El ser dirigente de partido político no le ofrece ninguna garantía de impunidad al ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro.

Esto viene al caso porque ayer trascendió en medios oficiales que está pendiente una investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría (Secodam) en virtud de que ``el citado ex funcionario público incrementó de manera considerable y en forma aún no justificada su patrimonio y omitió declarar tales hechos''.

¿A quién asiste la razón?

``Si ningún partido obtiene 51 por ciento de la votación válida emitida y ninguno alcanza con sus constancias de mayoría relativa la mitad más uno de los miembros de la Legislatura, al partido con más constancias de mayoría y por lo menos 45 por ciento de la votación emitida le serán asignados diputados de representación proporcional hasta alcanzar la mayoría de la Legislatura; y

``Si ningún partido se encuentra en la hipótesis de la fracción anterior, los diputados de representación proporcional serán asignados de forma tal que el número de diputados de cada partido, como porcentaje del total de la Legislatura, sea igual a su porcentaje de votos. En dicho caso, la asignación de hará empezando por el partido que mayor porcentaje de votos haya obtenido''.

Los anteriores son los párrafos III y IV del artículo 215 del Código Electoral del estado de México y en ellos está el meollo de la polémica que se ha formado en torno a la supuesta sobrerrepresentación del PRI en el Congreso de esa entidad, situación que ha generado un profundo descontento en los dos principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, mismos que han interpuesto una impugnación ante el Tribunal Electoral del estado.

Más allá de ese procedimiento legal, las dirigencias de los partidos de oposición han presionado al gobernador del estado de México, César Camacho Quiroz, y al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, para que intervengan a fin de ``corregir'' los supuestos excesos a favor del PRI.

Por principio de cuentas, resulta in-aceptable esta pretensión, pues fueron precisamente esos partidos los que exigieron que los órganos electorales fueran autónomos y cualquier acción de funcionarios federales o estatales equivaldría a un reconocimiento de que a pesar de las reformas no existe tal libertad de criterio de los funcionarios electorales.

Allí está el texto de la ley para que cada quien norme su criterio. El PRI obtuvo oficialmente 38 por ciento y quedó en el primer sitio de la votación.

Se hizo la luz

En su sesión de anoche, el Consejo Político Nacional del PRI determinó cuál será el procedimiento para la elección de sus candidatos al gobierno del Distrito Federal y los otros estados que estarán en disputa el año venidero y el camino elegido fue el de las candidaturas de unidad, las cuales le han costado muchas críticas en el exterior, pero evitan divisiones y fricciones internas. Esto se desprende del hecho de que, según los lineamientos aprobados ayer, los aspirantes al registro como precandidatos deben tener el respaldo de 50 por ciento de los sectores y organizaciones estatales; o de 30 por ciento de los comités municipales o distritales; o de 30 por ciento de los consejeros políticos estatales; o de 10 por ciento de los militantes inscritos en el registro del partido...