Las próximas semanas serán cruciales en las negociaciones que se llevan a cabo en busca de la paz digna en Chiapas. No es el momento de escatimar esfuerzos en este sentido.
Las reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas son uno de los componentes claves del camino hacia la paz. Es de fundamental interés para la Nación y para la estabilidad institucional que la propuesta de reformas sea presentada en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
Más allá de la importancia que de suyo tiene el proyecto de modificaciones constitucionales, en el transfondo hay un asunto de voluntad política de concertar un proceso de paz duradera, que permita a las partes cumplir sus expectativas básicas y que garantice a la sociedad que la inestabilidad surgida a raíz del levantamiento armado puede ser convertida, paradójicamente, en un factor de estabilidad y de conciliación nacional.
Esta voluntad política debe afirmarse en el cumplimiento de tres aspectos: convenir y presentar un proyecto de consenso de reformas que tenga como base los acuerdos de San Andrés. Las partes se comprometieron en el mes de febrero de este año con una serie de puntos sobre derechos de los pueblos indígenas.
Durante meses, las partes, además de organizaciones indígenas y no indígenas, académicos y legisladores, hemos asumido que dichos acuerdos sean la plataforma sobre la que se deben construir cambios constitucionales de envergadura. Inclusive, el Congreso Nacional Indígena y los resultados de la Consulta Nacional en esta misma materia, afirmaron lo convenido en San Andrés. En suma, hay un núcleo de acuerdos básicos que posibilitan amplias convergencias.
Por ningún motivo debe presentarse al Congreso de la Unión una propuesta que no esté a la altura de lo pactado. Tratar de renegociar a la baja algo que ya está comprometido, es atentar contra el proceso de pacificación. En esto debe haber una gran claridad. Aquéllos que intenten sabotear o minimizar estos acuerdos, sea cual sea su posición en la negociación, no pueden, por decisión propia y por intereses, ser intrumentadores de la paz.
Un segundo aspecto es el de reconocer que, una vez aprobadas las normas constitucionales y las leyes reglamentarias, hay todavía un buen camino por andar. Tenemos muchos casos de leyes que no se cumplen como para conformarnos con el marco jurídico.
No obstante, este marco sería el punto de arranque a partir del cual edificar la nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas. Habrá que empezar de inmediato a aterrizar los instrumentos programáticos e institucionales que apunten en esa dirección. Existen ahora un sinnúmero de programas y proyectos que buscan apoyar a los pueblos indígenas y también una serie de dependencias, además del Instituto Nacional Indigenista, que tienen objetivos en este sentido.
Habrá que pensar no sólo en su reestructuración, sino en su reconcepción y re-creación teniendo en cuenta la participación activa de los propios pueblos indígenas, lo que significa que los destinos, objetivos y principios operativos, inclusive su administración, habrán de ser fijados por las propios pueblos.
El tercer aspecto es el de allanar los problemas colaterales a la negociación, pero que han gravitado negativamente sobre ella. Señalamos dos importantes, pero hay otros: estabilizar la situación política del Estado sobre la base del cumplimiento a las leyes y la creación de mecanismos para resolver los conflictos relacionados con asuntos agrarios y sociales. El segundo sería el cese de las provocaciones que sistemáticamente se han presentado.
Una última reflexión: la paz puede ser tan fuerte o débil como la voluntad de las partes, pero siempre es un mejor escenario para apuntalar la democracia. Hoy por hoy, un paso trascendente para lograr esa paz es concretar las reformas constitucionales que garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Vámonos a fondo.