PASARELA EN SAN LAZARO

Ciro Pérez Silva y Oscar Camacho Guzmán La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública ejercida por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en su primer año de gobierno con el voto a favor del PRI en lo general y en lo particular, y de manera inusitada, con el apoyo del PRD a dos puntos de la votación en lo particular, en los que se recomienda al Ejecutivo mejorar la fiscalización de los recursos públicos, así como la aplicación de sanciones en las dependencias donde se identifiquen irregularidades a partir de la aplicación de auditorías.

El PAN y el PT, por su parte, votaron en contra no sólo del dictamen en lo general, sino también de todas las acciones que se proponen para auditar el uso de los recursos públicos. Los panistas sustentaron su voto con la consideración de que los sistemas actuales de fiscalización del erario son ``obsoletos'' y por lo tanto la discusión de ayer no era otra cosa sino ``un debate ocioso''.

En respuesta, el diputado del PRI Jaime del Río dijo a los panistas que en nada ``ayuda a la democracia asumir actitudes negativas y de rechazo sistemático, que obedecen más a una estrategia partidista publicitaria que al fondo de los asuntos, y en los que se niega el más mínimo reconocimiento de los logros''.

Agregó que en la revisión de la Cuenta Pública de 1995 se identificaron algunas desviaciones que su partido exige que sean corregidas, pero sostuvo que en términos generales el gobierno federal se ajustó a los lineamientos y metas programadas.

La fracción del PRD, en voz de sus diputados Ifigenia Martínez y Raúl Livas, expresó que votaría en contra en lo general porque no se puede avalar una política económica errónea con la que el gobierno trató de sacar al país de la crisis, pero aclaró que votaría a favor del artículos 4o. y 5o. del dictamen, pues ambos legisladores dijeron que en éstos se recogen las recomendaciones de su partido para fiscalizar el uso de los recursos del erario federal.

Por el PT, Raúl Fuentes Cárdenas externó el desacuerdo de su partido con las medidas emprendidas en 1995 por el gobierno de Zedillo, ya que ``han sumido a la nación en una severa crisis''.

En el dictamen aprobado en la Cámara se indica que el ejercicio presupuestal se ajustó a los lineamientos programados, aunque se reconoce que hubo dependencias del Ejecutivo que incurrieron en ``inobservancias'' en los procesos de programación-presupuestación y en los sistemas de registro e información de los recursos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En función de lo anterior, en el punto 4o. del dictamen se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que ponga en práctica 14 acciones encaminadas a aclarar el uso de diversos recursos públicos, entre los cuales está el destino que se le dio a los fondos pagados por adelantado para el programa de apoyo a deudores de la banca, así como a los que se canalizaron al rescate financiero de las instituciones bancarias.

Otras recomendaciones para eficientar el manejo y uso de los recursos públicos fueron dirigidas al IMSS, ISSSTE, Pemex, hospitales del sector Salud, Centros de Integración Juvenil y a los programas Procampo y Procede, así como a las secretarías del Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, Contraloría, Energía y Desarrollo Social.

En el punto 5o. se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que practique las auditorías que considere necesarias con el fin de identificar las irregularidades que se hayan cometido por incumplimiento de la normatividad vigente y, en su caso, que promueva ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales que conforme a derecho procedan.