Dio curso la PGR a la querella de Del Villar contra el ex presidente

Rosa Icela Rodríguez La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa 11213/DO/96 contra Carlos Salinas, José Córdoba Montoya y Marcela Bodenstedt, acusados de los delitos de narcotráfico, fraude electoral y asesinatos políticos, así como obstrucción de la justicia y tráfico de influencias.

Esta es la primera investigación que formalmente realiza la dependencia en contra del ex mandatario y de su principal asesor, a raíz de una demanda que presentó el dirigente perredista Samuel del Villar Kretchmar el pasado 3 de noviembre de 1996, quien precisamente ayer fue llamado a comparecer ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR, como parte del desahogo de la diligencia.

El asesor jurídico del PRD mostró a La Jornada el documento mediante el cual se solicita su presencia ante el Ministerio Público federal el próximo 4 de diciembre, para desahogar una diligencia penal por la demanda que interpuso contra Córdoba, Salinas y Bodenstedt.

Del Villar indicó que su acusación se basó en la edición del 14 de mayo de 1995 del diario Reforma, en la cual se transcribieron 14 grabaciones de José Córdoba Montoya interceptadas por los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, nunca desmentidas por los implicados.

En esas grabaciones Córdoba intercambia opiniones con una ex agente judicial y presunto contacto del cártel que encabeza Juan García Abrego, Marcela Bodenstedt. También habla de conversaciones con Justo Ceja y con Carlos Salinas.

Según Del Villar, las grabaciones señalan actividades criminales de la mayor peligrosidad social que hundieron a la República en su mayor crisis en todos los órdenes, y dijo que se estaban cometiendo los delitos de ``prostitución del desapacho presidencial, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, narcotráfico, fraude electoral y asesinatos políticos''.

Señaló que esperaría que la impunidad que parecía darle la PGR a Carlos Salinas y a sus allegados no sea de esa forma, que investiguen los hechos y que sirvan para hacer la indagatoria del caso.

Comentó que cuando Córdoba se manifestó públicamente en la Cámara de Diputados dio constancia de estar seguro de que cuenta con impunidad. ``El costo para la PGR y Acción Nacional, de continuar esa política de garantía a la impunidad, es intolerable; lo contrario es un beneficio que México necesita con urgencia''.

En el proceso penal, dijo, no le corresponde a los particulares probar sino aportar indicios posiblemente constitutivos de delitos; a la que le corresponde hacer la investigación y si los acusados incurrieron o no en esos hechos es a la PGR