En días pasados el Instituto Estatal Electoral del estado de México decidió otorgar al PRI ocho diputaciones de representación proporcional, por lo que el partido gubernamental dispondrá, en el Congreso estatal, de mayoría absoluta, pese a haber obtenido sólo 37 por ciento de los votos en las elecciones estatales del pasado 10 de noviembre.

Tal determinación se contradice con lo dispuesto en el Código Electoral de la entidad, en el cual se señala que si ningún partido logra obtener por lo menos 45 por ciento de los sufragios, ``los diputados de representación proporcional serán asignados de forma tal que el número de diputados de cada partido, como porcentaje del total de la legislatura, sea igual a su porcentaje de votos''. Si se hubiera acatado esta disposición legal, la bancada del PRI habría debido limitarse a las 30 curules de mayoría logradas por ese partido en la elección, con lo cual el tricolor habría tenido el 40 por ciento del Legislativo, compuesto por 75 diputaciones.

En un momento político en el cual un conflicto postelectoral en el estado de México resulta particularmente indeseable, es obligado preguntarse el motivo por el cual el IEE resolvió apartarse de la ley en forma tan evidente y provocar, de esa manera, una situación que tensa y enrarece los escenarios local y federal.

En lo inmediato, salta a la vista la urgencia y la pertinencia de que el Tribunal Estatal Electoral revoque esa decisión, restaure la legalidad quebrantada y dé pie a la conformación de un Congreso estatal que constituya una representación fiel del pluralismo que caracteriza al mapa electoral de la entidad.

Al mismo tiempo, resulta fundamental que todos los actores involucrados en este diferendo mantengan actitudes apegadas a la ley, de forma tal que el conflicto creado por el IEE pueda ser dirimido de manera institucional, pacífica y civilizada