Rodolfo F. Peña
La legalidad extraviada

Las leyes electorales del estado de México, al menos en lo relativo a la asignación de diputados de representación proporcional, son lo suficientemente claras para no dar cabida a significados diversos ni a dudas sobre la intención del legislador, y parece evidente que los órganos de aplicación no requieren de intérpretes o hermeneutas.

Es bien sabido que ninguno de los partidos que contendieron en los comicios recientes obtuvo la mayoría absoluta de la votación válida emitida, y consiguientemente, de acuerdo con la ley, se está en el caso de recurrir a la proporcionalidad. La manera legal es la siguiente, según el Código: ``...los diputados de representación proporcional serán asignados de forma tal que el número de diputados de cada partido, como porcentaje del total de la Legislatura, sea igual a su porcentaje de votos''.

Si el total de la legislatura son 75 diputados y el PRI obtuvo una cantidad de votos cercana al 38 por ciento, este mismo es el porcentaje mínimo de su representación, es decir, 29 diputados; pero como triunfó con 30 curules de mayoría relativa, con ellas se queda y tiene el 40 por ciento de la representación total, es decir, mayoría relativa. Pero el Instituto Estatal Electoral le asignó 8 curules más, con lo que el número de sus diputados iguala ciertamente al porcentaje de votos, pero no como porcentaje del total, según lo establece la ley. Así, el PRI salta mágicamente a la mayoría absoluta.

Da la impresión de que esa autoridad electoral pasó sobre la frase subrayada sin verla y confundió una cantidad porcentual con un número concreto: 38 por ciento, 38 diputados. Pero todavía puede rectificar el Tribunal Estatal Electoral, cuya intervención ha reclamado el PRD, uno de los partidos agraviados.

Desde luego, no hay tal confusión en el dominio de las matemáticas, como no puede haberla en derecho. El problema, entonces, se traslada lamentablemente al orden político,y ahí debe resolverse a tiempo. ¿Se trata de que el PRI conserve a cualquier precio la mayoría absoluta en el órgano legislativo y pueda decidir como siempre respecto de sus principales Comisiones? En otras palabras, ¿se trata de mantenerse en el poder aun por encima de la legalidad?

Es posible y hasta probable que una situación similar se presente en el Congreso federal con las elecciones del año entrante. ¿Qué harán el PRI y los altos funcionarios del gobierno en ese caso? Si desde ahora los partidos opositores renunciaran al derecho de defenderse y de buscar el restablecimiento de la legalidad, mal podrían mañana formular reclamaciones por atropellos que antes fueron consentidos.

Esa legalidad sí debiera interesar también a Emilio Chuayffet como secretario de Gobernación, y tanto más siendo gobernador con licencia precisamente del estado de México; como él lo ha sostenido, es muy respetable y necesaria la autonomía de los órganos electorales de dicha entidad federativa, y de todas las demás, pero la autonomía debe enmarcarse en la ley, y nadie creería que la dependencia a su cargo fue ajena a la parcialidad si el Tribunal Electoral no resuelve en derecho o no convence con sus razonamientos. Chuayffet ha declarado su gusto por el rigor en la gramática; esperemos que lo tenga también por las matemáticas y, sobre todo, por el derecho.