Emilio Pradilla Cobos
Ciudad de alto riesgo

El incendio de los depósitos de gasolina de Pemex en San Juan Ixhuatepec nos ha recordado una vez más, que vivimos en una ciudad de alto riesgo. La capital es muy vulnerable a sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes, incendios, explosiones industriales, derrames tóxicos y contaminación atmosférica. En mayor o menor medida, las fuerzas naturales o los errores humanos actúan por y sobre condiciones socioeconómicas que son las que determinan realmente su impacto destructivo.

La acelerada y desordenada urbanización, no sujeta a planeación y regulación colectiva y racional, empujada por el lucro especulativo de los fraccionadores o la necesidad apremiante de los desheredados por el modelo económico y su crisis, ocupa áreas no aptas, natural o socialmente, para su construcción. Los inmuebles rodean rápidamente instalaciones industriales de alto riesgo, o éstas se asientan incontroladamente en núcleos de alta densidad inmobiliaria y humana. Las autoridades son incapaces de controlar estos asentamientos o se benefician de ellos mediante la corrupción. En la mayoría de los casos son las zonas de vivienda popular las que se colocan en esta situación, debido a que sus agentes carecen totalmente de ``libertad para elegir'' (según los neoliberales) los emplazamientos, y las densidades poblacionales e inmobiliarias aumentan continuamente en zonas de alto riesgo, al libre albedrío de los individuos, creciendo así su vulnerabilidad a los eventos y su impacto destructivo. Las condiciones de pobreza extrema y de desatención creciente por parte del Estado neoliberal colocan a los sectores populares en mayor riesgo y en peores condiciones para sobrevivir y reconstruir luego de las grandes emergencias.

La laxitud de los reglamentos sobre construcción y medios para la protección de los usuarios, seguridad en el trabajo, higiene, protección ambiental, etcétera, hace que las condiciones técnicas de las zonas, inmuebles y actividades sean inadecuadas para soportar una macroemergencia fortuita. La corrupción de los encargados de aplicar la norma la convierte en pretexto para la extorsión más que en medio de protección individual o colectiva; este esquema coincide con el interés de los que la violan, pues es más barato pagar ``mordida'', que cumplir la ley. La impunidad de infractores y responsables de tragedias, mil veces señalada, refuerza la cultura de la irresponsabilidad civil. Los sectores sociales empobrecidos no pueden cumplir la norma por falta absoluta de recursos para hacerlo.

En las grandes empresas privadas, la lógica mercantil de la mayor ganancia al menor costo posible, hace dejar de lado la seguridad en el trabajo (recordamos a las costureras victimadas por el sismo del 85 y sus patronos). En las paraestatales como Pemex, la política de succión masiva de recursos para financiar al Estado y pagar la deuda externa, ha impedido su mantenimiento cabal y su renovación, condiciones de la seguridad de sus procesos. La privatización, mal justificada por problemas operativos e incapacidad financiera, sirve para aliviar temporalmente la crisis fiscal del gobierno, para ocultar la incapacidad e ineficiencia de la burocracia estatal y sindical corporativa, pero en el largo plazo mina el soporte presupuestal del Estado; pero la empresa privada ha demostrado que en el campo de la seguridad y la eficiencia, tampoco garantiza la protección de sus trabajadores y los ciudadanos.

Pensada en términos de la atención posterior a las tragedias, la protección civil oficial olvida que es la solución de la vulnerabilidad física y social previa a los desastres la que salva más vidas y bienes. La desconfianza crónica y endémica del régimen político actual hacia la organización autónoma de los ciudadanos para su protección ante los riesgos, castra uno de los medios básicos para reducir su costo o evitarlas cuando son evitables, al tiempo que coloca al Estado en la imposibilidad de dar respuestas al nivel de la necesidad; el malterecho pero sacrificado cuerpo de bomberos es un ejemplo claro. El neoliberalismo, que niega lo público y colectivo, privatiza y mercantiliza todos los bienes y servicios, es enemigo de la verdadera protección civil, cuya naturaleza es por esencia social y colectiva.