La Jornada 28 de noviembre de 1996

Otorgó la banca a municipios créditos que no aprobaron los cabildos

Antonio Castellanos La banca privada otorgó créditos a municipios del país que no fueron aprobados por los cabildos, y que ahora tienen problemas porque no cuentan con la garantía de las aportaciones de la federación, afirmó ayer el vocero de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Valenzuela, y consideró necesario aplicar programas que impidan la malversación de fondos públicos.

Al respecto, se refirió a las acciones de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, para combatir la corrupción, y estuvo de acuerdo en que es necesario aplicar medidas estrictas para evitar que los recursos públicos se vayan a destinos para los cuales no fueron planificados.

Dijo que el costo fiscal total de los programas de alivio a deudores y saneamiento financiero ascenderá a poco más de 210 mil millones de pesos, equivalente a 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB); en el caso particular de los estados y municipios, precisó que se han logrado restructurar 34 mil millones de una deuda total de 41 mil millones de pesos.

Entre los apoyos se encuentran los esquemas de las Unidades de Inversión (Udi), el programa de Apoyo a Deudores de la Banca (Ade), los programas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), los esquemas de capitalización, los de ayuda para que las autopistas mejoren su situación financiera y los de respaldo a la industria y la vivienda.

Los recursos provendrán del superávit de 15 mil millones que el gobierno tuvo en 1995; 4 mil 840 que han generado de intereses; 20 mil millones que el Banco de México pagará al gobierno como remanente de operación, y de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 15 mil 100 millones de pesos. Con los anteriores organismos México ha cumplido plenamente sus compromisos.

Serán 55 mil millones de pesos del total de 210 mil millones, lo que reducirá el porcentaje del PIB a 6.2 por ciento, y explican los 11 mil millones que el Congreso de la Unión solicita que se justifiquen y que corresponden al superávit fiscal de 1995, porque 4 mil 300 millones se destinaron al Ade.

Con respecto a la deuda de los municipios expresó que las partes tendrán que arreglarse en los casos en los que directamente el municipio le pidió un préstamo a la banca comercial y ésta, sin garantías, se lo otorgó. Están en ``falta'' y ni los estados ni la federación pueden intervenir.

Valenzuela sostuvo durante la conferencia de prensa que el objetivo de los programas ha sido doble: por un lado proteger a los ahorradores y, por otro, que en la medida en que la economía vuelva a crecer, el crédito fluya con bases sanas.

El portavoz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que el gobierno no pudo prever el impacto de la crisis; no estuvo de acuerdo en que los programas hayan sido aplicados de manera extemporánea, y expuso: ``Ningún economista tenía idea de la magnitud, ni el mismo gobierno la tenía, de lo que vivimos en el año de 1995''