernatura de Nuevo León por parte del PRI. Dejó sin concluir la responsabilidad de elaborar la propuesta de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas.

Ciertamente, no hay plazo que no se cumpla, y en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, antes de que termine 1996, se deberá aprobar el marco jurídico que materialice un nuevo pacto entre Estado y pueblos indígenas, en los términos acordados en la negociación de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN.

Esta reforma deberá contemplar, cuando menos, cuatro transformaciones legales profundas. Primero, la modificación de un conjunto de artículos constitucionales, destacada pero no exclusivamente: el 4o y el 115, pero también, entre otros, el 27 y 41. Segundo, la promulgación de una ley reglamentaria en la materia, que establezca las líneas generales de la nueva relación entre Estado y pueblos indios. Tercero, la modificación de constituciones estatales y leyes secundarias. Y, finalmente, la realización de una profunda reforma institucional del conjunto de las agencias estatales vinculadas a la atención de la problemática indígena. Pretender limitar la reforma a una mera ley reglamentaria del 4o constitucional, o a algunas transformaciones exclusivamente al 4o y al 115 constitucional sería, además de insuficiente, violatorio de lo pactado en San Andrés.

La no aprobación de las reformas en este periodo de sesiones tendrá graves consecuencias para el futuro político del país. Primero, porque de no hacerse ahora la reforma indígena corre el riesgo de pudrirse. A partir de 1997, los partidos políticos se concentrarán en la selección de sus candidatos y la definición de sus estrategias para los comicios federales de 1997. Poca o nula atención prestarán a un tema que no formó parte de la agenda sobre reforma electoral ni de la nueva distritación electoral recientemente aprobada. Por lo demás, la fuerza e influencia de uno de los pivotes de esta reforma, la Cocopa, entrará, inevitablemente, en un proceso de declinación en la medida en que parte de sus integrantes culminarán sus funciones.

Segundo, porque hasta hoy las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal están suspendidas. Los zapatistas han señalado como una de sus condiciones para reanudar el diálogo, el cumplimiento de los Acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, esto es, en parte, la aprobación de las reformas constitucionales. Han indicado además, que el cumplimiento de estos compromisos es la ``piedra de toque'' para su conversión en una fuerza política, así como la vía para saldar una deuda con los pueblos indígenas. Mala señal sería que los acuerdos sobre el tema se pospusieran más tiempo. El proceso de paz se entramparía aún más, y la construcción de salidas políticas se haría más difícil de lo que ya es.

Tercero, porque a lo largo y ancho del territorio nacional hay una amplia movilización indígena de pueblos insumisos que reivindican derechos y un nuevo trato. Las reformas constitucionales son, simultáneamente, una exigencia y una esperanza. El Congreso Nacional Indígena es apenas la cara más visible de un proceso de largo aliento y raíces profundas, que tiene en las comunidades alejadas de los medios de comunicación su principal teatro de operaciones. Si éstas no se concretan se estaría mandando una mala señal a los pueblos que han apostado a este camino como una última opción. Hasta ahora, la presencia del Ejército Federal en esas regiones no ha frenado la protesta ni parece que pueda hacerlo.

Conforme el tiempo pasa, la economía ``mejora'' pero no crea empleos ni proporciona bienestar a la población, las reformas electorales ``definitivas'' se quedan a medias y se mantiene la inequidad en la competencia, las instituciones estatales se desmantelan y sus programas funcionan con ineficiencia y amplios sectores de la población se mantienen excluidos de las decisiones políticas fundamentales. El reloj que marca la hora de las transformaciones nacionales indica que éstas caminan con un enorme retraso. Quienes se han convencido de que no hay espacios relevantes para cambios por la vía legal han hecho sonar la alarma de la lucha armada y han hecho pública la existencia de nuevas guerrillas.

¿Qué sentido tendría en estas circunstancias alimentar el fantasma de una rebelión indígena nacional cancelando una reforma que el gobierno pactó? ¿Qué bien le haría al país bloquear el camino del zapatismo hacia su conversión en una fuerza política? ¿No es mucho más sensato que el Estado pague, de una vez por todas, esa parte de la cuenta pendiente que tiene con los pueblos indígenas reconociendo sus derechos? No hay plazo que no se cumpla. El de los derechos indios ya llegó.