Pablo Gómez
Color de hormiga

La situación política se está empezando a poner color de hormiga. El gobierno no solamente rompió con la política de búsqueda de consensos en materia de reformas electorales, sino que advierte que así será siempre que la necesidad del poder lo aconseje. Un hecho reciente confirma el color que están adoptando las relaciones políticas en el país: el PRI, con el 37.3 por ciento de la votación en el estado de México, decidió tomarse la mayoría absoluta del Poder Legislativo en esa entidad.

Aquí no se trata solamente de echar para atrás un pacto político enunciado, sino una norma legal pactada entre los partidos. La cláusula de gobernabilidad en el estado de México se aplica a partir del 45 por ciento obtenido por un partido, el cual, con este porcentaje asume la mayoría absoluta del Poder Legislativo. Pero el 37.3 no es igual que el 45 por ciento.

Sin embargo, para el órgano electoral mexiquense, la mayoría relativa debe gobernar con mayoría absoluta, es decir, debe tener el control de la Cámara de Diputados de la entidad. Pero se trata del Instituto Electoral del Estado, es decir, de la autoridad que debe ser imparcial, proba y profesional --cuidadanizada por añadidura--, quien asume un ilegal argumento del priísmo de todos los tiempos y encabeza formalmente un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo de una entidad de la República.

Ya se puede observar con claridad que la reforma electoral en el estado de México --al menos ahí pero no sólo--, lejos de lograr una autoridad imparcial, volvió a dejar en manos del PRI la organización de los comicios. Algo semejante ha ocurrido con los tribunales electorales, los cuales están integrados para recibir la presión del oficialismo.

Dígase lo que se quiera decir pero, si se consuma el golpe de Estado contra el Poder Legislativo mexiquense, el responsable será Ernesto Zedillo quien, por lo que se observa, no solamente hace uso de su mayoría en el Congreso de la Unión sino de la que tiene su partido en el órgano electoral del estado de México.

El PRI obtuvo una apretada mayoría relativa de votos en aquella entidad: la compra de votos no le alcanzó para otra cosa. Este partido, por tanto, debe actuar en un medio diferente al que acostumbra, es decir, realizar la acción política, negociar, consultar, procesar propuestas con representantes de otros partidos, pero ya no mandar.

Separar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del PRI, es la única forma que por ahora existe para obtener el equilibrio constitucional entre las ramas del poder público. Se trata entonces de la gran tarea de las próximas elecciones de 1997, de la que hemos tenido un adelanto el 10 de noviembre en el estado de México.

Si el Ejecutivo federal y su partido no admiten el dictado del voto popular en esta ocasión, querrá decir que no están tampoco dispuestos a admitirlo --si llega a darse-- en las elecciones federales próximas. Por ello, la consumación del atraco electoral --un fraude de cuarto piso-- en el estado de México pondría las relaciones políticas color de hormiga.